El pueblo español

martes, mayo 08, 2012

El safari de Juan Carlos Capeto

El safari de Juan Carlos Capeto
por Lorenzo Peña
2012-05-08

Poca sorpresa debería causar que Su Majestad el rey de España se haya dedicado, una vez más, a una de sus aficiones favoritas, la caza. Continúa --en eso como en tantas otras cosas-- la tradición de su familia, la dinastía borbónica --aunque, con propiedad, su apellido es el de «Capeto» o, en francés, «Capet», según lo determinaron las autoridades galas al caer la monarquía en el país vecino en 1792.

Su Majestad es también muy aficionado a la tauromaquia, sin que ello le impida otras muchas diversiones.

En el caso de marras, algunos órganos de opinión han expresado aflicción o desconcierto, no por preocupaciones animalistas, sino por el cúmulo de cuatro circunstancias:

1ª) El hecho de que ese jolgorio cinegético --que implica un enorme derroche, sea cual sea la fuente sufragante-- se haya llevado a cabo justamente en momentos de durísimo ajuste, con el número de desocupados forzosos en España camino de los seis millones, los recortes de servicios públicos, la drástica disminución del poder adquisitivo de los hogares trabajadores, el aumento de la pobreza y la amenaza de bancarrota total de la precaria y débil economía española, ante lo cual el suicidario remedio de la oligarquía consiste en preceptos --promulgados por el propio cazador dispendioso-- que someten a todos los habitantes de España a un régimen de austeridad (aunque éste golpee más directamente a los servidores públicos);
2ª) El hecho de que la caza del elefante está prohibida por los tratados internacionales, al considerarse una especie en riesgo de extinción y, por lo tanto, merecedora de protección, a la vez que las dispensas de tal prohibición han de otorgarse con garantías, sin que Botsuana (o Bechuanalandia), el antiguo patio trasero del apartheid, se vea como un estado de derecho en el cual valgan esas u otras garantías;
3ª) La opacidad y el secreto que rodean a las idas y venidas del Soberano --una opacidad que no es novedad alguna, pero que esta vez ha producido escozor ya que sólo por haberse sabido del accidente se ha enterado la opinión pública de la cacería regia;
4ª) La cercanía en el tiempo (y hasta quizá la posible conexión) entre esta aventura y las tribulaciones forenses de Su Alteza Serenísima, el Duque de Palma, yerno de Su Majestad, cuyo ex-socio está incluso amenazando revelar el papel de la Corona si no obtiene adecuadas compensaciones, a la vez que otras vicisitudes han venido erosionando la reputación de esa familia como presunta depositaria de los valores reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Por el contrario, los órganos de prensa, las bitácoras, incluso los panfletos incendiarios han omitido otras consideraciones, no menos pertinentes, como lo son las cuatro siguientes:

El safari se realiza en período pascual, tras la semana de Pasión, cuando un cristiano no tiene que estarse divirtiendo (unos se divierten matando, otros dando vida, otros de otra manera), sino que tiene que estar participando en actos recordatorios del calvario y la resurrección del Salvador, actos religiosos y piadosos, obras de caridad, de amor al prójimo. (Su Majestad la Reina Dª Sofía von Schleswig-Holstein estaba --según se ha informado-- consagrada a tales menesteres en su país natal.)
El regocijo venatorio se ha realizado, al parecer, en la compañía de una señora austríaca (ennoblecida por casamiento) que el rumor considera la enésima amante regia, cuando el artículo 68 del código civil impone a los cónyuges el deber de «vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente», deber al cual el legislador español de 2005 (o sea el propio Monarca) ha agregado la obligación de compartir las responsabilidades domésticas. Por varios motivos que huelga aquí explicar contraviene lo preceptuado en ese artículo del código civil la conducta de pasarlo bien yéndose frecuentemente de francachela y cacería con una amiga íntima, o manceba. (A eso habría que añadir la calificación de tal conducta en el derecho canónico, al cual está sujeta la conducta del Soberano por su condición de católico, sin la que se desmoronaría la justificación de la potestad dinástica en la valoración de la sociedad española.)
Acababa de producirse un llamamiento del sector hotelero y turístico español para que los habitantes de España pasen en territorio español sus vacaciones y no se vayan a disfrutarlas en el extranjero, a fin de, por lo menos, incentivar uno de los pocos sectores florecientes (pero también amenazados) de la economía española.
Las generosas fuentes de la petromonarquía saudí, que (según se dice) han pagado el safari, habían hecho muchas aportaciones previas al patrimonio borbónico --cuando resulta que, en sede judicial, se ha tildado de cohecho impropio la aceptación de donativos como trajes y relojes (sin duda muchísimo más baratos que esas excursiones de lujo), basándose en el argumento de que un servidor público no puede lícitamente consentir en ver incrementado su patrimonio a título lucrativo cuando sea razonable sospechar que el donante actúa con el fin de conseguir así alguna ventaja futura para sí mismo o para terceros.

Aunque me parece que la opinión pública debería atender más a estas cuatro últimas consideraciones y menos exclusivamente a las superficiales y anecdóticas, mi comentario esencial sobre este asunto está fuera de todo ese círculo temático. Hay otro capítulo mucho más importante, que es el de los deberes constitucionales de la Corona, según el Título II de la vigente constitución sancionada y promulgada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. (El Soberano no la ha jurado; en su exaltación al trono lo que juró fue la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.)

Como he sostenido en el tercer capítulo de mi libro Estudios republicanos («El poder moderador en la monarquía y en la república»), la actual norma básica confiere a la Corona una amplísima potestad arbitral y moderadora, que no es (como a menudo se pretende) simbólica o decorativa. Esa potestad la tiene reconocida el Monarca, pero, con ella, que es un derecho, le incumbe un deber: el de ejercer esa potestad y hacerlo según los principios y valores reconocidos en la constitución. Por lo tanto, tiene el derecho y el deber de vetar las leyes y los decretos que, según su conciencia, sean vulneratorios de los valores constitucionales y de los grandes bienes jurídicos a cuya tutela está orientado el ordenamiento normativo del reino de España.

Para ejercer esa prerrogativa arbitral y moderadora que le reconocen los artículos 56.1 y 62 de la constitución, el Soberano ha de tener un juicio sobre el contenido de los actos jurídicos --expresos, tácitos o presuntos-- que le incumbe realizar, y no sólo sobre la forma o el procedimiento (aunque también esas cuestiones de forma son a menudo delicadas y complejas). La omisión puede ser tan violatoria del deber constitucional como la acción. Una de esas omisiones sería no examinar el contenido para, en función de tal examen, rehusar eventualmente la regia sanción a actos jurídicos atentatorios a los valores constitucionales.

La discusión habría de encaminarse por ahí para hacer un balance de en qué medida la actuación del Trono en este reinado ha estado conforme con esa obligación constitucional del Poder Moderador.

La transparencia que se pide habría de centrarse en averiguar en qué ocasiones el soberano Titular del Poder Moderador ha intercedido o no lo ha hecho, en qué casos ha objetado sancionar actos jurídicos de contenido inconstitucional, en qué casos ha recomendado o hasta impuesto nombramientos ministeriales u otros favorables al incremento del peso de la Corona, cuándo ha influido, o dejado de influir, para ajustar esos actos jurídicos a fines constitucionales o a otros fines.

Hay que saber si actúa como una máquina, como un programa de computadora que, mecánicamente, estampa la firma sin pensar cuando desencadena el mecanismo el poseedor de la clave. Si sí, ¿es eso lo que dicen que hará los mencionados artículos de la carta magna? Si no, ¿cuáles son las pautas de su conducción de los asuntos públicos?

Otro asunto digno de atención (mucho más serio que las zarandajas de los pasatiempos y escarceos regios) es el papel de la Corona en el ascenso y la caída del duque de Suárez y hechos concomitantes (23F) así como en episodios posteriores, como el 11M. En concreto (anticipando preguntas del lector), diría yo que merece una investigación el papel directivo de la Jefatura del Estado en el mando supremo de las fuerzas armadas (art. 62.h de la constitución) y, en ese marco, sus vínculos con el servicio secreto militar, rodeado por un halo de tenebroso misterio y salpicado por tantas alegaciones nunca públicamente debatidas ni refutadas.

Complementariamente está el problema de si las circunstancias que más arriba he enumerado determinan que el safari y otras conductas del Monarca sean hechos constitucionalmente ilícitos --aunque carentes de sanción en virtud del artículo 56.3 de la constitución. Mi opinión es que (por una ficción jurídica del art. 56.3) todos los comportamientos del Soberano son --independientemente de sus propósitos y de su contenido-- siempre hechos lícitos en el orden jurídico intraconstitucional, aunque violen el derecho natural.

Exhorto a mis lectores a que participen en estos debates y reflexionen por su cuenta sobre los temas abordados en este ensayo.

lunes, diciembre 05, 2011

ABOLIR LA CONSTITUCION BORBONICA

Abolir la constitución borbónica
por Lorenzo Peña
2011-12-06

La vigente constitución borbónica fue elaborada por unas cortes bicamerales constituidas en el marco jurídico del régimen franquista, incrementado por la octava «Ley fundamental del Reino», la Ley para la Reforma Política de enero de 1977, que venía agregada a la Ley de principios del Movimiento Nacional y demás parafernalia normativa del caudillaje.

Sin embargo, el hecho político decisivo no fue la promulgación de ninguna de esas leyes, sino la reentronización de la dinastía borbónica y, en su seno, la selección como monarca reinante del hijo varón del tercer hijo del último rey, Alfonso XIII. Esa doble decisión no se seguía en absoluto de las siete Leyes fundamentales del Reino vigentes en el momento sucesorio, del 20 al 22 de noviembre de 1975. Lejos de eso, incumbió a una ley ordinaria --aprobada por las Cortes estamentales de procuradores a iniciativa del autoproclamado «Jefe del Estado»-- de 22 de julio de 1969 seleccionar a la casa de Borbón como la única estirpe regia y, en su seno, al infante D. Juan Alfonso de Borbón y Borbón-Dos Sicilias como sucesor a título de rey por reunir, a juicio del designador, las cuatro condiciones requeridas: ser varón, católico, identificado con los ideales de la cruzada y compenetrado con las fuerzas armadas. Fue, dijo el testador, el mejor modo de dejarlo todo atado y bien atado para evitar el retorno de la «decadencia liberal».

Le LRP (Ley para la Reforma Política) de 1977 venía así sancionada y promulgada por un individuo cuya potestad no se deducía de las leyes fundamentales, sino de un Acto de naturaleza sucesoria, de una decisión testamentaria. Lo peor es que, lejos de convocar cortes constituyentes, la LRP instituye unas cortes bicamerales sin confiarles el poder de hacer una constitución, aunque permitiéndoles --como a cualesquiera otras cortes ordinarias-- promover una reforma constitucional (o sea, en aquel marco, una reforma del sistema de las ocho Leyes Fundamentales del Reino), que debería ser sancionada y promulgada por el Trono.

De esas Cortes el Senado tenía un quinto de designación regia. Eso será decisivo para que el texto constitucional resultante sea tan reaccionario y otorgue tan amplísimos poderes a la Corona. A tal fin concurrieron otros factores: el mantenimiento de la prohibición de los partidos republicanos o simplemente no-dinásticos hasta que se hubieron celebrado las elecciones de 1977; la obsoleta representación provincial; las listas cerradas; la exclusión del censo de los españoles residentes en el extranjero (emigrantes y exiliados).

La constitución sancionada y promulgada por el Monarca Reinante el 27 de diciembre de 1978 es una norma que, bajo una apariencia y terminología democráticas, en realidad establece la supremacía de la prerrogativa regia, con una amplia potestad arbitral y moderadora del Trono, cuyos privilegios quedan protegidos por la cláusula de intangibilidad del art. 168 del citado texto.

Muchos pueden considerar venturoso que a menudo el Soberano opte por hacer dejación de ese poder arbitral y moderador de que está investido por el art. 56.1 de la constitución, limitándose a un simulacro que da la impresión de una función meramente protocolaria. Otros, en el error, van más lejos, creyendo que en rigor el citado artículo 56 es retórico y sólo otorga al Rey un papel decorativo o figurativo.

Tales poderes siguen vigentes y en cualquier momento pueden entrar en acción, ejérzanse o no --según los supremos intereses de la dinastía. Contra su explícito reconocimiento constitucional no vale invocar el desuso.

Más bien, llevan razón quienes critican la omisión de tales funciones arbitrales y moderadoras. Y es que, si la Carta Magna las concede al titular de la jefatura del Estado, también se las impone.

Una de las muchas diferencias entre Monarquía y República estriba precisamente en el ejercicio del poder moderador. En una República, un Presidente goza de una legitimidad institucional que le otorga una genuina autoridad, por lo cual, en situaciones de crisis, puede atreverse a ejercer su potestad arbitral y moderadora. Ejemplos los ha dado en Italia en varias ocasiones la Presidencia de la República. En las monarquías la pseudolegitimidad es vergonzante y vergonzosa, al entrar en conflicto con todos los valores esenciales de la democracia, el principal de los cuales es la exclusión de la arbitrariedad, mientras que el dominio de una dinastía reinante sólo puede ser fruto de la pura arbitrariedad. En una monarquía como la española actual ese defecto está agravado, al haberse seleccionado la figura del soberano, no por las reglas tradicionales de transmisión dinástica, sino por la decisión de un tirano. En ese panorama, no cabe depositar esperanza alguna en que se ejercite el poder moderador, salvo cuando se trate de salvaguardar los intereses dinásticos.

Luchar por la República implica, por consiguiente, combatir por un ordenamiento jurídico en el que exista un genuino Poder Moderador plenamente legítimo y no arbitrario, que, encarnando la máxima autoridad del Estado, sirva de equilibrio y contrapeso frente a los poderes legislativo y ejecutivo y entre ellos. Algo que buena falta haría en las actuales circunstancias y que atemperaría los vaivenes y turnos partitocráticos.

miércoles, noviembre 09, 2011

LEGALIZACION DE ETA

Legalización de ETA
por Lorenzo Peña
2011-11-09

La declaración de la organización separatista vasca ETA prometiendo un cese definitivo de la acción violenta debería ser respondida por las organizaciones legales de la vida pública española con una campaña a favor de la legalización de ETA.

Dudo que haya habido persona alguna que haya opuesto argumentos más contundentes que los míos a las pretensiones políticas de ETA. En un número de escritos que no hace al caso citar he objetado --a lo largo, no de años, sino de varios lustros-- los presuntos fundamentos de la posición aberchale, la errónea creencia en una nación vasca diferenciada a la que asistiría un derecho colectivo de autodeterminación.

Ya en mi lejana juventud tuve oportunidad de formular tales objeciones, y decírselo en la cara a los líderes etarras, con quienes me entrevisté en París allá por el año 1967 (según lo cuento en mi autobiografía ¡Abajo la oligarquía!, cuyo título original era Amarga juventud: Un ensayo de egohistoria).

Aun rechazando, argumentadamente, las erróneas tesis de la izquierda aberchale y de su brazo armado, también es verdad que, a lo largo de los lustros pasados, propuse soluciones. Una de ellas fue un plebiscito de secesión con la condición de que los pueblos y aldeas donde triunfara el sí (siempre que hubiera quorum de votación) pasarían, ipso facto, a constituir un Estado políticamente separado de España, aunque fuera un rosario de enclaves, una especie de San Marino en múltiple (o en uno, si sólo un municipio o caserío adoptara esa decisión). El autor de estas páginas lo propuso sin albergar la menor ilusión de que se le hiciera caso. Nadie se lo hizo. Los batasunos y similares siguieron abogando por una brumosa soberanía y decisión del pueblo vasco, rechazada por los adeptos del patriotismo constitucional. Ni los unos ni los otros proponían nada para el supuesto de hecho más verosímil, que era el de que el sí a la separación triunfara localmente aquí o allá y fracasara en el conjunto de las tres Provincias Vascongadas.

También apoyé siempre las negociación del gobierno español con ETA, tanto las del que presidía el Lcdo Aznar cuanto las que llevó a cabo el Lcdo Rodríguez Zapatero. Siendo republicano y antimonárquico, adversario del actual sistema pseudodemocrático y nada parlamentario --donde domina la oligarquía financiera y terrateniente--, no por ello regateé mi patriótico respaldo al gobierno nacional en asuntos de Estado, como lo era llegar a un entendimiento pacífico con quienes, en aras del separatismo, acudían a la violencia letal.

Fracasadas las negociaciones, no cuestioné la legitimidad de la represión contra ETA, a pesar de venir efectuada por organizaciones represivas cuya disolución estaba yo, simultáneamente, proponiendo (sin que tampoco nadie pareciera escuchar).

Ahora todo eso es pasado. Ahora se trata de incorporar a ETA a la vida pacífica, a la convivencia. No pido ni propongo la modificación de la ley de partidos. Sé que en España no hay libertad de asociación. Y, siendo los partidos políticos unas estructuras de carácter semi-público --amparadas y subvencionadas a expensas del contribuyente e inscritas en el ordenamiento actual--, entiendo que estén sujetos a restricciones.

Mas, aunque en España no hay libertad de asociación, sí hay --en virtud del artículo 22 de la vigente constitución borbónica-- un limitado derecho de asociación. He criticado en el capítulo 8º mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS las abusivas restricciones al derecho asociativo que impone la ley orgánica 1/2002 sobre el derecho de asociación. Pero, aun en el marco de esa ley (que el PSOE en el gobierno en el septenio 2004-1011 no se ha preocupado por dulcificar) sería posible que se abriera un cauce para la legalización de ETA.

Los partidarios del sistema actual (que yo deploro) pierden, al no proponerlo, una ocasión de oro para afianzar su régimen político, confiriéndole una mayor legitimidad, al menos aparente. Pocas cosas serían tan beneficiosas para el sistema como que una ETA legalizada pudiera formar una asociación de electores que se presentara, con esas siglas, a unas elecciones, con un resultado electoral, si no exiguo, en todo caso decepcionante para las ambiciones de los inspiradores de todo ese desafortunado movimiento.

Es más, ante una perspectiva así aumentarían las probabilidades de división de la izquierda aberchale, entre los pro-ETA y los anti-ETA, teniendo que conformarse unos y otros con una cosecha de escaños seguramente poco honrosa, que iría desgastando ulteriormente la base de simpatizantes.

Nada mina una causa revolucionaria como la adaptación a la legalidad vigente. Y la causa de ETA era revolucionaria, aunque sea la de un revolucionarismo erróneo, descabellado, nefasto en sus metas y dañino en sus métodos.

Lo que a mí me lleva a enunciar esta propuesta no es mi deseo de que se refuerce el actual sistema político, ya que preferiría que, en lugar de eso, se abriera pronto una vía de cambio de régimen que condujera a la restauración de la República (de la República democrática de trabajadores de toda clase, la de 1931). Por principio, por afirmación de la libertad, creo que todos han de disfrutar del derecho de asociación libre; y que el ejercicio de ese derecho ha de estar sujeto sólo a las limitaciones más evidentes que sean imprescindibles para la paz social.

El que en el pasado una organización haya sido criminal no es ninguna razón válida para que esté hoy fuera de la ley. Nunca he pedido la ilegalización de la Falange ni la de los demás círculos que perpetraron la occisión de amplias masas de obreros, campesinos, intelectuales republicanos y personas simplemente leales al gobierno de su país (una occisión de la que dudo que existan cifras válidas y concluyentes, pero que ha sido, desde luego, no sólo la mayor en la historia de España sino también una de las más espeluznantes del siglo XX).

A efectos de existencia legal de asociaciones, lo pasado pasado.

Por favor, señores políticos de la monarquía borbónica, ¡sean Udes inteligentes, tengan un ápice de buen sentido, sean sensibles en algo al ideal y al valor de la libertad que tanto predican y, ante la renuncia a la violencia de quienes hasta ahora tercamente rechazaban entrar en la senda de la paz, otórguenles un sitio en la vida legal! Todos saldremos ganando.

sábado, noviembre 05, 2011

Balance de un septenio

Balance de un septenio turbulento
por Lorenzo Peña
2011-11-05

Llega la hora de hacer un balance del septenio de primatura del Lcdo vallisoletano D. José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno de Su Majestad, 2004-2011.

Quien esto escribe nada supo de la existencia del Lcdo Rodríguez Zapatero hasta que éste ganó, sorpresivamente, las elecciones internas a la secretaría general de su partido el 22 de julio de 2000. Posteriormente he sabido que, sin habernos conocido nunca, forzosamente hemos tenido que vernos frecuentemente, porque yo fui profesor contratado de la Universidad de León entre octubre de 1983 y febrero de 1987, al paso que, en el mismo período, él fue ayudante de Derecho constitucional en esa misma Universidad (1983-1986). Yo en la Facultad de Filosofía y Letras y él en la de Derecho. Ambas Facultades compartían el mismo edificio, en el campus de Vegazana: Filosofía el ala derecha y Derecho el ala izquierda.

Fue una etapa agitada en mi vida, porque estuve involucrado en el movimiento de PNNs (profesores no numerarios), participando en una semana de huelga de docentes y alumnos con un encierro ante el rectorado; rectorado que estaba en el mismo edificio común, sólo que en el ala izquierda y, por lo tanto, en la zona de Derecho.

En la vida del Lcdo Rodríguez Zapatero ese lapso no fue el de preparación de una tesis doctoral (cual era sin duda su primera intención al solicitar y obtener la ayudantía universitaria), sino el del salto a la política. No hay en ese cambio nada de censurable. La vida es así: hacemos unos planes y luego las circunstancias nos colocan ante nuevas ocasiones, nuevas incitaciones que a menudo tuercen las intenciones previas y nos llevan por otro camino.

Tampoco he conocido al padre del Lcdo Rodríguez Zapatero, el ilustre abogado leonés Juan Rodríguez García-Lozano, aunque indirectamente, por relaciones familiares, es para mí una persona, en cierto sentido, próxima.

Desde mi adolescencia he sido muy hostil al PSOE, por su papel negativo en la guerra de España. Cuando volví a España en septiembre de 1983 (tras un exilio de 18 años) me topé con la actuación del gobierno de D. Felipe González Márquez, viendo, y sufriendo, su política de afirmación borbónica, antipopular, prooccidental, atlantista y galoide.

Si el viejo PSOE de D. Indalecio Prieto, D. Francisco Largo Caballero y D. Julián Besteiro estaba alejado de mis preferencias ideológico-políticas, lo del Sr. González Márquez era ya otra cosa, puesto que en nada sustancial (y en casi nada accidental ni siquiera simbólico, salvo el nombre) parecía diferir de cualquier partido monárquico reaccionario.

Fue su primatura el aciago período de la reconversión (desindustrialización), de las privatizaciones, de las desregulaciones, de la ley de extranjería (hasta entonces la llegada de inmigrantes era prácticamente libre); el período de las reformas laborales destructivas de derechos, de la precarización de los trabajadores, tanto los del sector privado cuanto los del sector público (incluidos los funcionarios); el período de la entrada en el mercado común y en la NATO, del alineamiento en el campo occidental; el período del cierre de líneas férreas y de la preferencia al automóvil (salvo, por prestigio, el AVE Madrid-Sevilla). Un período de maridaje con la oligarquía franquista-borbónica, con los escándalos consiguientes. Y un período, además, de altos tipos de interés fijados por el Banco de España (para atraer capitales foráne os), con el desastre económico que eso causó. El período del GAL. Un período en el que, lejos de darse paso alguno para eliminar la odiada práctica de la tauromaquia, se exaltó oficialmente desde el poder. Y --quizá para mí lo peor de todo-- fueron 14 años de tabú y olvido coercitivo del pasado y de consagración, a título de grandes demócratas de toda la vida, de los integrantes de una élite política, en su mayoría provenientes de las Falanges Juveniles de Franco.

Otro vendrá que bueno me hará. Aunque resultara inverosímil o imprevisible, el octoenio 1996-2004 marcó una agravación de los males. A los anteriores se agregaron: el euro (una de las principales causas de nuestras presentes dolencias económicas); la adhesión a las guerras de Yugoslavia, Afganistán e Irak; la dura política anticubana; una mayor desindustrialización de España --con un patrocinio exclusivo de los sectores turístico e inmobiliario; la agravación de la xenofobia legislativa con un endurecimiento de la ley de extranjería. También hubo en esos ocho años de primatura del PP varias mejoras, que sería injusto desconocer; palidecen al lado de los aspectos sombríos y hasta lúgubres.

Tras la dimisión de D. Joaquín Almunia como Secretario general del partido socialista en junio de 2000, imaginaba yo que nadie peor podía venir a encabezar el PSOE. Al conocer el elenco de candidatos, pensé, eso sí, que cualquiera sería menos malo que D. José Bono, expostulante de la Guardia de Franco. Quien el 22 de julio de aquel año resultó elegido para ese cargo por los congresistas fue un desconocido: José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de una también desconocida y enigmática plataforma Nueva Vía. Al conocer la composición del equipo de la Nueva Vía me quedé alarmadísimo, pues su ideólogo era D. Jorge Sevilla, un economista neoliberal adepto del adelgazamiento del Estado, la desregulación, el fomento de los seguros privados en sustitución de los públicos y la supresión de la progresividad fiscal (proponiendo un impue sto a la renta proporcional, o sea con un solo tipo impositivo y con un umbral de exención).

Como lo recuerda Vicenç Navarro en un reciente artículo, otro de los integrantes del equipo Nueva Vía era otro economista de la misma cuerda, Miguel Sebastián, quien, en El País del 21-09-2003, afirmaba: «en absoluto [confío en el intervencionismo público]. Soy defensor de esta idea de los demócratas estadounidenses de Estado dinamizador frente a un estado del bienestar o asegurador. El poder público debe tener un papel de promotor o corrector».

Con ese transfondo doctrinal, pocas esperanzas podían suscitar los primeros pasos de D. José Luis Rodríguez Zapatero al frente de su partido. Sus inicios como líder de la oposición en las Cortes no presagiaban nada bueno. Parecía una caja de ocurrencias políticamente irrelevantes, como aquella de sostener, cual gran propuesta política, que se celebrara a bombo y platillo el medio milenio del Quijote y su insistencia en el aumento de la productividad como el principal o único problema de la economía española.

Todo eso venía a confirmar lo que se había anunciado con su acceso al liderazgo del partido: que la plataforma Nueva Vía trataba de trasplantar a España las posturas de la nueva socialdemocracia de Tony Blair y Gerhard Schröder; una nueva socialdemocracia que difería de la vieja en que ya no reclamaba ni un sector público de la economía ni derechos laborales ni intervención del Estado, ni menos una evolución hacia la socialización de los medios de producción, sino que asumía con alacridad las exigencias del mercado para centrarse en innovaciones que se llamaban «societales», o sea referidas a cuestiones de familia y costumbres en el ámbito privado, temas culturales y promoción de virtudes ciudadanas.

Lo que cambió la vida del señor Rodríguez Zapatero y su significación para la política española fue la guerra de Irak, contra la cual, tras titubeos iniciales, se pronunció resueltamente en 2003. Fue, a mi juicio, la razón principal de su triunfo electoral relativo en marzo de 2011 (triunfo consistente en alcanzar 164 escaños, mientras que su principal adversario, el PP, sólo obtuvo 146; ningún partido consiguió la mayoría).

Como líder de la mayor minoría parlamentaria, Rodríguez Zapatero fue investido presidente del gobierno por S.M. El rey.

Empezó mejor de cuanto cabía augurar. Lo misterioso no es por qué a la postre el balance de la primatura del Lcdo Rodríguez Zapatero es tan negativo y aun catastrófico; lo misterioso, lo que no está explicado, es en virtud de qué fuerzas telúricas u otras, de qué tropismos, de qué influencias, fue posible que --teniendo a sus espaldas todo ese lastre de neoliberalismo societalmente modernizante-- se deslizaran, no obstante, en su política, a lo largo del primer cuatrienio, muchos aspectos loables. Tal vez fue gracias al papel de Jesús Caldera, pero sin duda tuvo que haber otras causas más profundas que desconozco; quizá factores subconscientes, la fuerza del destino. O simplemente la inercia de seguir en una trayectoria inaugurada con la postura sobre la guerra de agresión contra Irak.

Sea como fuere, una apreciación objetiva hará ver varias mejoras en ese cuatrienio 2004-2008 o en los primeros momentos del cuatrienio siguiente:

Mayor dedicación presupuestaria a la investigación científica junto con una proclamación de que la economía española debía invertir más en el terreno de alta tecnología (aunque en la práctica no se pusieron los medios, confiando en que lo haría el sector privado).
Ley de memoria histórica (por insuficiente que fuera).
Subida del salario mínimo y de las pensiones más bajas, como las de viudedad.
Decreto sobre inmigración que --sin alterar la ley de extranjería-- abrió la mano a la legalización de una masa de inmigrantes (lo cual fue, además de humano, enormemente beneficioso para la economía española, que experimentó en ese lapso su mayor crecimiento, gracias principalmente a ese aflujo de mano de obra, que se tradujo en una disminución del paro autóctono).
Busca de una vía negociada para poner fin al conflicto vasco mediante una política conciliatoria que propiciara derrotar al terrorismo por la fuerza de la razón y de la convicción.
Rechazo de las presiones oligárquicas para intensificar la precariedad laboral.
Ley de dependencia, que reconoció el derecho de las personas afectadas por minusvalía a la ayuda pública para hacer frente a su discapacidad.
Un nuevo paso adelante en la despenalización de la interrupción del embarazo (aunque en términos jurídicamente objetables, confusos y equívocos).
Un reconocimiento (aunque insuficiente) del derecho a seguir trabajando hasta los 70 años (limando así una de las discriminaciones legislativas lesivas de derechos fundamentales).
Poderoso empujón al tendido de líneas ferroviarias de alta velocidad.
Impulso a las plantas desaladoras de agua en las zonas litorales.
Una serie de ayudas sociales puntuales: los 400 euros de desgravación fiscal lineal en el impuesto a la renta; el cheque bebé; la ayuda para que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda en alquiler formando un hogar separado del de sus padres.
Política de buenas relaciones con el vecino Marruecos.
Buenas relaciones con Cuba y Venezuela.
Aumento de la ayuda exterior al desarrollo.
Salida de las tropas españolas de Irak.
Propuesta de una Alianza de Civilizaciones, como un posible eje alternativo de política exterior, en el cual España y Turquía, polos del Mediterráneo, unirían sus capacidades y experiencias en una proyección de cooperación transversal que sumara aportaciones originarias de diversas tradiciones civilizatorias --un proyecto susceptible de ulteriores ampliaciones.

Al lado de esos 17 aspectos positivos --varios de los cuales estaban auspiciados (como ya lo he sugerido) por el ministro de trabajo de ese período, Jesús Caldera--, hubo, desde el comienzo, otros negativos.

Los ministros Jordi Sevilla y Pedro Solbes impusieron cambios reaccionarios; particularmente regresiva fue la modificación del impuesto a la renta. Fue lamentable la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Siguieron adelante las privatizaciones, no notándose, en ese punto, el relevo de un partido por otro.

Estuvo mal la reforma del código civil que precarizó la relación matrimonial, consagrando así la superioridad del cónyuge más poderoso y privando de protección jurídica a la parte débil. En el campo de la relación entre hombre y mujer y en la conciliación de la vida familiar con la laboral las medidas --muy llamativas y aparatosas, algunas lesivas del derecho a la igualdad-- es dudoso que se hayan traducido en mejoras sustantivas para la masa de población a cuya tutela iban encaminadas las reformas.

Tampoco fue acertado dar visto bueno a nuevos estatutos de autonomía aún más descentralizadores, puestos en marcha en Andalucía, Valencia y otras comunidades de consuno con el PP. En relación con eso se dieron nuevos pasos en el desmantelamiento de la administración general del Estado y a favor de la descentralización regional, con el consiguiente deterioro del servicio público y la desigualdad entre los habitantes de unas comunidades y otras.

La proclama de una política económica conducente a salir de la hegemonía del ladrillo no arrojó resultado alguno puesto que se descartó la creación o el fomento de empresas públicas, mientras que el sector privado, bajo control extranjero, no tenía interés en una reindustrialización de España.

En política energética también hubo, desde el primer momento, una mala orientación, con el «NO» a las nucleares, el mantenimiento de la hegemonía de los hidrocarburos, el fomento de los agrocarburantes, una apuesta, seguramente equivocada y excesiva, por las renovables (con un gran despilfarro de recursos escasos y un encarecimiento de la energía). En línea parecida el gobierno rehusó apadrinar la adopción, en la agricultura española, de las innovaciones tecnológicas capaces de crear una nueva agricultura competitiva, como la ingeniería genética. Y también en esa misma línea es de lamentar que se enterrara el plan hidrológico nacional, que inicialmente había sido propuesto por Josep Borrell.

Asimismo fue de lamentar la reforma educativa, que arrinconó aún más a la filosofía para dejarle el puesto a un adoctrinamiento ideológico a favor del sistema político reinante, la educación para la ciudadanía. Fue a peor la ley de Universidades, que eliminó una de las pocas buenas reformas de la legislativa anterior. También fueron negativos el endurecimiento de la legislación represiva sobre propiedad intelectual y el amparo otorgado a las pretensiones de la SGAE y sus socios.

Continuó la participación española en la guerra de agresión en Afganistán, a lo cual se añadieron otras aventuras militares (la última la guerra de Libia). Lo peor fue el europeísmo, siendo el gobierno español el más ardiente partidario de la constitución europea que los pueblos francés y holandés rechazarán. (El plebiscito español del 2 de febrero de 2005 sólo consiguió atraer a las urnas al 41,77 por ciento del censo electoral.) Ese paneuropeísmo acabará llevando a todas las derivas posteriores, que sacrificarán casi todos los avances del primer cuatrienio.

En el debe de los siete años y medio de Rodríguez Zapatero habría que anotar todo lo que no ha hecho: nada sobre la eutanasia, nada a favor de la empresa pública, nada efectivo a favor de la industrialización, poco o nada a favor de los trabajadores (salvo los escasos puntos más arriba consignados).

En el segundo cuatrienio se ha deshecho una buena parte de lo que se había hecho bien en la legislatura de 2004-2008. Obedeciendo los dictados de USA y de la Unión Europea, se ha lanzado la política de durísimos recortes sociales y de precarización laboral a tumba abierta; se han autorizado operaciones financieras en paraísos fiscales, desregulándose aún más el flujo de capitales; se ha endurecido la represión contra los inmigrantes ilícitos. Se ha incrementado la participación en las aventuras militares de la NATO. Se ha autorizado a la marina de guerra de USA para estacionar sus armas nucleares en la base norteamericana de Rota --incurriéndose así en una supeditación ante la supremacía estadounidense que no tenía precedente desde la muerte del general Franco. Por último, se ha reformado sorpresivamente la Constitución para asegurar la subordinaci&oacu te;n total de España a los dictados de la Unión Europea, consumándose el abandono de la soberanía nacional.

Ha desembocado todo ese nuevo itinerario en la cooptación gubernamental del remanente del cuatuordecenio de D. Felipe González, el Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba, compendio de lo que fue aquella política del pelotazo apadrinada por la oligarquía financiera, cuando la palabra «socialismo» hacía sonreír.

Los logros del primer cuatrienio de Rodríguez Zapatero se van disipando, dejándonos la impresión de un espejismo.

¿Qué balance cabe proponer de todo eso? Mucho me temo que los aspectos positivos del primer período van a ser olvidados; peor sería que, como reacción al nefasto cuatrienio 2008-2011, se quisiera restar importancia a aquellas mejoras o se olvidaran esos puntos en la agenda de futuros programas de signo progresista.

Nada es tan útil como ser justos. Hemos de serlo con nuestros amigos y con nuestros enemigos. Ser justos es ser verídicos y veraces. Esa veracidad me lleva --a la hora de decirle «adiós» a un político borbónico (y no republicano como él se ha querido creer) cuyo rendimiento de cuentas merece más censura que parabienes-- no desconocer por qué, en algún momento, hubo motivos para depositar en su política algunas esperanzas, aunque a la postre hayan quedado defraudadas.

miércoles, noviembre 02, 2011

LA HORA DE LA AMNISTIA

La hora de la amnistía
por Lorenzo Peña
2011-11-02

El anuncio de la organización ETA de un «cese definitivo de la actividad armada» debería ser respondido por las instituciones políticas españolas con la promulgación de una ley de amnistía para las actividades delictivas violentas realizadas, ya sea por individuos de esa organización, ya sea por personal de las fuerzas de seguridad en la represión o prevención de la subversión.

La paz vale más que la guerra. La conciliación y convivencia valen más que la punición. Mientras persistan los castigos se mantienen focos de resentimiento que siempre pueden venir aducidos por nuevos profetas de la catástrofe, por nuevos fundamentalistas del irredentismo.

Pocos conceptos tan absurdos y socialmente deletéreos como los acuñados en la segunda posguerra mundial de «crímenes contra la humanidad» y de «crímenes imprescriptibles», comodines que se usan según les viene en gana a los gobiernos y a sus secuaces para una vindicta infinita que se cobija bajo tales nociones, que no hubiera admitido ningún penalista de los buenos tiempos. El concepto de crimen contra la humanidad (y no digamos ya el de genocidio) es tan amplio o estrecho como lo quieran hacer los custodios de la implacabilidad punitiva.

Todo crimen es concreto y tiene unas víctimas humanas determinadas --salvo el de exterminar a la propia especie humana (supuesto en el cual tendrían que bajar del cielo ángeles o dioses para impartir justicia).

Cualquier delito con víctimas concretas está sujeto a un castigo social cuyas cinco finalidades son: (1) restablecer la equidad retributiva, reequilibrando la micro-sociedad que, con su acto punible, ha establecido el culpable entre él y los agraviados; (2) hacer valer la superioridad del orden jurídico frente a las violaciones más graves; (3) un efecto de prevención general, al disuadir a otros de la comisión de ese tipo de hechos; (4) un efecto de prevención especial, al servir de escarmiento al delincuente castigado para que no reincida; y (5) un efecto correccional, mediante la reeducación forzosa del culpable.

Pero esas cinco finalidades se subordinan a una que las preside todas: la utilidad pública, el interés de la sociedad de que reine la paz y se obedezca la ley.

Esa finalidad superior es la que determina que frecuentemente las sociedades hayan decidido la extinción de responsabilidades penales por hechos con intención política --o incluso con otras intenciones--, cuando concurren razones que lo aconsejan, en aras del apaciguamiento y de la concordia.

Notemos que entre las finalidades de la pena no está satisfacer a las víctimas; éstas no tienen ningún derecho sustantivo a que el delincuente sea castigado. Tal derecho existía en los tiempos prejurídicos o del derecho arcaico, los de la venganza y la ley del talión, felizmente superados.

Los agraviados tienen, ciertamente, un derecho sustantivo a que reine, en la micro-sociedad que con ellos ha formado el transgresor, una cierta equidad, a la cual puede tenderse con la compensación al agraviado o con el castigo del culpable. Aun ese derecho está totalmente subordinado a otros bienes jurídicos preeminentes, cual es la utilidad pública, a través de la paz social.

Hoy la organización dizque de defensa de los derechos humanos «amnesty international» se dedica a campañas para que no se amnistíe. Presuntamente así se desalienta la imitación de los crímenes castigados. Tal perspectiva es inhumana, errónea y cruel. Las sociedades no mejoran ni avanzan con esos criterios, sino con los opuestos.

El modo más eficaz de desincentivar la comisión de delitos y crímenes es realzar el prestigio del orden jurídico-social. Y, cuando éste ha estado desacreditado (con razón o sin ella), uno de los medios para recuperar su prestigio es mostrar que la sociedad es indulgente, que el ordenamiento jurídico no es despiadado, que la clemencia está bien presente entre los valores legalmente entronizados.

Era mejor cuando el ministerio de justicia se llamaba «de gracia y justicia». Una sociedad de justicia a palo seco, sin gracia, es una sociedad injusta --paradoja que no podrán nunca entender los fanáticos justicieros de «Amnesty» y demás adictos de la revancha institucional.

Otorgar una amnistía no significa imponer sobre los hechos amnistiados un tabú como el que, en la transición, se impuso sobre las atrocidades del franquismo, acerca de las cuales hubo un pacto de público silencio. Ni siquiera implica borrar tales hechos del registro público.

Es más, si se quiere mantener una rememoración cuyas consecuencias jurídicas sean las de una justicia simbólica, podrían escuchar la recomendación que hizo años atrás el autor de este ensayo: crear una comisión de verdad y reconciliación que esclarezca y declare los hechos de violencia política cometidos en España por unos y por otros desde la fecha que se escoja (1961, 1939, 1936, 1931, 1923, 1909, lo que se quiera). Los perpetradores, vivos o muertos, soportarían una consecuencia jurídica: la de que se proclamara la comisión de tales hechos.

El autor de este ensayo jamás se ha sumado a la campaña de castigo a los crímenes del franquismo ni nada por el estilo. Nadie hallará ni una sola línea que haya escrito yo en ese sentido ni en ningún sentido similar. Una cosa es recordar las fechorías del franquismo (la principal de las cuales fue la destrucción bélica del orden legal bajo hegemonía extranjera) y otra muy distinta infligir, a estas alturas, puniciones individuales.

La única responsabilidad que aún queda por administrar es la responsabilidad colectiva que pesa sobre las instituciones, las personas jurídicas, las tendencias ideológicas, las clases sociales que instigaron, fomentaron y favorecieron la sublevación borbónica de 1936 y la instauración del despotado franquista.

Pero, ¡por favor! Que no haya nadie encarcelado por la comisión de violencia pasada con fines políticos. Ni de los unos ni de los otros. Cada uno puede alegar que los otros iniciaron la escalada. ¡Declárese la verdad mas vacíense las prisiones! Hágase ver a los terroristas que el Estado de derecho es mejor que ellos y que sabe perdonar como ellos no perdonarían.

En años recientes varios países han decidido amnistías por acciones terroristas; en unos casos con más éxito, en otros con menos. En el elenco figuran Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argelia, Nigeria, Angola, Mozambique, Ceilán, Birmania, Malí, Níger, Chad, República Centroafricana, Burundi. ¿Es mucho pedir que España sea uno de ellos, que en nuestra Patria haya un orden jurídico que sepa perdonar?

Pienso que sería la mejor manera de vencer al terrorismo, mostrando que su combate iba enfilado contra un orden jurídico que no lo merecía, porque tiene más humanidad.

Me temo que es mucho pedir a nuestros políticos borbónicos. Ya se sabe: las opiniones de los que no somos políticos no cuentan para nada. Sólo cuenta a quién votemos.

martes, noviembre 01, 2011

El Estado palestino

El Estado palestino en la UNESCO
por Lorenzo Peña
2011-11-01

Desgraciadamente, no todos los palestinos respaldan los esfuerzos de la actual autoridad palestina --encabezada por el Presidente Abú Mazén-- para que su estado ingrese en los organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO y demás uniones interestatales a escala planetaria. Incurriendo en un error, a esos proyectos se opone el Hamash, que gobierna en Gaza habiendo ganado las últimas elecciones.

Abú Mazén (Mahmud Abbas) no es santo de mi devoción, sino todo lo contrario. La dirección del Fatah que se congrega en torno a él, no sólo ha dilapidado la herencia ideológica y el capital de simpatía que merecidamente acumuló Yasir Arafat, sino que es sospechosa de haber causado o propiciado la defunción del gran líder palestino.

Sin embargo, el hecho es que ostenta la presidencia palestina, legítima o ilegítimamente; ese hecho político ha de tenerse en cuenta para otorgarle, sin restricción alguna, un apoyo en cuanto tienda al reconocimiento internacional del estado palestino.

Algunos pensamos que la solución de los dos estados fue, tal vez, fugazmente posible con los acuerdos de Oslo, o lo hubiera sido si el sionismo no los hubiera pisoteado; tras el fracaso de Oslo, somos escépticos sobre tal solución y tendemos a volver a la idea inicial de un solo estado palestino en toda Palestina (aunque se llame «Israel»).

Pensar así no implica menospreciar el reconocimiento internacional del estado palestino, aunque sea --como bajo el yugo sionista lo sería-- un estadico endeble, cuya independencia sería más nominal que real. Eso no puede constituir ninguna objeción válida contra su admisión en la arena internacional, porque la no-admisión no hace ganar absolutamente nada al pueblo palestino, mientras que el reconocimiento internacional sí es un paso adelante en la lucha por los derechos de ese pueblo hermano.

Conseguir avanzar en ese reconocimiento es una etapa necesaria para desatascar la situación actual; sería una humillante derrota para el sionismo, cuyo fin siempre ha sido --y sigue siendo-- acorralar y arrojar, poco a poco, a toda la población palestina de toda Palestina, restaurando el mítico reino hebreo de David y Salomón, a través de una secuencia de campañas de limpieza étnica --presiones, violencias e incentivos--.

Si el sionismo dice, a veces, resignarse a una solución de dos estados a través de negociaciones, es sólo para ganar tiempo, durante el cual continúa esa misma política de presiones conducentes a ir incorporando al estado étnicamente hebreo de Israel toda la tierra del Jordán al Mediterráneo, la Tierra bíblica de Canaán o de Promisión.

Aunque dice también, con Obama, abogar por una solución de dos estados, en la práctica el imperialismo yanqui favorece la continuación del dominio absoluto del sionismo con un solo estado, el de Israel, sujetando el eventual reconocimiento de un estado palestino al visto bueno israelí, pero no viceversa. Estipular esa condición es como prometer que se bajará el precio del pan si el sol sale por el oeste.

Este asunto no es baladí. En mis páginas nunca he entrado a debatir sobre el señor Obama, ni cuando era pre-candidato del partido demócrata, ni cuando era candidato, ni cuando le dieron la presidencia, ni después. Por la sencilla razón de que no vale la pena. Siempre estuve totalmente seguro (y no fui el único) de que la política estadounidense no cambiaría ni un ápice con el señor Obama en la casa blanca.

No abordaré ni discutiré si, en tal o cual puntejo de política interior, se han producido, con su presidencia, cambios para bien, o si con la alternativa posible la política doméstica hubiera sido aún peor.

Dejo eso de lado. En política exterior no hay --ni podía haber-- la más mínima diferencia entre Bush y Obama. Iguales. Las vagas promesas sobre Irak, Afganistán, Guantánamo se las llevó el viento (y siempre habían venido enunciadas en términos ambiguos y condicionales, que presagiaban esa violación). Tampoco ha habido mejoras en relación con América Latina, África o el Mediterráneo. La política imperialista no se ha atenuado ni suavizado en nada.

Conque no me sorprende que el voto en la UNESCO a favor de la admisión del estado palestino haya provocado, inmediatamente, la fulminante reacción de la administración norteamericana, al anunciar que cesará el pago de su cuota de participación en la UNESCO. El imperialismo siempre utiliza esa arma del chantaje.

Eso sí, Obama prueba su desprecio de la legalidad internacional y su voluntad de vulnerar los tratados suscritos por USA. Es verdad que un acta legislativa promulgada por el congreso norteamericano (y que el propio Obama nunca ha intentado abrogar) compele al presidente a cesar toda financiación de una organización internacional en cuyo seno sea admitido el estado palestino. Pero eso sólo afecta al ordenamiento jurídico interno de los estados unidos y en nada quita validez ni eficacia al orden jurídico internacional, al derecho público internacional, cuyas normas (consuetudinarias o convencionales) son vinculantes para todos los estados. Una de esas obligaciones es la de pagar las cuotas de las organizaciones en las que voluntariamente ha ingresado un país. Un estado puede retirarse de una organización internacional --ajustándose a unas reglas; lo que no es lícito es dejar de pagar sus cuotas de participación y seguir siendo miembro de la organización.

Lo más llamativo de la votación en la UNESCO es el elenco de países que han votado en un sentido o en otro. Los del NO son: además de Israel, USA, los reinos de Holanda, Canadá, Australia y Suecia más Alemania y dos satélites suyos (Lituania y Chequia), junto con varios estadicos de escasa entidad y nula independencia real: Panamá y algunos paisujos insulares: Samoa, Salomón, Vanuatú (Nuevas Hébridas) y las islas Palaos.

También es pintoresca la lista de abstenciones, que abarca, entre otros estados, al principado de Andorra, Albania, las Lucayas, Barbados, Tonga, Trinidad, Tuvalú, Cabo Verde, Fidyi, Naurú, Papúa, Jamaica, Kiribatí, Saint-Kitts, Cook, Bosnia, Croacia, Estonia, Letonia, Mónaco, Montenegro, Moldavia, San Marino, Singapur, Macedonia y Haití (con el presidente neo-duvalierista Michel Martelly).

Países auténticos que se han abstenido son, en cambio: los reinos de Tailandia, Inglaterra, Dinamarca, Japón y Nueva Zelanda más una serie de repúblicas europeas: Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Ucrania. Sólo tres países ibéricos se han abstenido: Portugal, México y Colombia.

Entre los 107 que han votado a favor figuran, por el contrario, pocas monarquías: Bélgica, Bután, Brunei, Camboya, Noruega, España y los reinos árabes. Ha votado sí la gran masa de países latinoamericanos, católicos, árabes, asiáticos y africanos (con unas pocas excepciones significativas).

Todo eso viene a confirmar lo que, en diversos escritos, ha sostenido el autor de este artículo: que no es irrelevante la opción entre monarquía y república, sino que se acrecientan las probabilidades de una política antipopular y reaccionaria cuando la forma de gobierno es monárquica.

En todo caso, hay que saludar el gran triunfo del pueblo palestino en la UNESCO, que nos anima a seguir defendiendo sus derechos contra los atropellos del sionismo.

domingo, octubre 30, 2011

salir de Europa

España sojuzgada:
Necesidad de salir de la Unión Europea
por Lorenzo Peña
2011-10-30

En la tétrica jornada del 12 de junio de 1985, de amargo recuerdo, Su Majestad, el monarca D. Juan Alfonso Carlos de Borbón y Borbón, firmó en el Palacio Real de Madrid el Acta de Adhesión del Reino de España a la comunidad económica europea, que entraría en vigor el primer día del año siguiente.

Trátase de una de las fechas más luctuosas de la historia de nuestra Patria, significando un descalabro mayor que las derrotas de Rocroy (1643), Trafalgar (1805) y Cavite (1898), infligidas a los españoles por sus enemigos históricos.

Un requisito de los oligarcas de allende los Pirineos para avanzar en las negociaciones había sido la obligación de España de desmantelar su enclenque industria en los pocos sectores en los que inquietaba a sus competidores transpirenaicos; lo cual había sido obedientemente cumplido por el gobierno monárquico del Licenciado Felipe González Márquez --quien debía su acceso a la primatura tanto al favor regio cuanto a la financiación recibida de las élites germánicas y de otros sectores del establishment paneuropeo. Ese desmantelamiento --que se calificó oficialmente de «reconversión»-- supuso el cierre de altos hornos, astilleros, fábricas de maquinaria y otras plantas metalúrgicas.

Desde luego hubo también otras dos causas de aquella hecatombe industrial: (1ª) la orientación de la política económica franquista, sobre todo desde la liberalización opusdeísta de 1959, que permitió al capital extranjero adueñarse de las palancas de mando empresariales --con lo cual casi todas las grandes firmas españolas quedaron sujetas a las conveniencias de élites patronales de Washington, Londres, Berlín, París, Estocolmo, Amsterdam, etc; (2ª) la crisis de superproducción iniciada en 1973, nunca desde entonces solucionada, sino sólo intermitentemente aliviada.

Sin embargo, en 1985 todavía era posible una política industrial diferente. Aún existía el INI (Instituto Nacional de Industria), que poseía y controlaba un amplísimo sector de la producción manufacturera hispana; gestionado con otra orientación de política económica, podía hacerse un instrumento de revitalización para establecer las bases de una economía mixta --como las que luego han florecido en China y Vietnam.

Naturalmente era, para tal fin, condición necesaria no supeditar la economía española a los dictados de Bruselas ni, por consiguiente, atarse al cuello la soga de las exigencias paneuropeas; en lugar de tal subordinación y de ese compromiso desigual, había que optar por unas relaciones comerciales flexibles, multidireccionales (tous azimuths como dicen los franceses); sin renunciar a ciertos acuerdos preferenciales con Europa (como el que tiene Suiza, sin haber ingresado nunca en la Unión), privilegiar nuestras relaciones con nuestros hermanos histórico-lingüísticos, de México a Santiago de Chile y Buenos Aires, así como con nuestros vecinos mediterráneos, con el aún existente bloque oriental y con los países emergentes de Asia y el Pacífico.

La adhesión a la comunidad europea perseguía principalmente una finalidad de consagración y afianzamiento del régimen político heredado de la tiranía franquista, reconfigurado en la transición con el ropaje de una presunta democracia (bajo supremacía, eso sí, de la potestad dinástica), haciendo tragar a los españoles la pertenencia a la NATO, que era inicialmente rechazada por la gran mayoría de la población.

La adhesión a la comunidad europea aceleró la llamada reconversión, agravándola con la reducción coercitiva de la producción agropecuaria en varios rubros significativos. También provocó un desarme arancelario prematuro que la economía española no estaba en condiciones de soportar. Fue destruida la minería del carbón, mientras que Alemania, socio fundador de la CECA (y, por lo tanto, de la comunidad europea), seguía disfrutando de privilegios que jamás se otorgaron a España.

A cambio de esos durísimos sacrificios y de la desindustrialización de España, Europa nos concedió unas generosas ayudas para construir autopistas. El parque automovilístico español se multiplicó; en detrimento del transporte público (que era el propio de una país subdesarrollado), las autoridades borbónicas favorecieron la importación de coches, además de mantener, como uno de los contados sectores florecientes de la industria española, la fabricación nacional de vehículos de turismo.

Todo ello retrasó considerablemente la construcción de vías ferroviarias modernas. Bajo la primatura de González Márquez sólo se tendió una línea (y ésa por motivos de prestigio): el AVE Madrid-Sevilla (a la vez que se arrancaron los raíles de otras vías férreas, en lugar de renovarlas). El subsiguiente gobierno conservador del Licdo Aznar tampoco avanzó mucho en ese terreno, a pesar de los intentos de un ministro. Sólo será, al último, el gobierno del Licdo Rodríguez Zapatero el que se percate de la necesidad de superar ese tremendo atraso de España.

Lamentablemente ese esfuerzo, en sí loable, ha llegado demasiado tarde y en unas condiciones económicas envenenadas, que han impedido que surta sus provechosos efectos.

Los propagandistas de la adhesión española a la comunidad europea argumentan que, a lo largo de los lustros siguientes a 1985, se multiplicó el PIB español, que aumentó el bienestar de la población, que se modernizó el conjunto de las infraestructuras y que, aun reducido en tamaño, el campesinado español residual (convertido en la nueva clase de los agricultores) ha podido vivir en parte de las subvenciones agrarias, de la PAC, obteniendo un acceso a mercados europeos que difícilmente se habría conseguido o mantenido sin dicha adhesión.

Esos cuatro argumentos son sofísticos y falaces. Primero, porque de los principales avances alcanzados da cuenta, con creces, el progreso técnico --con o sin comunidad europea, con o sin Franco o Borbón, con monarquía o con república, con tiranía o democracia. De 1985 a 2011 el progreso técnico ha sido gigantesco y continúa a ritmo acelerado; ha permitido aumentar la productividad, introducir nuevas máquinas y aparatos, nuevos productos químicos, nuevos abonos, nuevas simientes, nuevos remedios, nuevos materiales, nuevos electrodomésticos --de la computadora al teléfono móvil, de las escrutadoras a las ecografías, de los implantes dentales a los nuevos audífonos; todo lo cual ha cambiado radicalmente nuestras vidas, como ha sucedido también en muchos países del mundo que no pertenecen a la comunidad europea. El avance de España no parece haber sido mayor que el de estados europeos no adheridos a la Unión, como Noruega, Suiza y Turquía. Más bien al contrario.

Segundo, porque, críticamente contempladas, algunas de las presuntas mejoras que ha traído la adhesión a Europa han sido retrocesos y pérdidas, lo cual es especialmente el caso en la tupida red de autopistas, que: (1) ha acarreado una catástrofe medio-ambiental; (2) implica la carga de unos gastos desmesurados para mantenerlas practicables; (3) ha incentivado el uso masivo del automóvil, con la doble consecuencia de más emisiones de anhídrido carbónico (cuando tanto se habla del efecto invernadero) y de deserción del transporte público (determinada, en parte, por su mala calidad: escasa frecuencia, deficiente trazado, inconfortabilidad, lentitud y inamigables trasbordos).

Tercero porque varias de las ayudas se concedían, no para que produjéramos más y mejor, sino justamente al revés: a condición de que no produjéramos o disminuyéramos nuestra producción; esos auxilios compensatorios tenían fecha de caducidad. Como resultado de esas dádivas condicionadas, hoy, habiendo cesado tal ayuda, nos hallamos con una capacidad productiva sensiblemente deteriorada en muchos capítulos industriales y agrícolas, precisamente cuando hay que hacer frente a la nueva crisis de superproducción iniciada en 2007.

Cuarto, porque, estrangulada la industria española por efecto de ese cúmulo de políticas y de condicionamientos, la inversión privada y pública se ha centrado en el sector inmobiliario --en buena medida en las residencias secundarias--, lo cual ha acarreado el estallido de la burbuja en 2007-08, sin que nada permita prever hoy cuándo empezará una recuperación.

El desempleo masivo de 5 millones de trabajadores es el resultado de toda esa situación.

Han contribuido a seguir agravando las cosas los pasos que los sucesivos gobiernos borbónicos han ido dando ulteriormente con la adhesión a los nuevos tratados paneuropeos: Maastricht, Amsterdam, Schengen, Niza y Lisboa. Lo peor ha venido con la implantación del euro en enero de 2002, en virtud de la política de «más Europa para los ciudadanos» de que se jactó el Licdo Aznar. Adónde nos ha llevado todo eso a la vista está.

En ésas estábamos ya cuando la reciente cumbre de Bruselas ha impuesto a España unas durísimas sanciones por no ser más rica. Nadie ignora que, si la deuda pública española está perdiendo confianza en el mercado de capitales, es porque la producción industrial y agrícola española están estancadas y no crecen. Las medidas de contracción sólo conducen a un mayor estrangulamiento de la demanda, que empeora los invendidos, retrayendo así la inversión en todos los sectores de la economía y, por lo tanto, provocando indirectamente una disminución aún mayor de la recaudación tributaria. Desencadénase así una viciosa espiral que nos lleva al precipicio; todo impuesto por la eurocracia bruselense y por los poderes fácticos que la manejan, las oligarquías de Berlín, París y Londres.

De nada sirve expresar sentimientos de indignación o cólera. Lo único que sirve es movilizar a las masas populares en torno a proyectos alternativos, que son viables y que han de estar planteados por la razón, inspirados en el patriotismo y en el republicanismo igualitario. En sucesivos artículos iré detallando --a título de modesta aportación personal-- algunos de tales proyectos.

martes, octubre 04, 2011

Asamblea nacional constituyente

Programa electoral: Asamblea nacional constituyente
por Lorenzo Peña
2011-10-04

Faltan 49 días para que se celebren los comicios de donde saldrán los nuevos diputados y senadores.

La reciente enmienda de la constitución, ya sancionada y promulgada por Su Majestad el Rey, significa una ruptura del pacto constitucional. Pacto que el autor de estas páginas no suscribió, puesto que los convocantes del plebiscito del 6 de diciembre de 1978 lo excluyeron del censo electoral --al igual que excluyeron a todos los demás exiliados y emigrantes españoles (salvo la minoría de residentes ausentes).

Pero, aunque fuera --como lo fue-- a punta de pistola (o de cañón), bajo amenaza de golpe de Estado militar, y a título de «éstas son lentejas»; aunque fuera, además, obra de unas cortes bicamerales no democráticas y con un senado de quinto regio; aunque así fuera, la constitución de 1978 tenía que aceptarse como un hecho jurídico consumado, en tanto en cuanto ligaba, mal que bien, a gobernantes y gobernados. A la espera de tiempos más propicios, había que fingir que era legítima.

Tal legitimidad se ha quebrado con una modificación sustancial, que, no sólo socava el Estado del bienestar (ya enclenque y escuálido en el esquema de 1978), sino --lo que es mucho más grave-- suprime la independencia de España, al someter constitucionalmente a nuestra Patria a la supremacía de los órganos de la Unión Europea, la Eurolandia oligocrática.

El verdadero alcance de la reforma es, por consiguiente, el fin de la soberanía nacional --por mucho que ésta persista nominalmente en el texto vigente. Hasta ahora España podía permanecer en la unión europea o salir de ella sin cambiar su constitución. Ahora se han constitucionalizado tanto la pertenencia a la Unión Europea cuanto la subordinación del poder legislativo español a los imperativos de Bruselas.

Es lo peor que ha pasado en la historia de España desde el estatuto de Bayona de 1808, con el cual la constitución modificada de 1978-2011 guarda un parecido en ese punto crucial.

Roto el pacto constitucional; deslegitimado el sistema político; viviendo la población española una catástrofe económica --de la cual son culpables nuestra oligarquía borbónica, la economía de mercado, la supeditación al imperialismo yanqui y la pertenencia a la Eurolandia--; sólo tengo una propuesta que hacer: convocar una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes que, dando por autocancelada la constitución de 1978, asuma, sin límite alguno, la representación de la soberanía nacional, para elaborar una nueva constitución, sin constreñimientos, totalmente abierta, que será sometida a votación popular.

El 20 de noviembre de 2011 daré mi voto a aquella formación que, hipotéticamente, se pronunciaría a favor de esta propuesta si fuera sometida a debate.

En el imaginario supuesto de que tal asamblea se convocara, ya nos las arreglaríamos para presentar nuestros memoriales de agravios y súplicas. Por hoy, ¡baste lo dicho!

lunes, abril 11, 2011

Viva el Presidente Laurent Gbagbo

¡Muera la ONU! ¡Viva el Presidente Laurent Gbagbo!
por Lorenzo Peña
2011-04-11

El colonialismo francés y la ONU han arrojado la máscara. Hasta hace unos días pretendían que sus tropas de ocupación en la República de Costa Ebúrnea (Costa de Marfil) estaban en ese país cual fuerzas neutrales, de preservación de la paz e interposición entre los cuerpos de seguridad del Estado y las milicias rebeldes.

Tras las elecciones del 28 de noviembre, el Consejo Constitucional --única instancia legítimamente habilitada por la Constitución para determinar el resultado del escrutinio-- proclamó electo al presidente saliente; pero la comisión electoral «independiente», controlada por la oposición, atribuyó la mayoría de los votos a S.A.R. el príncipe Alassane Ouattara, magnate de las finanzas, ex-alto dirigente del FMI y ex-jefe de gobierno del dictador vitalicio pro-francés Félix Houphouet-Boigny. El Príncipe Alassane Ouattara pertenece a una dinastía regia del norte y fue casado en Neuilly por Sárközy con una mujer de negocios francesa; es titular de una fabulosa fortuna y está vinculado a los máximos círculos de negocios de Washington y París. Ouattara (o Wátara) había promovido la sublevación militar de 2002 para tomar el poder po r la fuerza de las armas.

La ONU declaró válido el pronunciamiento de esa comisión. Todo el campo occidental --acaudillado por el imperialismo yanqui-- se abalanzó a degüello para derribar al Presidente constitucional, Laurent Gbagbo, contra cuyo gobierno habían lanzado ya la rebelión militar de 2002 --que contó con el respaldo de las tropas del colonialismo francés, las cuales en 2004 efectuaron una matanza entre la población ebúrnea.

Entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 han ido montando una tentativa tras otra para destruir el régimen constitucional republicano de Costa Ebúrnea. ¿Quiénes? Los imperialistas, los colonialistas y la turbamulta de sus esbirros y testaferros africanos: los dictadores hereditarios, como Gnassingbé de Togo y Ali Bongo del Gabón; los militares golpistas (agentes del colonialismo francés), como Blaise Campaoré de Burkina Faso e Idris Deby del Chad; el apoderado anglo-norteamericano Goodluck Jonathan de Nigeria (que se ha colado en la presidencia gracias a la muerte providencial de su predecesor).

Esos demoníacos planes fueron estrellándose uno tras otro: una proyectada agresión armada del grupo regional afro-occidental, CEDAO; una reactivación de la insurgencia, que ocupaba ya más de la mitad del país desde su alzamiento de 2002; la asfixia económica, mediante la paralización bancaria y el embargo comercial (boicot de las exportaciones de cacao, principal riqueza del país); una intervención de la Unión Africana (ahora totalmente instrumentalizada por el neo-colonialismo, que es el que la paga); la agitación insurreccional entre el sector de la población oriundo del norte del país, fanatizado por los jefes tribales de fe coránica.

Todo fue en vano. Apoyado por la mayoría del pueblo ebúrneo, el Presidente Laurent Gbagbo seguía gobernando desde Abidyán.

Respaldadas por la fuerza ocupacional de la ONU y por la fuerza de intervención Licorne (Unicornio) del colonialismo francés, las hordas rebeldes avanzaron hacia el sur, perpetrando, gracias a ese auxilio, horrendas matanzas --cuyos tres instigadores son Ban Ki Mun, Barak Obama y Níkolas Sárközy.

Ni por ésas. Laurent Gbagbo seguía en el Palacio Presidencial de Abidyán. Entonces Sárközy urdió un nuevo plan: el consejo de inseguridad de la ONU (herramienta de la pentarquía imperial de las grandes potencias), violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, pronunció una prohibición del uso de armas pesadas en Abidyán. Los rebeldes de Alassane Ouattara perpetraron un nuevo asalto a la capital mediante su Quinta Columna; pretextando que las fuerzas gubernamentales, para repelerlos, habían usado armas pesadas, las tropas colonialistas se arrojaron al ataque, bombardeando y cañoneando con su habitual potencia destructiva; entre sus blancos estaba la radio-TV ebúrnea (ya que, por enésima vez, han declarado que es un blanco militar, igual que lo han hecho en Yugoslavia, en Mesopotamia y donde les dé la gana).

Aun ese ataque militar del colonialismo francés y de la ONU fracasó en un primer momento. Laurent Gbagbo seguía en pie y, con el apoyo masivo de la población capitalina, volvía a ganar terreno. Incluso la TV ebúrnea, milagrosamente, se restableció y volvió a emitir, bajo la autoridad del gobierno legítimo de la República. Esa derrota militar no la podían soportar los colonialistas, que volcaron entonces todo su poderío aniquilador hasta que han destruido los locales de la Presidencia y tomado cautivo al Presidente legítimo, mi tocayo Laurent Gbagbo.

Veremos ahora si éste corre la misma suerte de Patricio Lumumba, su predecesor en la lucha por la honra y la libertad de los pueblos africanos, en el combate contra el yugo colonial y contra la sujeción del hombre negro, que es el combate por la igualdad, la dignidad y la felicidad del ser humano.

Hay que movilizarse en el mundo entero para salvar la vida y la libertad de Laurent Gbagbo.

martes, marzo 22, 2011

LA GUERRA DE OBAMA

La guerra de Obama:
La agresión bélica imperialista contra Libia
por Lorenzo Peña
2011-03-22

El cabecilla del imperialismo yanqui, Barak Obama, junto con sus dos principales secuaces --el franco-húngaro Níkolas Sárközy y el primer ministro conservador de Su Graciosa Majestad--, han iniciado la nueva guerra de agresión imperialista: la campaña de Libia.

Siempre, siempre, siempre las cosas han de verse en su contexto y analizarse en sus antecedentes. Hoy es como ayer (desmintiendo el título del famoso libro de Santos Juliá, Hoy no es ayer); no sólo se explica por ayer, sino que, más que eso, es la continuación de ayer; igual que mañana se explica por hoy y lo continúa. El ayer sigue existiendo hoy; no se ha extinguido del todo. Ayer existían ya muchas instituciones de hoy (en verdad casi todas), muchos grupos de hoy, muchas pautas de comportamiento de hoy; al seguir existiendo hoy, prosiguen lo de ayer.

En las cosas humanas y no humanas hay cambios; pero, muchísimo más que cambios, hay continuidades. La mutación o innovación afecta al 1 por ciento; la continuidad al 99%.

Ese principio de continuidad o continuación es esencial en todo, pero particularmente importante para una filosofía racional de la historia humana. Su fundamento metafísico es el principio de gradualidad, en virtud del cual las determinaciones se dan por grados, de suerte que entre los extremos del totalmente-así y totalmente-no-así hay una gradación a menudo infinita. Pero ese fundamento solo no es lo que determina que se transite de un punto A o otro B por pasos consecutivos, a través de los intermedios. (Podríamos imaginar que no fuera así, que se saltara de A a B.)

Desde hace años he venido desarrollando y proponiendo la filosofía cumulativista (v. «El cumulativismo»: http://ius.name/articles/gradual/cumulati.htm), que es un enfoque dialéctico-racionalista basado en ideas de Leibniz, filtradas por el tamiz de Hegel y del materialismo dialéctico (un filtraje que consiste, más que nada, en reconocer la contradictorialidad de las continuidades). Su tesis central es precisamente este principio de continuidad, que excluye los saltos.

Estaba en días pasados traduciendo al inglés mi propio ensayo «Entidades culturales» (http://ius.name/abstract/m21.htm), publicado en México, porque está prevista una edición del volumen que lo contiene en la lengua de Shakespeare. Y, al repasar lo que escribí hará unos ocho años, me he percatado del énfasis que ahí pongo en ese principio de continuidad, como clave de una comprensión racional de las entidades culturales, que sólo surgen y se desarrollan gracias a una segunda naturaleza, anclada, en último término, en la primera. No hay milagros. (El error de los proyectos revolucionarios fue creer en el milagro.)

Sólo se pueden levantar edificios nuevos con los materiales preexistentes --y aun ello adaptándose a los compases que imponen la naturaleza misma de las cosas y la dureza y rigidez de los materiales.

Si, por el lado de las revoluciones, no hay milagros ni artes de birlibirloque o encantamiento que súbitamente transformen a un país así o asá en un país radicalmente diverso e irreconocible (como se soñaba en la febril esperanza en el amanecer radiante), todavía más obvio es que las fuerzas del mal tampoco se convierten en fuerzas del bien, ni ponen cruz y raya a su tenebroso pasado para alborear inmaculadas, impolutas, limpias de polvo y paja y guiadas por buenas intenciones.

Las fuerzas del mal son las instituciones y los grupos sociales consagrados a la conservación de la injusticia, el privilegio y la arbitrariedad, los intereses consagrados y encastillados de los pocos contra los muchos, de los de arriba contra los de abajo, de los ricos contra los pobres, de los opresores contra los oprimidos. Esas fuerzas del mal en el mundo contemporáneo son el imperialismo, el colonialismo, las oligarquías financieras, el militarismo, el occidentalismo, en una palabra.

Leibniz en su tiempo anticipó genialmente muchas verdades no sólo de la metafísica, sino también de la ética y la política. Entre otras, formuló su principio de enemigo principal del progreso y de la razón (anticipándose a Mao Tse-tung). En cada período hay que fijarse en quién es el principal opresor, aquel que, con sus acciones e intereses arbitrarios, obstaculiza más los anhelos de libertad, justicia, racionalidad y mejora de la sociedad humana. Para Leibniz era (entonces) la monarquía despótica de los Borbones. En aras de cercarla, aislarla y limitar su maléfico poder, había que aliarse con todos los antiborbónicos; a ello consagró muchos panfletos (especialmente los que dedicó a objetar las pretensiones del fundador de la casa de Borbón en España, Felipe de Anjou o Felipe V), transigiendo incluso con el absolutismo local, mucho más inocuo (visto en escala transnacional) de tal o cual dinasta germano.

En nuestro tiempo el enemigo principal es el imperialismo yanqui. Más amplia y difusamente es la alianza occidental que él acaudilla. Ese imperialismo es lo que es y no otra cosa. No es un día negro y a la mañana siguiente blanco.

El imperialismo ya ha agredido a Libia en varias ocasiones. La primera fue la guerra de agresión del imperialismo yanqui contra Tripolitania en 1801-1804, en la cual los norteamericanos organizaron ya una mesnada mercenaria que invadió la actual Libia. No voy a detenerme aquí en comentar aquella guerra, presentada por los historiadores occidentales como un combate contra la piratería berberisca.

La segunda agresión fue la conquista italiana entre el otoño de 1911 y el de 1912. Fue lanzada porque sí, porque al rey de Italia, Su Majestad Víctor Manuel III, le daba la gana guerrear y conquistar, habiendo obtenido previamente el visto bueno del colonialismo francés por un tratado secreto de 1902. A la sazón Libia era un territorio autónomo dentro del Imperio Turco. Las autoridades otomanas cedieron al ultimatum italiano del 27 de septiembre de 1911, aceptando que el reino de Italia controlara las dos provincias de la actual Libia, Tripolitania y Cirenaica, contentándose con el mantenimiento de una teórica y nominal soberanía turca. El imperialismo italiano rechazó la propuesta, desencadenando la guerra, en la cual se acudió, por primera vez en la historia, a bombardear desde un avión; tuvo lugar el 1 de noviembre de 1911 sobre tropas turcas en Libia. Italia tardó en doblegar al pueblo libio, consiguiéndolo sólo a través de una feroz secuencia de acciones bélicas y de represalias terroristas.

Hasta la conquista italiana, Tripolitania y Cirenaica sólo estaban unidas por su común pertenencia al imperio otomano. El colonialismo italiano osciló: entre 1927 y 1934 las mantuvo como colonias separadas, pero entonces Mussolini decidió unirlas bajo la denominación de «Libia». Como tantos otros estados africanos y medio-orientales, es una creación artificial del colonialismo, aunque en este caso sobre un sustrato, que es la comunidad de ambos territorios como partes de la nación árabe, su contigüidad y vínculos históricos compartidos.

La tercera agresión fue la colisión en territorio libio de los dos imperialismos en pugna durante la segunda guerra mundial, el anglo-americano y el italo-alemán. Triunfantes en la batalla de El Alaméin, los ingleses avanzaron por Libia, adueñándose de la misma el 23 de enero de 1943. Nunca volvería a ser italiana. La monarquía británica se había apoderado por la fuerza de Libia y no iba a soltarla. La mantuvo bajo su dominación (sin base legal de ningún tipo salvo el derecho de conquista militar; en 1947, al firmar un tratado de paz, Italia renunció a esa posesión colonial). Rebuscando entre los jefes tribales, el colonialismo inglés halló uno bastante sumiso, el jeque de la tribu Senussi, Muhammad Idris (de la provincia oriental, o sea la Cirenaica, núcleo de la actual rebelión islamista). Nombrado por los ingleses «rey de Libia» y dócilmente instrumentalizado, el nuevo monarca obtuvo del Reino Unido una independencia nominal el 24 de diciembre de 1951. Menos de un año más tarde, el rey de Egipto, Faruk, es derrocado por un golpe de estado militar que instaura la República y que, bajo la égida del coronel Nasser, se irá encaminando hacia una política nacionalista.

Las bases militares angloamericanas permanecieron en el territorio libio. En 1956 el colonialismo anglo-francés, junto con Israel, atacó a Egipto, para no perder el dominio del canal de Suez. Poco después en Libia se descubrieron yacimientos petroleros.

En 1969 la postiza monarquía de Idris es derribada por el coronel Jazafi (o Qhaddafi), hasta entonces desconocido. El joven y turbulento aventurero --al que la fortuna ofreció la oportunidad de hacerse amo en su país-- acometió en seguida una carrera de virajes que lo han llevado a lucir alternativamente muchas caras, a imponer a su pueblo muchas políticas, a embarcarse en empresas arriesgadas, coqueteando, según las ocasiones, con unos o con otros, desde el ultrarradicalismo nacionalista árabe hasta el oportuno descubrimiento de su (presunto) origen familiar israelita --según ciertas fuentes explotado para tejer lazos de colaboración con el Mossad y hacer suculentos negocios con la casa Rothschild.

En mi autobiografía ¡Abajo la oligarquía! ¡Muera el imperialismo yanqui! cuento cómo la circunstancia que condujo a mi abandono del alineamiento pro-chino (mi militancia en el PCEml) fue el giro dado por Pequín al recibir la visita de Nixon en 1972; pero, en ese contexto, también recuerdo un episodio hoy olvidado, que precedió de cerca tal visita: el papel jugado por Jazafi en julio de 1971 (casualmente cuatro días después del anuncio de la proyectada visita del presidente USA a la capital china): con respaldo chino, Jazafi intervino en el Sudán para apuntalar el poder del dictador Muhamad Yafar Numeiri. En aquella época Jazafi ostentaba su faz de un tercer-mundismo islamista, anticomunista y antioccidental a la vez, que sufriría vuelcos y más vuelcos en los lustros siguientes.

Habiendo secundado bajo cuerda la agresión imperialista contra Irak en 2003, Jazafi hizo, desde ese momento, excelentes migas con las potencias de la NATO, colaborando en la lucha contra el islamismo radical --hasta poco antes manejado por las cancillerías occidentales, pero que, entre tanto, se había levantado en armas contra sus anteriores protectores.

Tras esas excelentes relaciones --militares, económicas, espionísticas y policíacas--, Jazafi se ve de pronto, en febrero de 2011, acometido por sus padrinos de la víspera. ¿Por que esa brusca voltereta?

Lo que ha pasado, entre tanto, es que han tenido lugar los derrocamientos de dos de los puntales de la dominación neocolonialista en el norte de África: el déspota tunecino Ben Alí y el egipcio Mubarak. La caída de éste último ha inquietado sobremanera a Israel. De momento las cosas están controladas: tanto en Túnez como en El Cairo hay gobiernos pro-occidentales, que parecen capaces de encauzar y contener cualesquiera desbordamientos peligrosos para los intereses imperialistas. Pero ya no se está tan seguro. Algunos gestos del nuevo gobierno egipcio presagian un cambio potencial, aunque sea menor. Y eso desasosiega.

Se ha aprovechado el pretexto de la insurrección de la provincia de Cirenaica (encabezada al parecer por la ya citada tribu Senussi) y la guerra civil desencadenada en Libia. Jazafi ha sido durante muchos años un buen amigo de Occidente, pero nunca ha sido de fiar para nadie ni puede serlo. En este momento, en la orilla sur del Mediterráneo, el único verdaderamente de fiar para Occidente es el rey Muhammad VI de Marruecos.

La ensordecedora alharaca humanitaria de la prensa venal y mendaz ha pasado súbitamente a demonizar al líder que hasta ayer nos presentaban como un pragmático, un gobernante que se adaptaba inteligentemente a los tiempos y al que había que seguir estimulando y halagando para afianzarlo como una barrera razonable contra el islamismo, contra la amenaza de Al Qaida.

¿Cuándo ha dejado Jazafi de ser bueno? ¿Hace una semana, hace dos, tres, cuatro ...? ¿Hace un año, dos, tres? Y ¿cómo es que, durante todo este tiempo, se le han vendido muchísimas armas, se han aprovechado sus servicios para reprimir a los inmigrantes transaharianos, se han acogido sus dineros con los brazos abiertos y se han utilizado sus vínculos africanos para imponer en el continente negro un nuevo panafricanismo neocolonialista por el que la Unión Africana se convierte en una obediente agencia de la dominación blanca?

Jazafi es un ser repugnante pero menos que Obama, Cameron, Sárközy y toda la turbamulta imperialista, oligárquica y colonialista, a cuyo servicio ha estado durante tanto tiempo y que ahora le paga como los dominadores pagan a sus lacayos cuando ya no les interesan. Los enemigos cirenaicos de Jazafi no son mejores que él. Son un conglomerado de renegados del propio régimen jazafista, jefes tribales reaccionarios y otros nostálgicos de la monarquía, admiradores de Occidente y combatientes de la fe coránica que planean instaurar la Sharía (y cuyos lazos con Al Qaida pueden no ser ninguna patraña).

De pronto todos aparecen como víctimas inocentes masacradas por las fuerzas militares del régimen de Jazafi, al que hay que parar para que no siga masacrando. No se nos cuenta (nunca se nos ha contado) cómo pasaron las ciudades de Cirenaica a estar en manos de los rebeldes o insurrectos. Sin duda había cuarteles de los cuerpos de seguridad. Tuvieron que ser asaltados. Con qué armas comenzó la rebelión, qué pasos se fueron dando para que lo que empezaba apareciendo como una serie de manifestaciones de masas desembocara en ese asalto al poder, eso todavía la prensa occidental no lo ha descrito; es más, ni se le ha ocurrido preguntarse por ello. (Repásense las noticias de la BBC: un día habla de las manifestaciones en Bengasi y al día siguiente afirma que la ciudad está en manos de los enemigos de Jazafi; ¿no ha habido un tránsito de lo uno a lo otro? ¿Cuál, cómo?)

En qué medida todo haya sido urdido y por quién es algo que posiblemente se llegue a saber. Los selectivos filtradores de Wikileaks pueden optar por dejárnoslo saber o no, según designios insondables de algunos jugadores más astutos, cuya identidad y cuyos propósitos están aún por averiguar. No me cabe duda de que la monarquía saudí y las otras petromonarquías árabes han estado maquinando todo eso y que han armado a la rebelión, como ahora secundan la agresión bélica del imperialismo.

Están todavía por determinar los planes de combate y acción militar, que se inauguran con esta operación, el Amanecer de la Odisea nada menos. No nos los van a contar. Actuarán como siempre: con campañas de prensa sensacionalistas y ensordecedoras en el momento preciso, callando lo que no conviene decir, manejando los hilos de una opinión ignorante y crédula a la que se embauca con facilidad para lanzar los ataques militares cuando y como más les convenga.

Hay varias posibilidades. Una es que van a por Jazafi para poner en su lugar a una criatura menos revoltosa y más mansa, que sirva de respaldo a eventuales intervenciones al oeste (Túnez, Argelia), al este (Egipto), al sur (Chad, Níger, indirectamente Malí) o al sureste (Sudán). Otra, más modesta, es que se trata de causar una partición fáctica (una más), con una independencia de Cirenaica bajo protectorado occidental, la cual serviría para varios de esos fines, aunque no para todos (siendo el principal el de vigilar y amenazar a Egipto).

Entre tanto, los bombardeos se nos presentan como hazañas, como proezas técnicas, con el alborozo de quienes siempre aclaman al matón más agresivo. La misma cantinela se repite: las bombas estallan sobre puestos o instalaciones «de Jazafi». Teniendo Libia una población de 5 millones de habitantes humanos, no hay sin duda probabilidad de que, al cabo de unos años, nos enteremos de una mortandad como la de Irak, donde las secuelas de la agresión estadounidense han provocado la muerte de 600.000 personas en los últimos ocho años. Pero lo que está claro es que las bombas matan y están para eso. No sólo matan. Muchas veces matar es lo de menos. Peor: dejan a la gente tullida, lisiada, agonizante de por vida, gravemente herida. Como ya han hecho los bombardeos yanquis en Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Yugoslavia, Somalia, Afganistán, Paquistán, Mesopotamia y los de sus aliados israelíes en Gaza y los franceses en Costa Ebúrnea, Chad y el Camerún, etc.

A Satanás lo acusan muchas veces de males que no comete. Al imperialismo occidental se lo acusa ahora de bombardear Libia por su petróleo. Es una calumnia. El petróleo es lo de menos. El suministro de hidrocarburos de momento no se asegura con la nueva agresión sino que se hace peligrar. Desde luego, si se adueñan de Libia como de Irak, los yacimientos formarán parte del botín. ¡Faltaría más! Siempre lo hicieron, siempre lo hacen, siempre lo harán. Pero los objetivos principales son otros, como en Somalia, Afganistán, Yugoslavia Irak. Se trata de afianzar la dominación mundial del imperio estadounidense y occidental. En suma de una meta como la que cualquier imperio ha perseguido desde que el mundo es mundo --sólo que ahora con unos medios que jamás estuvieron al alcance de Asurbanipal, Alejandro Magno o Gengis Kan.

Lorenzo Peña

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