Lorenzo Peña y Gonzalo

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Hoy me considero, antes que nada, un jurista, un hombre dedicado al Derecho. Por esa autoidentificación profesional y vocacional estoy afiliado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sin haber ejercido nunca el noble oficio de letrado; lo cual no me impide sentir satisfacción cuando me describen como "un abogado".

El Derecho al que me consagro en cuerpo y alma es la Nomología filosófica, el estudio académico del espíritu y del fundamento de los sistemas normativos como instituciones funcionalmente destinadas a promover y salvaguardar el bien común.

Tal dedicación guarda un estrecha afinidad con la filosofía política republicana que trato de desarrollar y que he expuesto en mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS, 2009.

La filosofía jurídica y política sólo empezó a ser el foco de mis estudios a mediados de los años noventa. Antes me había consagrado a la lógica matemática, la metafísica, la filosofía del lenguaje y, marginalmente, la historia de la filosofía, materias que enseñé en mi desempeño como profesor en la Universidad Pontificia del Ecuador y, posteriormente, en la de León, hasta que en 1987 accedí a la plaza de Investigador Científico en el CSIC.

Cabe subsumir lo producido en aquel período de mi vida (1973-95 aproximadamente) bajo el rótulo de "la ontofántica", un neologismo que acuñé para significar la indagación del ser desde su aparecer en el lenguaje.

El hilo conductor que va de mi precedente temática lógico-metafísica a la actual nomológico-jurídica es la lógica: una lógica contradictorial y gradualista sobre la cual he desarrollado una nueva lógica de las normas, la lógica jurisprudencial (también denominada `lógica juridicial' o `lógica nomológica').

miércoles, noviembre 09, 2011

LEGALIZACION DE ETA

Legalización de ETA
por Lorenzo Peña

2011-11-09


La declaración de la organización separatista vasca ETA prometiendo un cese definitivo de la acción violenta debería ser respondida por las organizaciones legales de la vida pública española con una campaña a favor de la legalización de ETA.

Dudo que haya habido persona alguna que haya opuesto argumentos más contundentes que los míos a las pretensiones políticas de ETA. En un número de escritos que no hace al caso citar he objetado --a lo largo, no de años, sino de varios lustros-- los presuntos fundamentos de la posición aberchale, la errónea creencia en una nación vasca diferenciada a la que asistiría un derecho colectivo de autodeterminación.

Ya en mi lejana juventud tuve oportunidad de formular tales objeciones, y decírselo en la cara a los líderes etarras, con quienes me entrevisté en París allá por el año 1967 (según lo cuento en mi autobiografía ¡Abajo la oligarquía!, cuyo título original era Amarga juventud: Un ensayo de egohistoria).

Aun rechazando, argumentadamente, las erróneas tesis de la izquierda aberchale y de su brazo armado, también es verdad que, a lo largo de los lustros pasados, propuse soluciones. Una de ellas fue un plebiscito de secesión con la condición de que los pueblos y aldeas donde triunfara el sí (siempre que hubiera quorum de votación) pasarían, ipso facto, a constituir un Estado políticamente separado de España, aunque fuera un rosario de enclaves, una especie de San Marino en múltiple (o en uno, si sólo un municipio o caserío adoptara esa decisión). El autor de estas páginas lo propuso sin albergar la menor ilusión de que se le hiciera caso. Nadie se lo hizo. Los batasunos y similares siguieron abogando por una brumosa soberanía y decisión del pueblo vasco, rechazada por los adeptos del patriotismo constitucional. Ni los unos ni los otros proponían nada para el supuesto de hecho más verosímil, que era el de que el sí a la separación triunfara localmente aquí o allá y fracasara en el conjunto de las tres Provincias Vascongadas.

También apoyé siempre las negociación del gobierno español con ETA, tanto las del que presidía el Lcdo Aznar cuanto las que llevó a cabo el Lcdo Rodríguez Zapatero. Siendo republicano y antimonárquico, adversario del actual sistema pseudodemocrático y nada parlamentario --donde domina la oligarquía financiera y terrateniente--, no por ello regateé mi patriótico respaldo al gobierno nacional en asuntos de Estado, como lo era llegar a un entendimiento pacífico con quienes, en aras del separatismo, acudían a la violencia letal.

Fracasadas las negociaciones, no cuestioné la legitimidad de la represión contra ETA, a pesar de venir efectuada por organizaciones represivas cuya disolución estaba yo, simultáneamente, proponiendo (sin que tampoco nadie pareciera escuchar).

Ahora todo eso es pasado. Ahora se trata de incorporar a ETA a la vida pacífica, a la convivencia. No pido ni propongo la modificación de la ley de partidos. Sé que en España no hay libertad de asociación. Y, siendo los partidos políticos unas estructuras de carácter semi-público --amparadas y subvencionadas a expensas del contribuyente e inscritas en el ordenamiento actual--, entiendo que estén sujetos a restricciones.

Mas, aunque en España no hay libertad de asociación, sí hay --en virtud del artículo 22 de la vigente constitución borbónica-- un limitado derecho de asociación. He criticado en el capítulo 8º mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS las abusivas restricciones al derecho asociativo que impone la ley orgánica 1/2002 sobre el derecho de asociación. Pero, aun en el marco de esa ley (que el PSOE en el gobierno en el septenio 2004-1011 no se ha preocupado por dulcificar) sería posible que se abriera un cauce para la legalización de ETA.

Los partidarios del sistema actual (que yo deploro) pierden, al no proponerlo, una ocasión de oro para afianzar su régimen político, confiriéndole una mayor legitimidad, al menos aparente. Pocas cosas serían tan beneficiosas para el sistema como que una ETA legalizada pudiera formar una asociación de electores que se presentara, con esas siglas, a unas elecciones, con un resultado electoral, si no exiguo, en todo caso decepcionante para las ambiciones de los inspiradores de todo ese desafortunado movimiento.

Es más, ante una perspectiva así aumentarían las probabilidades de división de la izquierda aberchale, entre los pro-ETA y los anti-ETA, teniendo que conformarse unos y otros con una cosecha de escaños seguramente poco honrosa, que iría desgastando ulteriormente la base de simpatizantes.

Nada mina una causa revolucionaria como la adaptación a la legalidad vigente. Y la causa de ETA era revolucionaria, aunque sea la de un revolucionarismo erróneo, descabellado, nefasto en sus metas y dañino en sus métodos.

Lo que a mí me lleva a enunciar esta propuesta no es mi deseo de que se refuerce el actual sistema político, ya que preferiría que, en lugar de eso, se abriera pronto una vía de cambio de régimen que condujera a la restauración de la República (de la República democrática de trabajadores de toda clase, la de 1931). Por principio, por afirmación de la libertad, creo que todos han de disfrutar del derecho de asociación libre; y que el ejercicio de ese derecho ha de estar sujeto sólo a las limitaciones más evidentes que sean imprescindibles para la paz social.

El que en el pasado una organización haya sido criminal no es ninguna razón válida para que esté hoy fuera de la ley. Nunca he pedido la ilegalización de la Falange ni la de los demás círculos que perpetraron la occisión de amplias masas de obreros, campesinos, intelectuales republicanos y personas simplemente leales al gobierno de su país (una occisión de la que dudo que existan cifras válidas y concluyentes, pero que ha sido, desde luego, no sólo la mayor en la historia de España sino también una de las más espeluznantes del siglo XX).

A efectos de existencia legal de asociaciones, lo pasado pasado.

Por favor, señores políticos de la monarquía borbónica, ¡sean Udes inteligentes, tengan un ápice de buen sentido, sean sensibles en algo al ideal y al valor de la libertad que tanto predican y, ante la renuncia a la violencia de quienes hasta ahora tercamente rechazaban entrar en la senda de la paz, otórguenles un sitio en la vida legal! Todos saldremos ganando.