Lorenzo Peña y Gonzalo

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Hoy me considero, antes que nada, un jurista, un hombre dedicado al Derecho. Por esa autoidentificación profesional y vocacional estoy afiliado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sin haber ejercido nunca el noble oficio de letrado; lo cual no me impide sentir satisfacción cuando me describen como "un abogado".

El Derecho al que me consagro en cuerpo y alma es la Nomología filosófica, el estudio académico del espíritu y del fundamento de los sistemas normativos como instituciones funcionalmente destinadas a promover y salvaguardar el bien común.

Tal dedicación guarda un estrecha afinidad con la filosofía política republicana que trato de desarrollar y que he expuesto en mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS, 2009.

La filosofía jurídica y política sólo empezó a ser el foco de mis estudios a mediados de los años noventa. Antes me había consagrado a la lógica matemática, la metafísica, la filosofía del lenguaje y, marginalmente, la historia de la filosofía, materias que enseñé en mi desempeño como profesor en la Universidad Pontificia del Ecuador y, posteriormente, en la de León, hasta que en 1987 accedí a la plaza de Investigador Científico en el CSIC.

Cabe subsumir lo producido en aquel período de mi vida (1973-95 aproximadamente) bajo el rótulo de "la ontofántica", un neologismo que acuñé para significar la indagación del ser desde su aparecer en el lenguaje.

El hilo conductor que va de mi precedente temática lógico-metafísica a la actual nomológico-jurídica es la lógica: una lógica contradictorial y gradualista sobre la cual he desarrollado una nueva lógica de las normas, la lógica jurisprudencial (también denominada `lógica juridicial' o `lógica nomológica').

jueves, marzo 08, 2007

17 de marzo de 2007 en Neptuno

Ocho reivindicaciones para la manifestación antiyanqui del 17 de marzo por Lorenzo Peña 2007-03-08


Aunque pueda parecerlo, no se deben a ningún afán de distinguirme mis particularidades (o, si se quiere, mis rarezas). Una de ellas es que no suelo ser partidario de acudir a manifestaciones que se convocan meramente para protestar por algo; p.ej., por la visita a la capital de nuestro país de un alto dignatario imperialista u otro personaje odioso, o por el aniversario de un hecho oprobioso y lamentable. En esos desfiles se pierde el rasgo característico de la manifestación, que es una congregación en la vía pública para pedir algo. Una manifestación es un acto político (o social) de expresión colectiva en apoyo a una demanda, a una reivindicación, o a un cúmulo de reivindicaciones o peticiones.

Cuando no piden nada quienes acuden a manifestarse, estamos ante un ritual de adhesión colectiva a una causa; un ritual que puede tener su utilidad, pero en el cual se desdibuja el sentido de acto de lucha para ser un acto mera expresión o auto-reafirmación.

Si se trata de expresar algo o de patentizar ritualmente una adhesión, como mínimo habría de estar claro qué se quiere expresar; y eso es difícil, dado que a las manifestaciones cada uno acude por sus propias razones, siendo dudoso que se exprese colectivamente mensaje alguno mínimamente claro.

Está convocada en Madrid una manifestación el próximo sábado 17 de marzo a las 17 horas en la plaza de Neptuno (glorieta de Cánovas del Castillo).

La convocatoria oficial viene del PSOE, izquierda unida y varias centrales sindicales, pero también llaman a unirse a la manifestación muchas otras organizaciones.

Para mí está claro que esa manifestación no es un mero encuentro de protesta en la vía pública, una pura exteriorización de malestar por algo. Dadas las circunstancias --y desde la perspectiva de la mayoría de los manifestantes--, la manifestación tiene, o puede tener, un sentido claro de respaldo a unas peticiones, aunque esas peticiones puedan ser oscilantes y estar difuminadas para muchos de quienes allí se congreguen (entre los cuales estará, Dios mediante, el autor de estas líneas).

Hay al menos dos reivindicaciones que se perfilan con nitidez y que parecen comunes a todos los convocantes:

  1. Todos los convocantes parecen coincidir en sumarse a la solicitud de que los gobiernos coadyuven a que se restablezca la paz en Mesopotamia --la cual, al cabo de cuatro años de guerra de agresión, sigue estando militarmente invadida y ocupada por el imperialismo yanqui y sus aliados y es el escenario de una terrible guerra, en la que se entremezclan diversos conflictos, aunque todos ellos causados por la agresión norteamericana.
  2. Todos los convocantes parecen estar de acuerdo en reivindicar el cierre del campo de concentración estadounidense de Guantánamo.

A esas reivindicaciones, yo añado las mías propias.

  1. Mi primera reivindicación es que no haya tenido lugar la guerra de agresión del imperialismo yanqui iniciada en marzo de 2003 y que se prosigue hoy.

    No pido sólo que cese. Pido que no haya empezado nunca. Eso podrá sonarles paradójico a muchos, porque sabemos que no se puede cambiar el pasado (tema de un interesante debate medieval en el que se señaló por su originalidad el filósofo S. Pedro Damián, quien creía que sí). En marzo 2007 no se puede conseguir que en marzo de 2003 no haya tenido lugar una agresión que sí tuvo lugar; pero en febrero de 2003 sí se podía conseguir. Luego evitar la agresión es de suyo posible, aunque evitar la agresión de marzo de 2003 no sea posible en 2007.

    Cuando digo que a una manifestación hay que acudir para pedir algo, y algo posible, no digo que haya de ser posible en el momento en el que uno lo pide.

    El criminal tiene obligación de no haber cometido su crimen. El imperialismo yanqui tiene el deber de no haber perpetrado la agresión que ha perpetrado (y que sigue perpetrando). Para exigirle --en primer lugar-- el cumplimiento de esa obligación retroactiva acudo a la manifestación del 17 a las 5 de la tarde.

    Cuando alguien infringe una obligación, contrae un deber subsidiario de reparación. El imperialismo yanqui infringe constantemente la obligación de no haber iniciado la agresión contra Mesopotamia en 2003. (Sigue y seguirá infringiéndola ya para siempre.) Luego, antes, ahora y después ha adquirido, sigue y seguirá adquiriendo la obligación derivada de compensar a las víctimas.

  2. Mi segunda reivindicación es que el imperialismo yanqui abandone Mesopotamia y que se deje arreglar los asuntos del país a sus propios habitantes sin intervención extranjera.

  3. Mi tercera reivindicación es que se lleve a juicio internacionalmente al imperialismo norteamericano por su crimen de agresión.

  4. Mi cuarta reivindicación es que rompan sus alianzas político-militares con el imperialismo yanqui cuantos estados las tienen concertadas (entre ellos el Reino de España).

  5. Mi quinta reivindicación es que cesen las otras agresiones de los estados unidos y sus aliados: Afganistán sobre todo, pero también Somalia; y que no se perpetren otras agresiones en ciernes que se dibujan en el horizonte --p.ej., Sudán y Zimbabue.

  6. Mi sexta reivindicación es que se imponga en el derecho internacional la prohibición de que las tropas militares de un estado salgan del territorio de ese estado.

  7. Mi séptima reivindicación es que el imperialismo yanqui abandone la base de Guantánamo y que ese territorio sea devuelto a su legítimo dueño, la República de Cuba.

  8. Mi octava reivindicación es un cambio de la constitución de los estados unidos que reconozca la vigencia de la Declaración universal de los derechos humanos con efecto de proteger los derechos de todos los seres humanos frente al gobierno estadounidense.

Por todo ello, iré a manifestarme en la madrileña plaza de Neptuno el 17 de marzo de 2007 a las 5 de la tarde.


miércoles, marzo 07, 2007

el caso de Juana

Atenuación del cumplimiento de la pena de I. de Juana
por Lorenzo Peña

2007-03-06
[Se autoriza la reproducción literal e íntegra]


Hay una campaña de la reacción contra la atenuación del cumplimiento de la pena impuesta a I. de Juana por un delito de amenazas.

El principal argumento de quienes fomentan esa campaña es la tesis de que no se puede ceder al chantaje. Argumento falso. Esa inflexibilidad llevaría a que nunca se negociaría ni se pactaría con los asaltantes de un banco, de una estación, de un autobús, de una escuela, que hayan tomado rehenes. Y se negocia.

Hay dos valores en conflicto. El uno es el de la juridicidad. El otro es el de evitar sufrimientos evitables. La juridicidad está al servicio del bien común. Cuando su prevalencia choca con necesidades de bien común, es el propio ordenamiento jurídico el que, por la vía de su reconocimiento de valores superiores, apela a excepcionar la aplicación de las leyes en función de esos valores.

En el caso del individuo cuya situación penitenciaria ha desencadenado la actual polémica ni siquiera se trata de excepcionar la aplicación de la ley, sino de buscar una aplicación de la ley compatible con esos valores superiores: la preservación de la vida humana, la paz y la concordia; y, sobre todo, el valor de la persuasión, el prestigio del propio ordenamiento jurídico, que no estriba en ser dura lex sed lex, en ser una ley implacable, un derecho que se aplica caiga quien caiga, sino en ser un ordenamiento justo y equitativo; y (según Aristóteles) la equidad es la justicia de lo singular y concreto, atemperando la justicia genérica en virtud de consideraciones más casuísticas, a tenor de valores de compasión, caridad, armonía y concordia.

Un ordenamiento así gana en prestigio, haciéndolo perder a sus adversarios, quienes, por el contrario, obtienen un triunfo propagandístico cada vez que las autoridades --en su exceso de celo-- propician un hecho doloroso o no lo impiden pudiendo hacerlo.

Alégase que el gobierno del licenciado González Márquez «dejó que muriera, tras 177 días de huelga de hambre en 1990, [un miembro d]el GRAPO Sevillano». Mas eso no es imputable al actual Presidente del Gobierno, quien nunca tuvo responsabilidad ministerial alguna bajo la primatura del licenciado González Márquez.

Fue un acierto, y merece parabienes, la política de pacificación y benignidad practicada en el ámbito penitenciario por el gobierno de D. José Mª Aznar en su primera etapa. Si hubo errores, no me corresponde a mí saberlo ni decirlo. Si hubiera seguido otra política menos indulgente, también la habría apoyado, como apoyé de corazón la que siguió, y la busca que emprendió de una solución pacífica.

Lejos de desacreditar al ordenamiento jurídico, ello realzaba su crédito y desprestigiaba a los terroristas.

Aquellas medidas de benignidad penitenciaria hay que recordarlas, no en plan de crítica a los altos responsables gubernamentales que las llevaron a cabo, sino como muestras de una línea que, afortunadamente --y aunque no exenta de altibajos--, ha prevalecido, desde hace algún tiempo, en el gobierno español, de un signo o de otro: una línea de prudencia, de mano tendida; una línea de justicia templada por la conmiseración y el deseo de evitar sufrimientos evitables.

Si en todo hubiera actuado y actuara nuestro gobierno con la misma prudencia y con esa sensatez, nos iría mejor.