el caso de Juana

Atenuación del cumplimiento de la pena de I. de Juana
por Lorenzo Peña
2007-03-06
[Se autoriza la reproducción literal e íntegra]

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Hay una campaña de la reacción contra la atenuación del cumplimiento de la pena impuesta a I. de Juana por un delito de amenazas.

El principal argumento de quienes fomentan esa campaña es la tesis de que no se puede ceder al chantaje. Argumento falso. Esa inflexibilidad llevaría a que nunca se negociaría ni se pactaría con los asaltantes de un banco, de una estación, de un autobús, de una escuela, que hayan tomado rehenes. Y se negocia.

Hay dos valores en conflicto. El uno es el de la juridicidad. El otro es el de evitar sufrimientos evitables. La juridicidad está al servicio del bien común. Cuando su prevalencia choca con necesidades de bien común, es el propio ordenamiento jurídico el que, por la vía de su reconocimiento de valores superiores, apela a excepcionar la aplicación de las leyes en función de esos valores.

En el caso del individuo cuya situación penitenciaria ha desencadenado la actual polémica ni siquiera se trata de excepcionar la aplicación de la ley, sino de buscar una aplicación de la ley compatible con esos valores superiores: la preservación de la vida humana, la paz y la concordia; y, sobre todo, el valor de la persuasión, el prestigio del propio ordenamiento jurídico, que no estriba en ser dura lex sed lex, en ser una ley implacable, un derecho que se aplica caiga quien caiga, sino en ser un ordenamiento justo y equitativo; y (según Aristóteles) la equidad es la justicia de lo singular y concreto, atemperando la justicia genérica en virtud de consideraciones más casuísticas, a tenor de valores de compasión, caridad, armonía y concordia.

Un ordenamiento así gana en prestigio, haciéndolo perder a sus adversarios, quienes, por el contrario, obtienen un triunfo propagandístico cada vez que las autoridades --en su exceso de celo-- propician un hecho doloroso o no lo impiden pudiendo hacerlo.

Alégase que el gobierno del licenciado González Márquez «dejó que muriera, tras 177 días de huelga de hambre en 1990, [un miembro d]el GRAPO Sevillano». Mas eso no es imputable al actual Presidente del Gobierno, quien nunca tuvo responsabilidad ministerial alguna bajo la primatura del licenciado González Márquez.

Fue un acierto, y merece parabienes, la política de pacificación y benignidad practicada en el ámbito penitenciario por el gobierno de D. José Mª Aznar en su primera etapa. Si hubo errores, no me corresponde a mí saberlo ni decirlo. Si hubiera seguido otra política menos indulgente, también la habría apoyado, como apoyé de corazón la que siguió, y la busca que emprendió de una solución pacífica.

Lejos de desacreditar al ordenamiento jurídico, ello realzaba su crédito y desprestigiaba a los terroristas.

Aquellas medidas de benignidad penitenciaria hay que recordarlas, no en plan de crítica a los altos responsables gubernamentales que las llevaron a cabo, sino como muestras de una línea que, afortunadamente --y aunque no exenta de altibajos--, ha prevalecido, desde hace algún tiempo, en el gobierno español, de un signo o de otro: una línea de prudencia, de mano tendida; una línea de justicia templada por la conmiseración y el deseo de evitar sufrimientos evitables.

Si en todo hubiera actuado y actuara nuestro gobierno con la misma prudencia y con esa sensatez, nos iría mejor.