Lorenzo Peña y Gonzalo

Mi foto
Tres Cantos, Spain
Tras una turbulenta y amarga juventud consagrada a la clandestina lucha revolucionaria, mi carrera académica me ha conducido a obtener las 2 licenciaturas de Filosofía y Derecho y asimismo los 2 Doctorados respectivos (en Filosofía, Universidad de Lieja, 1979; en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 2015). Soy también diplomado en Estudios Americanos; en cambio, si bien inicié (con éxito) la licenciatura en lingüística, no la culminé. Creador de la lógica gradualista, tras haberme dedicado a la metafísica y la filosofía del lenguaje, vengo consagrando los últimos 4 lustros a desarrollar una nueva lógica nomológica y aplicarla al Derecho: la lógica de las situaciones jurídicas, basada en la metafísica ontofántica que elaboré en los años 70 y 80. He sido profesor de las Universidades de Quito y León, Investigador visitante en Canberra e investigador científico del CSIC, habiendo sufrido la jubilación forzosa por edad en 2014 cuando había alcanzado el nivel máximo: Profesor de Investigación. Soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

martes, diciembre 23, 2008

LA CRISIS ECONOMICA

La crisis económica
por Lorenzo Peña


Todos hablan de la crisis económica. Pocos se han tomado la molestia de definir los conceptos que están usando. Cuando se aducen causas de la crisis o se proponen remedios, los argumentos suelen encerrar enormes debilidades, justamente porque está faltando un buen diagnóstico, el cual necesita un previo esclarecimiento conceptual.

Una crisis es una situación transitoria en la cual se sufre un fuerte empeoramiento o deterioro de la regularidad precedente que acabará dando paso a una nueva regularidad posterior en la cual se hayan superado los males de esa situación transitoria. La crisis es, así, un cierto lapso temporal, más o menos corto (en comparación con un largo período previo de relativa estabilidad y otro posterior).

Son, pues, menester dos condiciones. La una es la intermediación, entre un antes y un después, más estables y temporalmente más dilatados. La segunda es que ese antes y ese después estén menos cargados de las aflicciones que acompañan a la crisis. (Sólo hay crisis en tanto en cuanto ésta sea dolorosa --o al menos penosa, en algún sentido.)

No es una crisis un período de decadencia y hundimiento de un organismo viviente, o de una colectividad o de un sistema. Tales situaciones serán malas y precedidas por un antes mejor, pero no están seguidas por un después mejor. Tampoco es una crisis un mero viraje, un cambio, una mutación. No se atraviesa una crisis por terminar los estudios ni por contraer matrimonio, ni por tener un hijo.

Para que hoy podamos hablar de una crisis económica tenemos que determinar qué ente sufre esa crisis, qué males caracterizan a ésta, cuál ha sido el antes estable que la ha precedido y cuál (esperamos) será el después, asimismo estable, que la seguirá. Si no, usemos otro concepto diverso, no el de crisis.

La crisis económica es una crisis del sistema económico occidental. No es una crisis del capitalismo, porque el capitalismo nunca ha existido y, sobre todo, porque, en la medida en que existió un sistema preponderantemente capitalista, dejó de existir con la segunda guerra mundial. Lo que sí existe es un sistema económico occidental, cuyo eje está en los estados unidos y que abarca al Japón y a esa zona de la superficie terráquea que convencionalmente se considera Europa (principalmente occidental y central, hoy también en buena medida la oriental, aunque es dudoso hasta qué punto incluye a Rusia), América Latina y, en diferentes medidas, los países afro-asiáticos.

Ese sistema económico es mixto, con un sector público que oscila en torno al 50%. Ahí estriba la gran diferencia entre tal sistema y el que se consideró capitalista, que nunca llegó a serlo del todo, pero en el cual, efectivamente, el sector público era marcadamente minoritario.

Ya en los años 30 el régimen capitalista tuvo que ir cediendo el paso ante la estatalización inevitable, justamente a consecuencia de la crisis iniciada en 1929. Ésta fue crisis del sistema económico, mas no del capitalismo, porque después de la crisis ya no hubo capitalismo; la poderosa intervención del Estado en la economía durante los años 30 se incrementó en los 40 (durante la guerra y después de ésta), abriéndose un período de economía planificada por el Estado (eso sí, para no reconocerse ideológicamente vencidos, los occidentales dijeron que tal planificación era indicativa y no imperativa como la de Rusia; pero era vinculante para el sector público, que en ese período pasó frecuentemente a ser mayoritario en no pocos países, habiendo periclitado las principales empresas del sector privado).

Gracias a no ser (puramente) capitalista, el sistema económico internacional ha ido bandeándose desde 1945, con altibajos, con sacudidas, con convulsiones, con resquebrajamientos, con ciertos estrangulamientos pasajeros, sufriendo una erosión de lo público desde 1980, aproximadamente, pero, así y todo, sin volver a sucumbir en un torbellino parecido al de 1929.

Y es que, entre tanto, las cosas habían cambiado. El poderoso sector público amortiguaba los zigzags del sector privado e introducía un elemento de planificación en el caos de la economía mercantil. Pese a la erosión neoliberal, las políticas redistributivas no dejaron de existir (aunque ciertamente estuvieran en franco retroceso, sobre todo tras el hundimiento de la URSS, que servía de baluarte de la ideología igualitaria); gracias a lo cual la demanda se mantenía con cierto vigor y se iba evitando el estrangulamiento del mercado.

En un sistema de economía mercantil se produce una crisis como consecuencia de un desfase entre oferta y demanda. Tal desfase surge de que los empresarios producen y tratan de vender mercancías que la demanda no puede absorber, o sea que se quedan sin vender.

La propia economía mercantil tiene mecanismos para ir evitando ese desfase, que son los de la ley de Say: el fabricante de una línea de productos contrata mano de obra y compra materias primas y otros insumos; al hacerlo, está comprando algo --mano de obra, materias primas, locales, lo que sea--, transfiriendo, así, un poder de compra, un dinero que él tenía a otros, que podrán gastarlo en otras adquisiciones. Su fabricación genera, pues, una capacidad de compra, y --en un efecto multiplicador y propagador-- ésta suele acabar repercutiendo en un indirecto aumento de la demanda incluso de la mercancía así fabricada.

Sin embargo los mecanismos de la ley de Say no garantizan nada. La economía mercantil es desordenada y caótica; en esa anarquía, la oferta tiende a concentrarse en los sectores más lucrativos y la demanda en los más económicos, con lo cual acaba por estallar una superproducción, que empieza justamente en los ramos que estaban siendo negocios más jugosos, porque en ellos es donde los productores han concentrado su oferta, que la demanda no ha podido seguir por carecer de poder de compra suficiente.

Justamente la economía planificada evita esos males, porque la producción se ajusta a un plan lo mismo que la demanda. En la economía planificada pueden surgir desfases, errores o descuidos, que determinen un funcionamiento subóptimo del plan, pero, en la medida en que ha habido economías planificadas, nunca han sufrido éstas crisis de superproducción.

La economía mixta de los países occidentales desde 1945, en parte planificada, logró ir escapando a las crisis de superproducción. Fueron surgiendo después de 1975 cuellos de botella que empezaban a parecerse a tales crisis, al irse abandonando el concepto del plan económico, según las pautas desreguladoras de lo que acabaría siendo el neoliberalismo --o sea un intento (felizmente fallido) de retorno al capitalismo.

Mas hasta 2005 o así, mal que bien, continuaba la expansión de la producción y de la demanda (en su doble vertiente de demanda de inversión y demanda de consumo).

Los dos factores que han determinado el estallido de 2006-2007 han sido:

  1. La desregulación, que ha dejado una libertad excesiva a los empresarios para producir lo que quisieran como quisieran, en las condiciones que quisieran, pagando los salarios que quisieran, rebajando considerablemente los mecanismos estabilizadores de la planificación estatal y de la redistribución estatalmente ordenada.

  2. La concentración de la producción principalmente en dos sectores particularmente lucrativos, en los cuales la demanda no podía seguir: construcción y automóvil.

Las causas por las cuales la demanda no podía seguir a la oferta en esos dos sectores son múltiples. Lo que ha fracasado con esta crisis (considerémosla provisionalmente tal) es algo más que el capitalismo (en la medida en que éste existe), algo más que la economía mercantil: un modelo de vida en común equivocado. Mas no equivocado por las falsas razones de los ecolo-maltusianos, de los pauperistas y descrecedores, que serían un consumo excesivo y una prosperidad mayor de lo ecológicamente sostenible. Eso es una pura fábula. Vivimos en una economía de escasez y sólo una ínfima minoría de la población mundial vive en el lujo (es una minoría que, por cierto, ahorra proporcionalmente más, o sea gasta menos --en relación a su riqueza y a su renta--, contribuyendo menos a la expansión de la demanda; el daño que hace a la economía no estriba en sus gastos lujosos, en sus yates, en sus fiestas --aparte de que todo eso sea moralmente censurable--, sino en que deja atesorado un porcentaje importante de su renta, que no alimenta la circulación económica).

Lo equivocado en el modelo de vida colectiva de los últimos decenios es la sociedad que, para simplificar, podemos ver como la de chalet-y- coches, que se caracteriza por trece rasgos:

  1. sustitúyese la oferta masiva de viviendas en alquiler (modelo preponderante hasta 1960) por la vivienda primaria en propiedad (con una tendencia --más o menos realizada según los países-- a que cada hogar habite en una vivienda de la cual sea propietario);

  2. edificaciones bajas, ya sea en su forma extrema del chalet (el pavillon de los franceses), ya sea en una forma atenuada, la de inmuebles de pocos pisos, intercalados por zonas de césped, en un tipo de entorno urbano alejadísimo de la ciudad decimonónica (que era el de calles con anchas aceras peatonales e inmuebles agrupados en manzanas);

  3. las distancias se hacen excesivas para el desplazamiento a pie y la densidad demasiado baja para permitir eficientes redes de transporte público que conecten las paradas con los domicilios;

  4. el medio preponderante o único de transporte es, cada vez más, el coche privado; evolutivamente, como un coche por hogar es insuficiente, cada familia va acumulando un número de vehículos particulares;

  5. surge la necesidad de dotar a las casas de plazas de garaje individuales; en consecuencia tiende a rebajarse aún más el número de plantas de los inmuebles y a situarse las edificaciones más lejos del centro, para poder hallar terreno suficiente para tales garajes y para descongestionar la circulación vial;

  6. el resultado es un aumento del número de coches y un ulterior deterioro de la circulación vial, a la vez que la red de transporte público está cada vez más lejos de ser satisfactoria para el sector minoritario de la población que tiene que seguir recurriendo a él (el sector de menos ingresos generalmente);

  7. los alojamientos así levantados --ya sean casas particulares ya sean inmuebles de baja altura--, a pesar de su creciente lejanía, implican un gasto excesivo de suelo (con relación al número de personas alojadas), porque hay que limitar la altura de los edificios a fin de reservar espacio para las plazas de garaje; así resulta que tales alojamientos acaban siendo angostos;

  8. para compensar esa falta de espacio habitado y para amortiguar el efecto deletéreo de la distancia respecto de las instalaciones de los servicios públicos, se ofrece a los nuevos propietarios una serie de presuntas ventajas, como piscinas particulares, jardín privado, vigilancia, terreno deportivo segregado;

  9. esa evolución tiende a encarecer aún más la adquisición y el mantenimiento de las viviendas, ya demasiado caras por el escaso número de plantas por inmueble; el resultado es que las edificaciones se levantan en sitios aún más alejados;

  10. la frustración que produce ese género de vida se compensa ofreciendo un nuevo tipo de mercancía: la vivienda secundaria; puestos a vivir ya tan lejos, se aleja uno un poco más y tiene otra vivienda campestre (o presuntamente tal);

  11. el encarecimiento constante de las viviendas que resulta de las causas anteriores convierte a los inmuebles en bienes de ahorro, porque quien compra un bien así sabe que un tiempo después podrá venderlo más caro;

  12. al dejar de existir las series de inmuebles del mismo dueño que se ofrecían en alquiler, las únicas ofertas de pisos en arriendo pasan a ser las de propietarios que las han adquirido (generalmente como un bien de ahorro) y que acceden a alquilarlas, con un arriendo muy caro (para que la inversión sea rentable, dado el vertiginoso incremento de los precios del negocio inmobiliario y de las cargas), con lo cual tiende a extinguirse aún más la cultura del alquiler: la baja de oferta acarrea una baja de demanda (porque la demanda siempre tiende a ajustarse en función de la oferta), con lo cual pocos son los hogares interesados en convertirse en inquilinos, pensando que esa opción es ruinosa y aleja la perspectiva de llegar a ser propietarios;

  13. la cultura de la propiedad inmobiliaria y la masiva desafección al alquiler (falta de oferta y falta de demanda) causan dos graves problemas sociales: 1º) rigidez de la oferta de mano de obra (pocos están dispuestos a irse a vivir a otra ciudad y se produce un rechazo a los recorridos diarios en coche excesivamente largos, aparte de que para los más desfavorecidos no es viable el recurso automovilístico); y 2º) permanencia excesiva de los ex-jóvenes en los domicilios paternos.

Vivienda en propiedad y coche van de la mano en ese modelo. El problema estriba en que todo eso va subiendo y subiendo, no sólo porque para eso se hace el negocio, sino porque el producto ofrecido al consumidor es cada vez más costoso en espacio y recursos. Repercute sobre la colectividad trazar y mantener las conducciones de suministro, abastecimiento y desagüe así como las vías de acceso (preferentemente por automóvil). Y, antes o después, eso acaba repercutiendo en un precio más caro, según se van aumentando las distancias.

El mercado se va saturando. Los precios cada vez más elevados sirven para pagar una mercancía cada vez peor: viviendas más exiguas en ubicaciones cada vez más alejadas y peor comunicadas, con dificultades crecientes de aparcamiento para los varios vehículos de la familia, con estrangulamientos circulatorios a las horas punta y con servicios públicos cada vez menos rentables.

Además, en los casos de países que sufren aridez el gasto de agua pasa a ser excesivo. Y en todos los casos hay un derroche energético (principalmente para el transporte) que empieza a desbordar lo socialmente tolerable. Se establecen tributos ecológicos que encarecen aún más ese modelo.

A la altura de 2005 se empezaba a barruntar la superproducción: un sector de la demanda se iba retrayendo; en parte porque ya no podía seguir; en parte porque no quería, porque lo ofrecido era demasiado caro, demasiado costoso a medio plazo, para la calidad que se ofrecía. Y así surgieron los primeros invendidos.

Al surgir los invendidos, las empresas de comercialización de las viviendas empezaron a verse empujadas a suspender pagos; eso repercutió en las constructoras; éstas comenzaron a despedir personal y a reducir sus compras de materias primas y de solares; eso ha contraído toda la demanda, con un efecto multiplicador del invendido.

Los invendidos edificatorios se han traducido en invendidos del automóvil, porque el acicate para las ventas de coches es justamente la necesidad que tiene la gente de comprar varios por familia para vivir en las nuevas residencias primarias y secundarias muy alejadas. Los invendidos del automóvil han propagado el estrangulamiento a todos los ramos de la economía.

Toda esta descripción ni siquiera ha mencionado al crédito. Éste puede existir o no existir sin que cambie nada sustancial, porque el crédito es simplemente un aplazamiento. El crédito no hace milagros: no crea demanda donde ésta no existía ni da absolutamente nada a nadie; la capacidad de compra que hay con crédito la hay sin crédito, ya que el préstamo sólo permite pagar después pagando más; altera el momento del pago incrementando el monto de ese pago y colocando un intermediario entre comprador y vendedor (la entidad financiadora).

De suerte que las causas de las dificultades presentes no están en las hipotecas ni en el tipo de interés. Podemos reconstruir todo lo que ha sucedido prescindiendo estrictamente de los intermediarios de la banca y suponiendo tan sólo a los oferentes de viviendas (y coches) y a sus compradores, independientemente de que compren a plazos o al contado. Si acaso, el préstamo puede diferir el momento en que empiezan a surgir los invendidos (o los impagados, que es igual) y puede, durante un breve lapso, disimular el desfase entre oferta y demanda. Donde ésta es insuficiente, acaba manifestándose tal insuficiencia a pesar de los préstamos --sólo que ahora justamente la manifestación surge en el momento de reembolsar el préstamo.

Las dificultades que acompañan al modelo recién analizado podrían atenuarse si subieran los salarios en proporción suficiente. Aun así acabarían dándose los invendidos, porque esa espiral de precios (uno compra caro para, en caso de dificultad, revender aún más caro) tiene una cota; puede continuar un tiempo mas no indefinidamente, porque, al final, falta poder de compra. Un comprador de un bien inmueble, ante un apuro, ya no puede revenderlo más caro de lo que lo compró, y ese primer invendido va repercutiendo el estrangulamiento del mercado inmobiliario hasta su arranque, y se propaga a toda la economía mercantil.

Felizmente está el sector público; mas, al haberse adelgazado éste, su efecto amortiguador y redistributivo es menor.

La crisis de 1929 fue crisis de la economía y significó el final del capitalismo, inaugurando el período de la economía mixta, estatalmente intervenida.

La crisis de 2007 es una nueva crisis de la economía y marca el fin del retorno al capitalismo que era el movimiento neoliberal, hoy moribundo. Las recetas no son multiplicables según la fertilidad de la imaginación. Hay sector público y sector privado. Éste es derrochador, ineficiente, caótico, aleatorio, canceroso. En los años treinta los capitalistas tuvieron que aceptar --aunque fuera a regañadientes y a la chita callando-- planes de fuerte intervención estatal y de expansión del sector público --que entonces se atribuyeron a la influencia de Keynes. Ahora sus propios agentes en los gobiernos reaccionarios han decidido, de la noche a la mañana, acudir a procedimientos parcialmente similares, aunque con una triple particularidad:

  • (1ª) las medidas de intervención pública han sido esta vez más rápidas y drásticas que hace setentaitantos años;

  • (2ª) han ido acompañadas de la cantinela de que son provisionales y sólo de emergencia;

  • (3ª) no se ha tomado la medida principal, la más necesaria, a saber: la inversión pública para aumentar y mejorar la oferta de obras públicas y de bienes industriales (desconociendo la ley de Say y fijándose miopemente sólo en el cortísimo plazo, o sea en la necesidad de hinchar directamente la demanda, en lugar de hacerlo a través de la oferta).

En un artículo posterior analizaré algunas de las medidas de los mal llamados «planes de reactivación» --en particular los tomados por el gobierno borbónico-- y propondré algunas alternativas más eficaces.

Hace cerca de veinte años se derruyó el sistema soviético de economía planificada. Con sus insuficiencias, sus fallas y sus derivas, fue (y hoy lo vemos por contraste) el mejor sistema económico de la historia. Hoy hace falta un nuevo sistema de economía estatal planificada, ojalá más perfeccionado gracias a las nuevas técnicas y a una mayor capacidad productiva.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2008-12-23
El autor permite a todos reproducir y difundir íntegra y textualmente este escrito.







viernes, diciembre 19, 2008

EL ODIOSO RACISMO DEL PODER BORBONICO

El odioso racismo del poder borbónico
por Lorenzo Peña


El Gobierno de Su Majestad está llevando a cabo una endemoniada campaña contra los inmigrantes, que vehicula un mensaje apenas velado: en una situación de crisis económica, éstos están de más en la población española y harían bien en largarse.

A los demás habitantes se les transmite la idea de que esa presencia inmigrante es perjudicial (al menos en las circunstancias actuales); se nos quiere hacer creer que una solución, al menos parcial, a nuestras dificultades sociales y económicas estaría en que se volvieran a su país quienes han venido a España (salvo --como lo deja claro el machacón y invasor anuncio-- quienes vienen de más al norte).

Agresivamente colocado para que uno se dé de bruces con él muchas veces cada día, el pasquín de marras exhibe el rostro de una mujer joven de tez clara (para que no se los acuse de racismo) pero de unas facciones discerniblemente no-europeas; el blanco del ataque lo constituyen, inconfundiblemente, los inmigrantes del sur.

Las palabras escritas en el cartel son del siguiente tenor: «Si estás pensando en regresar [en caracteres enormes] Plan de retorno voluntario [en letra mucho más pequeña]. Tú eliges tu futuro. Gobierno de España».

Será gobierno de España, pero no es gobierno para España. Un gobierno para España sería uno que colocara el interés nacional por encima de todo. Y el máximo interés de la nación española estriba en que nuestra Patria salga de su tremenda debilidad demográfica (lo cual es hoy perfectamente posible a pesar de la mayor aridez de nuestra tierras --que para algo ha tenido lugar la revolución tecnológica). La densidad de población de España es una de las más bajas de la Unión Europea; nuestra escasa población ha sido y sigue siendo utilizada por nuestros enemigos de siempre (Francia, Alemania, Inglaterra) para humillarnos y arrinconarnos, dejándonos con una menguada representación en las instituciones paneuropeas.

Eso explica la furia de los reaccionarios de París, Berlín y Londres cuando el gobierno del Lcdo. Rodríguez Zapatero, en su primera legislatura (ya sabemos que segundas partes nunca fueron buenas), regularizó, por varios procedimientos, a muchos cientos de miles de inmigrantes, bastantes de ellos provenientes de la España de ultramar (o sea, en realidad, personas que retornaban a la tierra de algunos de sus antepasados).

Y es que el incremento demográfico de España lo veían como una causa de reforzamiento de nuestra capacidad negociadora para defender --ante esas instituciones que siempre nos son tan hostiles-- nuestra agricultura, nuestra industria (lo poco que queda), nuestro comercio, nuestras inversiones. (Porque, evidentemente, lo que quieren los imperialistas septentrionales es --para favorecer sus intereses de penetración en los países del sur-- hacer concesiones a costa de sectores como nuestra agricultura mediterránea; tener más diputados en Estrasburgo es una instrumento decisivo para protegernos de tales acometidas.)

Que la población de España quede diezmada y que se pierda el impulso recuperador que se había iniciado gracias a nuestra hospitalidad es, pues, lo más funesto para nuestros intereses nacionales. (Sin hablar ya de que cada pareja de inmigrantes jóvenes que abandone España implica una acentuación de la baja de la natalidad, que es la mayor amenaza para nuestro futuro colectivo.)

Esa nueva campaña de xenofobia disimulada es, por consiguiente, absolutamente condenable por ser contraria al interés nacional. Lo que interesa al pueblo español es mostrar, ante el mal tiempo de la crisis económica, la buena cara de la entereza y de la hermandad, dando a todos los habitantes las mismas posibilidades de compartir los frutos de la solidaridad y del Estado del bienestar que los inmigrantes han contribuido a levantar con su trabajo (mucho más sacrificado que el nuestro en los lustros recientes). Y así capear el temporal. No sea que nos vuelva a pasar lo que sucedió con la reconversión industrial de los años 80, de infausta memoria: en vez de aguantar, con subvenciones, a que llegara una nueva fase de expansión de la demanda foránea, se cerraron nuestras acerías, nuestros astilleros, nuestras fábricas metalúrgicas; y luego hubo que importar de fuera raíles, locomotoras y vagones cuando, con mucho retraso, se acabó por entender la necesidad de los trenes de alta velocidad.

El hombre es el capital más valioso --en frase de alguien cuyo nombre amarga a nuestros potentados--. Perder la masa inmigrante que hemos conseguido atraer sería una catástrofe casi equivalente a una guerra. (Quizá el peor cataclismo de nuestra historia nacional fue la expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII.) Eso sería mucho más grave que la reconversión industrial de hace cuatro o cinco lustros.

Pero hay otras cuatro razones por las cuales el retorno masivo asolaría nuestra economía.

(1ª) Sufriría un golpe demoledor la ya menguada demanda interna, que es la principal (España es un país poco exportador, a diferencia de Alemania).

(2ª) Al escasear la oferta de mano de obra en condiciones propicias para el pequeño y medio empresario (por mayor disponibilidad laboral), bajaría la propia demanda (por un efecto de la ley de Say), ya que el empresariado regula su demanda de mano de obra (su oferta de trabajo) en función --entre otras variables-- de las expectativas de contratación laboral. El resultado de tal contracción sería un ulterior incremento del desempleo (aunque parezca paradójico).

(3ª) Ese retorno perjudicaría a nuestra balanza de pagos (las prestaciones de seguridad social a que tengan derecho los retornados se abonarían a sus países --salida de divisas--, en lugar de quedarse en España para aumentar la demanda interna).

(4ª) Una serie de servicios públicos se verían gravemente afectados, al perder una parte importante de sus usuarios; la consecuencia sería una reducción de los mismos, en detrimento de los demás usuarios. (Eso sería así con relación al ya enormemente deficiente transporte público.)

Lejos, pues, de poner mala cara a los inmigrantes, el interés nacional es mimarlos, hacerles ver que, aunque ahora tengan que apretarse en cinturón, siguen siendo los bienvenidos entre nosotros y que los animamos a quedarse, porque consideramos --y siempre hemos considerado-- que es un favor y un honor que nos hacen el haber escogido nuestra tierra para venir a vivir aquí y compartir una convivencia social con nosotros.

Al margen de esas razones de interés, hay razones éticas. Dar a entender que, cuando las cosas van mal, lo mejor que pueden hacer es volverse a su país y que aquí ya no son bienvenidos es una actitud incompatible con los valores de hermandad humana y de solidaridad entre los habitantes de un territorio llamados --por vocación de su convivencia-- a compartir penas y alegrías, prosperidad y penuria, vacas gordas y vacas flacas.

Siendo todo eso muy grave, peor aún que el aviso (camuflado) de desdén y rechazo al inmigrante que, presuntamente, estaría ya de más entre nosotros, peor también que el catastrófico resultado que se seguiría si se cumpliera tan malhadado plan de retorno, es el mensaje que se transmite a la población española (o la europea), a saber: que, en tiempos de crisis, lo mejor que nos puede pasar es que se vuelvan a casa los inmigrantes y que nos dejen solos.

Claro que el anuncio gubernamental evita la zafiedad de decirlo así en tales términos. Tras una apariencia de simpatía, el contenido vehiculado es, de todos modos, el recién indicado: «¿Ves todos esos rostros foráneos? ¡Ojalá, en los tiempos que corren, se vayan al lugar de donde vinieron; nos irá mejor y les irá mejor a ellos». En suma algo que no dista conceptualmente mucho de la vieja idea xenofóbica: «No tengo nada contra los inmigrantes [latinoamericanos, chinos, africanos, árabes, etc], pero cada uno en su país».

Felizmente esa diabólica propaganda no producirá muchos efectos en lo tocante a empujar al retorno, dizque voluntario, a los inmigrantes que atraviesen dificultades laborales a causa de la crisis (una crisis, huelga decirlo, que ellos no han provocado). Lo verdaderamente deletéreo es el efecto de socavar las buenas relaciones entre españoles y extranjeros, haciendo que los primeros se sientan molestos por la continuada presencia de los segundos y éstos, a su vez, se sientan incómodos de permanecer en España, cuando se los está exhortando al retorno (por mucho que se edulcore ese mensaje con la frase ritual «Tú decides tu futuro»).

Ya hemos sufrido otras campañas publicitarias de hostigamiento, como la intimidación contra la copia informal de contenidos por vía electrónica. Siendo cualquier publicidad institucional una agresión anticívica, ésta de ahora bate un récord por lo odiosa que es. Muy buena opinión de este gobierno no teníamos, pero esto de ahora decepciona nuestra intención de querer creer que a tanto no llegarían.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2008-12-19
El autor permite a todos reproducir y difundir íntegra y textualmente este escrito.







martes, julio 01, 2008

La malvada Europa

La malvada Europa (¿otra mafia es posible?)
por Lorenzo Peña

2008-06-30


Ha producido un gran revuelo la reciente directiva de retorno forzoso de inmigrantes desprovistos de autorización administrativa (inmigrantes indocumentados o humanos ilegales). Hay que loar, desde luego, los buenos sentimientos de quienes se indignan porque la Unión Europea --presuntamente campeona de los derechos humanos-- inscriba en su normativa la previsión de que sean encerrados (o sea, de hecho, encarcelados), hasta una duración de año y medio, seres humanos a quienes no se reprocha nada. Sin embargo, tendrían que reflexionar más a fondo en el asunto.

Lo esencial estriba en si es lícito encontrarse en el territorio de un estado sin haber obtenido la previa autorización del gobierno.

Si es lícito, lo verdaderamente condenable es que a seres humanos a quienes no se acusa de ningún ilícito se les imponga una restricción de libertad. Que la duración sea de 1 día, de 1 año o de 1 siglo es, sin duda, una circunstancia a tener en cuenta --porque hay una diferencia de grado. Mas poco he oído que quienes están ahora mostrando su indignación sostengan que el hecho de hallarse en un territorio estatal sin permiso del gobierno sea en sí un hecho lícito. Ellos creen que es ilícito.

Tal como están hoy las cosas, el gobierno otorga ese permiso en dos casos: (1) automáticamente a quienes son engendrados por un nacional del país --y, ya más restringidamente, a los nacionales de otro país de la Unión Europea--; (2) selectiva y discrecionalmente a ciertos nacionales de países extracomunitarios si le conviene. Eso sucede así en todos los estados europeos.

Lo que yo sostengo es que las leyes que así lo establecen son contrarias al derecho natural, el cual ha de prevalecer. Por consiguiente, la mera presencia de un extranjero extracomunitario desprovisto de autorización gubernamental podrá ser ilícita según el derecho positivo, pero es lícita según la ley natural, la cual tiene mayor fuerza de obligar.

Y es que, de suyo, estar es un acto lícito, lo mismo que andar, ir y venir. Todos tienen el derecho a vivir. Vivir implica estar, ir y venir. (Estamos hablando de vida humana.)

Rehusar a alguien el derecho a estar, salvo que sea en su país de origen, es someter su derecho a vivir a una condición (y a una tremenda restricción en el caso, p.ej., de un oriundo de Nauru, Jamaica o São Tomé). Si se admite eso, es que no tiene derecho a vivir, sino sólo derecho a vivir con tal que sea en su país. No tiene un derecho incondicional a la vida.

Por eso, a tenor de la doctrina que los considera inmigrantes ilícitos, son seres humanos ilegales; es su ser mismo, su vida misma lo que es ilegal. No deberían vivir, como no sea en su propio país.

Mas, si aceptamos esa doctrina, entonces encerrar a alguien por ser un humano ilegal puede ser una medida justa, como sanción a su ilegalidad; a la ilegalidad que perpetra por el mero hecho de vivir, sin hacerlo en su país. De ser así, es comprensible que el ordenamiento jurídico sancione esa ilegalidad. ¿Con cuánta dureza? Tanta como ilegalidad haya en su vivir, o en su estar (salvo, insisto, en su territorio de origen donde el gobierno sí les permite estar). Del grado de ilegalidad dependerá lo que dure el encarcelamiento (en los «centros de retención»). Unos estados europeos lo verán más grave y harán que dure años y años (cual, al parecer, practican algunos de los estados de la Unión Europea, ese dechado de perfección jurídico-constitucional). Otros más benignos, como España, limitarán más ese período.

Si, en cambio, sostenemos que todos los seres humanos tienen derecho a ser, derecho a vivir, derecho a estar --un derecho incondicional--, entonces actúan lícitamente quienes, aun sin haber obtenido permiso del gobierno, viajan de un país a otro (por los medios a su alcance) y se radican en otro lugar diverso de donde han nacido.

Si eso es así --como yo lo sostengo--, entonces lo injusto es que se exija autorización gubernativa para vivir, para viajar, para estar.

Los seres humanos no tenemos un derecho incondicional a vender, ni un derecho incondicional a conducir automóviles, ni un derecho incondicional a emitir anhídrido carbónico; no figuran ésos en la lista de los derechos del hombre. Por eso el disfrute y ejercicio de tales derechos viene configurado por la ley y sujeto a condiciones.

Mas el disfrute de los derechos fundamentales no puede venir configurado ni establecido en la ley promulgada por el legislador, sino que viene de la naturaleza misma del ser humano, de la vigencia del valor de la hermandad entre los miembros de la familia humana, del orden justo de la convivencia entre los hombres. Son derechos del hombre.

Justificadamente puede el legislador someter a ciertas condiciones determinados ejercicios de tales derechos. Lo que va contra el derecho natural es imponerles una limitación o una condición tan absoluta que elimine su núcleo esencial. Si un jamaicano sólo tiene derecho a vivir mientras no salga de su isla es que no tiene derecho a vivir; no tiene derecho a ser un ser humano. (Es como si el derecho a la libertad de pensamiento se sujeta a la condición de pensar como lo mande el gobierno; eso suprime tal derecho.)

Así pues, creo que lo que hay que sostener --frente al criminal parlamento europeo (un atajo de granujas y malvados)--, es que se debe reconocer que ningún ser humano es ilegal; que entre las cosas que cabe lícitamente reprochar a alguien nunca puede figurar la de estar, la de vivir; ni, por lo tanto, la de estar en tal territorio.

Muchos sostienen que los seres humanos no tienen un derecho incondicional a ser, a estar, a vivir y que, por consiguiente, los gobiernos tienen derecho a encerrar, «devolver» y expulsar a quienes sean seres ilegales. Piensan así todos los partidos políticos de la Unión Europea. Sostienen que hay hechos que no hacen daño a nadie pero que son y han de ser ilícitos porque lo manda la ley, su ley. Y es que no reconocen ni acatan el derecho natural. Europa no reconoce el derecho natural.

Lo que yo reprocho a quienes así piensan es que no inscriban esa acción ilegal en el código penal. Si creen, de veras, que el inmigrante indocumentado está, por el mero hecho de serlo, perpetrando una ilegalidad --y una ilegalidad de suficiente envergadura como para ser sancionable, no con una simple multa, sino con una privación de libertad ambulatoria--, entonces --si creen (como se ufanan de hacerlo) en el estado de derecho-- deberían tipificar el delito o la falta penal de inmigración ilícita.

Lejos de empeorar la situación de los ilegales, ello les daría garantías procesales. Habrían de ser juzgados por un juez o tribunal, según el código penal, con el sostén de un abogado (a los abogados nos vendría bien esa ampliación de nuestras salidas profesionales). Podríamos entonces los abogados alegar:

  1. las causas de exculpación o de atenuación de la culpa (como la obcecación, el miedo, la ignorancia, la menor edad);

  2. las eximentes de ilicitud [art. 20 de nuestro código penal], como son el cumplimiento de un deber (p.ej. el de padre o madre de familia) y el estado de necesidad.

Si robar es lícito en ciertos casos (en estado de necesidad) --y eso según nuestra legislación positiva--, con mayor razón será el mero vivir, el mero estar, el mero haber viajado.

Además, de insertarse en el código penal el delito o la falta de vivir en el territorio sin permiso gubernativo, sería menester determinar (¿o no vivimos en un estado de derecho?) cuál es el bien jurídico tutelado para cuya preservación se establece tal delito o falta. En un estado de derecho cada delito o falta se establece para proteger un bien, algo considerado valioso por la sociedad. ¿Cuál sería ese algo en este caso?

En algunas sociedades es ilícito entregarse a flujos amatorios sin permiso de la autoridad. O a flujos ambulatorios. Son países donde no se respetan los derechos humanos y no hay un estado de derecho. Aquí los flujos amatorios son lícitos, igual que los flujos ambulatorios, los flujos de ideas y demás flujos. (Tal o cual ejercicio estará limitado por la ley; p.ej. en España y en Inglaterra no se puede hablar mal del monarca reinante; en Alemania y en Francia son ilícitas ciertas opiniones históricas; se consideran excepciones.)

Mientras son lícitos los flujos amatorios, ¿son ilícitos los migratorios? ¿Vivir, existir, migrar, viajar es ilícito y, en cambio, amar lícito?

La Unión Europea es un club de malhechores, una panda de monstruos. Pero el problema es más hondo. Europa es irreformable. O, mejor dicho, lo que sólo puede ser un mal es que haya Unión Europea.

Es la unidad de Europa lo que es un mal. Europa dispersa, disgregada, no es ni un bien ni un mal. Europa unida, congregada, en alianza, es un mal. Lo es ahora. Lo será siempre, con capitalismo o con socialismo, con propiedad privada o sin ella, con monarquía o con república. Y ello es así porque difícilmente puede estar unido, si no es para algo malo, un conglomerado tan variopinto de territorios sin ningún común denominador --salvo estar a un lado de una línea artificialmente trazada sobre el mapa--.

Para el bien no hace falta hacer rancho aparte del resto de la humanidad. Para el bien, para los fines lícitos de la vida, lo normal es que se congreguen y reúnan pueblos con lazos históricos, lingüísticos, familiares, afectivos, culturales. Un club en el que sólo se entra por cooptación, selectivamente, según un criterio territorial que nadie ha definido, y para otorgar privilegios a sus integrantes, sólo se justificaría como una medida de autodefensa. Aun así sería muy turbio. (Turbia es la unión africana, otro engendro antinatural; sólo que son pobres --bueno, el instigador, coronel Jazafi, no lo es--; y podemos concederles venia.)

Europa es para el mal. No es para hacer la paz, sino la guerra: la guerra a los del sur, la guerra a los pobres; hacerla, eso sí, aunadamente. Sólo puede ser para el mal. ¿Otra Europa es posible? ¡Ya, y otra mafia también! ¿Es deseable?


miércoles, junio 04, 2008

La censura de Google

La censura de Google
por Lorenzo Peña

2008-06-03


Una de mis contribuciones a la ampliación del conocimiento público es una galería de imágenes, la Iconoteca Republicana «Bartolomé Murillo» (integrada en la publicación electrónica ESPAÑA ROJA); en ella he reunido varias colecciones:

Aunque modesta, la iconoteca «Bartolomé Murillo» ha sido muy bien recibida por el vasto público al que va destinada; ha sido amplia y profusamente referenciada por un número de catálogos y motores de busca (incluyendo Google, Yahoo, Picsearch, Altavista, etc); ha sido utilizada por un abanico de bitácoras para insertar imágenes de las que yo había coleccionado; pero, sobre todo, ha dado a conocer esas ilustraciones gráficas directamente a los muchísimos miles de lectores que a ellas han accedido.

Cada uno puede tener su opinión: sobre el gusto o la falta de gusto del coleccionador; sobre la conveniencia o no de desplegar tales imágenes; sobre los comentarios que acompañan a algunas de ellas; sobre las omisiones. (Así, p.ej., en la galería de imágenes sobre la II República hay fotos de Niceto Alcalá Zamora y de Luis Jiménez de Asúa; no las hay de otros líderes republicanos, como Sánchez Román, Lerroux, Azaña, Prieto, Marcelino Domingo, etc; comprendo que muchos se pregunten el porqué de mi opción.)

Tales imágenes vienen a ilustrar diversas facetas de las ideas y propuestas que se formulan en mi publicación digital ESPAÑA ROJA. Hubiérame gustado ampliar esa iconoteca, pero ello consume un tiempo excesivo. Por otro lado, a veces la selección ha sido producto de circunstancias fortuitas.

Desde hace algún tiempo (no sé exactamente cuánto), la empresa Google ha decidido someter a censura la iconoteca «Bartolomé Murillo», hasta tal punto que en la busca normal de imágenes sobre algún tema, sea el que fuere, no asoma ninguna ilustración gráfica del sitio http://eroj.org"> (ni tampoco de su espejo clonado eroj.net, alojado en netlink). A veces aparecen imágenes tomadas de mi iconoteca pero redesplegadas en otros sitios; ésas sí son mostradas por Google.

Sin embargo, al acceder al buscador de imágenes de Google, el usuario puede abrir una pestaña en la cual le es dado configurar sus preferencias de busca. Al hacerlo, tiene que seleccionar una de entre varias alternativas, o bien dejar la selección por defecto. Una de esas opciones se refiere al «SafeSearch Filtering». La explicación de Google es ésta: «Google's SafeSearch blocks web pages containing explicit sexual content from appearing in search results». Está claro, pues, que lo único que Google reconoce bloquear es un contenido explícitamente sexual; un sinónimo de «pornografía».

Ese bloqueo no siempre funciona bien; pero mi crítica no va por ahí (sé que no es fácil implementar algoritmos adecuados).

Lo que critico es lo siguiente: si al lector se le ocurre optar por la tercera de las alternativas que figuran en esa opción («Do not filter my search results») --aceptando así que puedan aparecer en su pantalla cosas que no son nada bonitas de ver--, entonces, y sólo entonces, Google acepta desplegar las ilustraciones de mi iconoteca; ya sea sobre banderas republicanas españolas, ya sea sobre cuadros de Murillo, ya sea sobre la esclavitud en los USA; sobre lo que sea.

A los lectores normales y corrientes, que no han determinado preferencias y que, por consiguiente, acceden con la configuración por defecto --o sea, con el filtro moderado activado--, Google les impide ver las imágenes de ESPAÑA ROJA.

Google es, evidentemente, muy dueña de obrar así. Es una empresa privada con ánimo de lucro, que gana dinero con la publicidad. Y es conjeturable que sus ingresos publicitarios puedan estar negativamente afectados si facilita el acceso a páginas gráficas como las de ESPAÑA ROJA.

Lo que es deshonesto es invocar un motivo absolutamente falaz; bloquear tales imágenes aduciendo que tienen un contenido sexual explícito. No tienen ninguno, ni explícito ni implícito (como no sea alguno de los cuadros de Murillo).

Así, Google agrava su censura, obviamente política, con el engaño a sus usuarios. Dejo a otros la tarea de llevar a cabo una investigación acerca de cuántas filtraciones similares son operadas por Google o por otros motores de busca, cuya objetividad queda así flagrantemente desmentida.






lunes, mayo 05, 2008

EL DOS DE MAYO EN MOSTOLES

Visión borbónica del Dos de Mayo
por Lorenzo Peña
2008-05-05

El rey, nuestro señor que Dios guarde, D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, ha pronunciado un discurso en los festejos conmemorativos del Dos de Mayo en Móstoles.

Su abuelo, D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, desfiló a pie por las calles de la villa de Madrid el Dos de Mayo de 1908 al frente de una inmensa multitud, en manifestación masiva de homenaje a los héroes populares de la gesta patriótica. Cien años después, en lugar de un acto político de muchedumbres, lo que se ha producido es un acto institucional en el municipio de Móstoles, con participación del Jefe del estado, el del gobierno y el de la oposición, junto con toda la real familia. Las masas populares madrileñas han quedado marginadas.

El discurso de Su Majestad Católica es revelador de la mirada que, doscientos años después, tienen nuestras clases rectoras de la lucha de liberación nacional del pueblo español contra el imperialismo francés en 1808-1814. (Mi impresión es que siguen en posiciones parecidas a las que tenían sus antepasados seis generaciones atrás.)

En el discurso regio es significativo lo que está dicho, pero también lo que está omitido y silenciado. P.ej., Francia sólo viene mencionada una vez en esta frase un tanto opaca: «como nos recuerda Stendhal, España ofreció de pronto un espectáculo semejante al de Francia, cuando se llenó de gente que deliberaba sobre los peligros de la patria». Me temo que pocos de los allí presentes han leído a Stendhal, resultándoles así enigmática esa frase.

Por lo demás no se dice que el brutal y despiadado agresor que intentó esclavizar a España y contra el que se levantó en armas el pueblo español era justamente Francia, el imperialismo francés.

Sin embargo, los conocedores de la historia lo pueden colegir de una afirmación del soberano: «El vacío de poder y la invasión de las tropas de Bonaparte impulsaron a los españoles a manifestarse por primera vez, no como súbditos, sino como integrantes y portavoces de una realidad enraizada en la Historia, y como legítimos poseedores de la soberanía nacional».

De tal aserto (más un cierto conocimiento de la historia) se puede deducir que fue Francia la que nos invadió, porque las tropas de Bonaparte (así de discretamente referidas) eran las de Su Majestad Imperial, el emperador de los franceses y rey de Italia.

Lo que no se dice en el citado aserto es que los españoles no se limitaron a manifestarse. Tampoco es verdad que el Dos de Mayo de 1808 se manifestaran como poseedores de la soberanía nacional ni como nada. Lo que hicieron fue otra cosa: alzarse en armas contra el invasor. Ni como titulares de la soberanía ni como nada. Simplemente se levantaron; lucharon con las armas en la mano contra la opresión, en un acto de justa insurrección.

Que lo que se inició el Dos de Mayo de 1808 fue una lucha armada insurreccional apenas se deduce de una frase contenida en el discurso, la que dice: «Andrés Torrejón [...] supo asumir y definir [...] el significado de aquel levantamiento». Por esa alusión podemos saber que hubo un levantamiento, que, en otra alusión asimismo discreta, el discurso glosa como un «armarse para luchar contra los invasores ante las noticias recibidas de lo ocurrido en Madrid».

¿Qué había ocurrido en Madrid? Eso no se dice. No se mencionan ni la insurrección popular ni su sanguinario aplastamiento, perpetrado por los invasores, desde luego, pero con el visto bueno de Su Alteza Serenísima, el Infante D. Antonio, hermano del bisbisabuelo de D. Juan Carlos.

Con todo respeto me permito discrepar de la explicación que figura en el párrafo citado, a saber que lo que impulsó a los españoles a manifestarse fue, junto con la invasión francesa, el vacío de poder. No había ningún vacío de poder. Al irse a Bayona Fernando VII para rendir pleitesía a su amo, el emperador Napoleón I, dejó instalada una Junta de Gobierno, presidida --como ya lo he dicho-- por S.A. Serenísima el Infante D. Antonio de Borbón y Sajonia-Coburgo. Esa junta, auxiliada por el consejo de Castilla, actuaba a las órdenes de S.A. Imperial y Real, el Gran Duque de Berg (Joaquín Murat), el hombre que mandaba las tropas napoleónicas en Madrid. El poder lo tenían sólidamente aferrado y ejercido, entre la Junta de D. Antonio y el detentador efectivo, el general Murat.

Evidentemente Su Majestad desea mantenerse neutral entre las diversas lecturas de nuestra guerra de liberación nacional: ni a favor de unos ni de otros: «En este día, creo importante destacar lo que para el conjunto de España, por encima de distintas y legítimas visiones, supuso el periodo histórico que arranca en el año de 1808».

Todo el discurso incide en ese mismo enfoque neutral y no-comprometido: es una efemérides muy importante, una página de la historia que se recuerda porque condujo a la Constitución de 1812 (no se menciona la actitud del rey Fernando de Borbón y Borbón con relación a la misma y a quienes lucharon por ella) y abrió un «extenso ciclo histórico» del que forman parte «los procesos de la emancipación americana» (tampoco se menciona que los caudillos que lanzaron esos procesos lucharon contra esa constitución de 1812 y contra el gobierno liberal español, primero el de Cádiz, en 1809-1814, y luego el de Madrid en 1820-1823).

¡Da igual! En esas frases todo lo que se está diciendo es que pasaron muchas cosas que figuran en las páginas de la historia, que tienen diversas interpretaciones, sin que sea menester que el pronunciador del discurso se sume a ninguna de ellas. Eso sí, se mencionan algunos de los valores por los que se luchó a ambos lados del Atlántico (aunque, insisto, se desconoce que en esa lucha los unos combatían contra los otros): «soberanía nacional, derechos y libertades individuales, separación de poderes, y nueva articulación constitucional del Estado».

Sin embargo vuelvo al Dos de Mayo de 1808. El Dos de Mayo de 1808 el pueblo de Madrid no luchó más que contra la opresión y el sojuzgamiento del invasor francés. Ni siquiera por algo abstracto como soberanía nacional; menos aún por las libertades individuales, ni por la separación de poderes (un tanto quimérica) ni por la articulación constitucional del estado; simplemente contra la brutalidad de un invasor que, en una toma militar del poder, socava y conculca el ordenamiento jurídico de la nación española, por la fuerza bruta (aunque con la complicidad del rey y de la Corte), imponiendo, a la brava, su voluntad contra los deseos del pueblo español.

Fue, ni más ni menos, eso: una lucha --en buena medida espontánea-- de protesta contra esa opresión brutal, contra una toma militar del poder por un invasor extranjero.

El discurso --habiendo omitido hablar de la insurrección del pueblo de Madrid, habiendo silenciado el papel de Carlos IV, Fernando VII y demás príncipes e infantes, y no conteniendo ni una sola ocurrencia de palabras como «imperio», «imperial», «imperialismo» etc-- va a terminar con estas afirmaciones: «Esta jornada de recuerdo y homenaje, que cobra hoy una nueva dimensión en el espacio europeo de paz, integración y solidaridad al que pertenecemos, nos permite asimismo constatar con orgullo la realidad de la [...] España moderna [...] que asegura nuestra preciada Constitución».

Es curioso que la jornada de insurrección del pueblo español contra los invasores europeos cobre una nueva dimensión en ese presunto «espacio europeo de paz» (¿paz? ¿O más bien guerra contra Serbia y Afganistán, junto con varias aventuras militares contra diversos pueblos afroasiáticos?). Porque los invasores eran, desde luego, franceses, militares franceses, pero auxiliados por alemanes, polacos, italianos, holandeses. A Europa no tenemos nada que agradecerle; ¡todo lo contrario!

Si la Constitución del 29 de diciembre de 1978 es preciada o no lo discutiré en otra ocasión.






miércoles, abril 23, 2008

DEFENSA DE LA FILOSOFIA

Volvemos a la carga en defensa de la filosofía
por Lorenzo Peña


Para el próximo sábado 26 de abril de 2008, a las 12 horas, ante el Ministerio de Educación, c/ Alcalá 34, en Madrid, está convocada una concentración en defensa de la filosofía y por su permanencia en los planes de estudios. ¡Recordemos el transfondo!

En la primavera del año 2005 el equipo de politólogos de la entonces ufana ministra del ramo, Sra San Segundo, hizo circular el proyecto de nueva ley reguladora de la enseñanza no universitaria, en el cual se reducía a casi nada el lugar de la docencia filosófica.

Para compensar un poco esa casi-eliminación se ha prometido después confiar a los profesores de filosofía (aunque sin exclusividad) la impartición de la nueva pseudo-asignatura de educación para la ciudadanía --una inculcación forzosa de los valores profesados por el legislador.

En la primavera de 2005 las movilizaciones contra ese proyecto no despertaron amplio entusiasmo, ni siquiera entre los enseñantes de la filosofía en la educación no universitaria, ni, menos todavía, entre el profesorado universitario. Fueron pocos, y poco concurridos, los actos de protesta --a uno de los cuales, en la c/ de Alcalá en Madrid, acudieron, sin embargo, un montón de defensores de la filosofía venidos de Asturias.

Así, en el verano de 2005 se promulgó tranquilamente la ley; ésta entró en vigor. En el desarrollo de la misma --y de conformidad con la orientación confederal del malhadado Estado de las autonomías-- se han ido promulgando las normas regionales de aplicación. Nos ha venido la fatídica inculcación para la ciudadanía. Y, entre unos y otros, gobierno central y gobiernos autonómicos, políticos de un color y de otro, se han cargado a la filosofía.

De paso, en la propia Universidad ha entrado avasallador el proceso de Bolonia, un nuevo engendro de esa monstruosa entelequia que es la Unión Europea. Tal apisonadora parece inspirada en el principio de Atila: donde su caballo planta el pie no vuelve a crecer la hierba. Todo queda agostado. Los cerebros convertidos en eriales. ¡Guerra al saber!

La transmisión de conocimientos viene reemplazada por el amaestramiento en «destrezas», la inculcación de hábitos. Los profesores ya no transmitirán la llama del saber con sus clases; sus alumnos no podrán recordar aquellas buenas lecciones magistrales de nuestros grandes y buenos maestros que nosotros aún podemos traer a nuestra memoria.

En vez de eso se trata ahora, a todos los niveles educativos, de que el docente sea un inductor o un amaestrador de la adquisición de pautas comportamentales del alumno.

Dos son los supuestos de tal orientación antipedagógica. El primero es el individualismo, que desconoce y niega que la superioridad de nuestra especie ha estribado en nuestra capacidad de pensamiento y acción colectivos gracias a la acumulación y la transmisión intergeneracional de conocimientos, o sea del saber previamente acumulado por las generaciones pasadas; prescindiendo de esa acumulación, el individualismo de los eurócratas de Bolonia lleva a creer que cada individuo, por sí solo, hace, consigue y alcanza lo que le sea menester (el acervo de conocimientos acumulados será, todo lo más, una cantera en la que el joven podrá buscar y hallar lo que le resulte atractivo desde sus propios intereses).

El segundo supuesto de la nueva orientación educativa es que se trata de que los muchachos se auto-formen como agentes en el mercado laboral y para el mismo. Aplican aquí la teoría de la soberanía del consumidor, que enaltece a la economía de mercado como el mecanismo ideal de auto-gobierno, mediante el cual cada individuo actúa por separado, según su criterio y su conveniencia, resultando así el mayor bienestar general. Frente a la planificación (a la cual execran), exaltan el mercado como lugar de encuentro negociado entre productores y consumidores.

Trátase de aplicar eso mismo a la enseñanza. Ésta no será, por lo tanto, la realización de unos planes (hasta la palabra «plan» chirría en unos enfoques inspirados por la ideología anti-planificadora). Será un mercado, en el cual el discente anticipa su ulterior oferta laboral en el mercado de mano de obra aprendiendo por sí mismo lo que le vaya a servir para tal fin mercantil; en ese proceso el papel del profesor es el de un mero facilitador.

Hay algo que no parece casar bien en esa orientación. En un enfoque tan mercantil-individualista y desplanificado, ¿por qué se impone una inculcación coercitiva de valores? Esa pseudo-asignatura es el marco que permite encajar todo ese proceso: se trata de, por un lado, amaestrar a los chavales para que, asumiendo los valores de la sociedad (no se les da opción alguna de recusarlos), actúen en ese ámbito mercantil sin plantear cuestionamientos de fondo; y se trata, por otro lado, de impartir unos dogmas de obligado asentimiento que, en alguna medida, suplan unos conocimientos que van a faltar.

En todo caso lo que se desea favorecer con la nueva orientación educativa, a todos los niveles, es que cada alumno se haga con un bagaje de pautas conductuales, con unos hábitos o habilidades que faciliten su entrada en el mercado laboral en función de cómo está éste o de cómo es previsible que lo esté a corto plazo.

Nada de buscar el enriquecimiento cultural colectivo; nada de velar por la transmisión colectiva del acervo de conocimientos de la humanidad y por su ulterior ampliación. Nada de orientar los procesos educativos en función de las necesidades de instrucción de nuestra sociedad, en el marco de un proyecto de desarrollo nacional en los terrenos económico, social, jurídico, cultural, científico y artístico. Nada de misión colectiva; nada de responsabilidad social; nada de planificación. Puro mercado. Puro cálculo individual e individualista. Puro saber instrumental, y de una instrumentalidad subalterna, un mero saber-cómo, no un saber-que.

Dudo mucho que así los jóvenes vayan a ser mejores profesionales. Podrá haber muchos conocimientos inútiles a efectos prácticos en muchas actividades profesionales. Pero, frente a tal verdad de Pero Grullo, hay cinco consideraciones que vale la pena tener en cuenta.

En primer lugar, cuando se ha adquirido una amplia masa de conocimientos siempre puede haber entre ellos algunos que resulten prácticamente útiles.

En segundo lugar, no se puede determinar de antemano la frontera entre los conocimientos útiles y los inútiles, que es móvil.

En tercer lugar, los conocimientos capacitan a la persona culta para afrontar mejor su trabajo (aunque puedan, en muchos casos, serle de escasa utilidad concreta para sus tareas), porque contribuyen a darle una perspectiva de conjunto.

En cuarto lugar, en una sociedad evolutiva los oficios cambian, unos empleos vienen reemplazados por otros; la persona culta está más capacitada para afrontar esas alteraciones, al paso que quien ha visto orientada su formación a insertarse a corto plazo en la ranura libre del mercado laboral tendrá escasa adaptatividad a la ulterior evolución de las cosas.

Y, en quinto y último lugar, el individuo humano no es sólo un trabajador (y con eso no estoy rebajando el valor trabajo, ¡todo lo contrario!). Es también miembro de una familia, de asociaciones, de colectividades, de una nación; es un partícipe en la vida pública, un decisor en última instancia (aunque sólo sea a través del sufragio). Para estar bien capacitado en esas dimensiones necesita conocimientos, contenidos cognoscitivos y no sólo habilidades o destrezas o hábitos. Necesita memoria y que esa memoria esté poblada, no desierta.

Para terminar este suelto, volvamos a la cuestión de cómo explicar de la pasividad de hace tres años. En gran parte, sin duda, actuaron los reflejos condicionados políticos. Los simpatizantes de uno de los dos principales clubes que se turnan en el gobierno de la monarquía no desean hacer nada que pueda alentar a los del club adverso --nada que socave al club al que ellos apoyan. Conque no es de extrañar que muchos que podrían (en una hipótesis optimista) movilizarse contra las políticas del ministerio permanezcan pasivos ante las de la consejería de educación de la comunidad de Madrid; y viceversa.

En el fondo, sin embargo, el problema es mucho más grave: ambos clubes están a favor de esas orientaciones mercantil-individualistas, del anti-cumulativismo implícito en las nuevas líneas educativas eurocráticas; ambos apoyan el proceso de Bolonia.

Hay también otras causas de la desmovilización: el bache ideológico que atravesamos; la desmotivación por el hundimiento de las grandes alternativas al sistema reinante; la pérdida de sentido de responsabilidad social de los intelectuales y docentes; en particular la desvinculación social de la Universidad. Y también las dosis de desánimo, de cansancio, la sensación de ya visto, la impresión de que ya se han librado luchas similares y es el cuento de nunca acabar.

A quienes están embargados por esas sensaciones séame lícito sermonearles diciéndoles que el desánimo es lo que más desanima. Caer en el desánimo es auto-destructivo. Eso es particularmente grave para todos los profesionales de la instrucción, de la enseñanza, de la transmisión de conocimientos así como, desde luego, para quienes viven en el mundo académico o están próximos a él. Deslizarse por esa pendiente del desánimo lleva a vegetar, perdiendo el sentido de lo que uno hace.

Se ha definido a la persona como el ser vivo que tiene pasado y futuro, que posee recuerdos de lo que ha hecho y planes de vida para el futuro (sean de una hora o de un milenio). No deseo comprometerme a defender esa concepción; pero, eso sí, pienso que sólo vale la pena una vida (sea individual, sea colectiva) que comporte esos dos elementos: memoria del pasado y planes para el futuro.

El error es un desvalor, no cabe duda. La ilusión es un error, es una visión ilusa de las cosas, un verlas como no son. Pero hay algo peor que la ilusión: el desánimo, el pasotismo.

Quien esto escribe se movilizó a favor de la enseñanza de la filosofía hace tres años. Y vuelve a hacerlo ahora.


otros documentos en defensa de la enseñanza de la filosofía
Tres Cantos. 2008-04-23
El autor permite a todos reproducir y difundir íntegra y textualmente este escrito.







sábado, abril 05, 2008

El Dos de Mayo

El significado del Dos de Mayo

por Lorenzo Peña
Madrid. 2008-04-05


A lo largo del siglo XIX la conmemoración del Dos de Mayo de 1808 constituyó un toque de rebato de las masas populares en su lucha por una España mejor, más avanzada, más libre, más justa, contra todos los opresores, contra los privilegiados perpetradores de injusticias.

La conmemoración del Dos de Mayo alcanzó particular relieve y respaldo gubernamental en los períodos del liberalismo avanzado: 1820- 23, 1837-43, 1854-56, 1868-74. En cambio, el poder puso sordina a las conmemoraciones en los períodos reaccionarios o conservadores (como los del absolutismo fernandino, la década moderada de 1844 a 1854 y la Restauración).

Ya en el siglo XX la insurrección del pueblo madrileño del Dos de Mayo de 1808 será especialmente recordada con emoción y como fuente de inspiración sobre todo en el Madrid de la guerra civil de 1936-39, principalmente en la propaganda del partido comunista y de sus colaboradores (D. Ángel Ossorio y Gallardo, el poeta Antonio Machado y tantos otros). Hasta donde yo sé, esa evocación no existió o fue, en todo caso, mucho menor en la pluma y la palabra de los socialistas.

Recuperado y capitalizado el Dos de Mayo por el régimen nacional- sindicalista de 1939, será el propio despotado de Franco el que haga entrar en un declive y en una preterición definitiva todas las conmemoraciones. La Jornada dejó de ser fiesta nacional.

En los años 60 y 70 la celebración fue retomada por los sectores más radicales de la clandestinidad antifranquista. Ulteriormente, y a raíz de la transición, se desnaturalizó al convertirse en Día de la pseudo-comunidad de Madrid.

El Dos de Mayo de 1808 el levantamiento del pueblo madrileño contra el invasor constituyó el inicio de la primera guerra revolucionaria de los tiempos modernos --que es, en rigor, la primera guerra revolucionaria de todos los tiempos. Una guerra contra el opresor, una guerra contra la violación del orden legal por los poderosos, contra los perpetradores de una violencia armada que interrumpía la continuación de la normalidad jurídica precedente y a la vez pretendía someter por la fuerza la voluntad popular.

Cualesquiera que fueran sus otras características y las ideas o aspiraciones de sus anónimos protagonistas populares --que, por decenas de miles, combatieron como pudieron en aquella gloriosa jornada contra el principal ejército de Europa--, lo esencial es que se levantaron en armas contra un opresor que, por la fuerza militar, violentando el orden legal y constituido, quiso imponer al pueblo español un duro yugo, el cual consistía, ni más ni menos, en que nuestro pueblo estuviera a las órdenes de Francia y le sirviera para lo que gustara: hombres, dinero, naves, cosechas, tierras (se tramaba la anexión a Francia de la margen izquierda del Ebro); por mucho que tal sojuzgamiento pretendiera disfrazarse de civilizatorio, cual lo han hecho todos los colonizadores.

Más que la insurrección popular del Dos de Mayo, en sí misma, lo que desencadenó la sublevación de todo el pueblo español contra los franceses tres semanas después fue el sanguinario aplastamiento de la lucha popular, una despiadada represión que, si enluteció a miles de familias madrileñas, provocó un odio a muerte al invasor --odio prácticamente unánime que explica el desenlace de la contienda.

La guerra revolucionaria y antiimperialista del pueblo español en 1808-1814 marcó así el primer jalón en la cadena de luchas insurreccionales de los pueblos oprimidos. A lo largo del siglo XIX algunas de ellas triunfarían (las de Serbia y Grecia contra el yugo otomano; la del pueblo mexicano contra el la agresión de Napoleón III; la del pueblo etíope contra la agresión del colonialismo italiano); pero en su mayor parte fracasaron: fracasó la del pueblo argelino contra Francia entre 1830 y 1860; fracasó la de la India contra Inglaterra; fracasó la revolución Taiping en China; fracasaron todas las demás guerras de resistencia anticolonialistas en Asia y África; fracasó incluso la revolución garibaldina en Italia (aunque fue la ocasión de la unificación italiana bajo la batuta de la casa de Saboya).

Sólo entrado el siglo XX tendrán lugar nuevas guerras de liberación antiimperialistas (Indonesia, Vietnam, Argelia, Camerún, Malaya, Filipinas, Zimbabue, Palestina), varias de las cuales --no todas-- acabarán triunfando; guerras que --pese a las muchas diferencias-- no dejan de guardar significativas semejanzas con la guerra de la independencia española de 1808-1814.

Al igual que la contienda española de 1808-1814, esos otros conflictos han tenido un carácter múltiple, con líneas de demarcación oscurecidas y cambiantes, con perfiles equívocos y ambiguos de algunos de los agentes políticos y militares, con aspectos atractivos y repulsivos en uno y en otro bando, como siempre sucede en todos los conflictos humanos. Cielo e infierno, bien y mal, no combaten nunca perfectamente alineados el uno contra el otro; en las falanges infernales siempre hay hombres de buena intención (al menos inicialmente), conductas al menos en parte merecedoras de elogio (aunque sólo sea por el mal que no han hecho), al paso que en las cohortes celestiales, o en las filas del bien, nunca faltan los oscurantistas, los fanáticos, los vividores, los aprovechados.

Mas fijarse sólo en eso, perder de vista lo esencial, es un error de mirada que puede tener varias causas, siendo probablemente la más frecuente la de desconocer las diferencias de grado. Cuando se señalan facetas positivas de un lado, facetas negativas del otro, siempre hay que calibrar, no sólo si existen, sino cuánto existen, en qué medida actúan, hasta qué punto determinan la orientación general, la marcha y el sentido de la acción colectiva en el bando respectivo.

Sin calibrar el grado de presencia y de acción causal de los diversos componentes de un gran acontecimiento histórico, enumerando meramente tales o cuales rasgos o factores (una enumeración que siempre es selectiva y olvidadiza de otros muchos elementos que también tuvieron lugar), es imposible ser veraces. Y la veracidad es justicia.

Tenemos un deber de memoria, tenemos un deber de verdad, porque tenemos un deber de justicia. Justicia para con nuestros antepasados y para con nosotros mismos. Verdad y justicia que sacrifican quienes, sin reparar en graduaciones, lo allanan todo en un magma indiferenciado o escogen arbitrariamente tales o cuales rasgos que les place destacar porque ello se adapta mejor a sus prejuicios o a sus esquemas.

Dos siglos después de que el pueblo español se levantara en armas por una causa justa (su independencia nacional y el rechazo al golpe militar de Napoleón Bonaparte) hoy en España, lamentablemente, lleva ganada la batalla de la opinión el bando de nuestros enemigos, el bando afrancesado.

En 1808 estaban al lado del invasor francés: la corte; los príncipes e infantes de la casa de Borbón; los cardenales, arzobispos y obispos; los generales y altos mandos del ejército; los presidentes de las audiencias; los gobernadores e intendentes; todas las autoridades civiles y militares, que secundaron y respaldaron su golpe de mano y que enviaron representantes a Bayona para rendir pleitesía a José Bonaparte y que lo agasajaron como Rey.

Pero la masa popular, que constituía el 99% de los españoles, rechazó ese entreguismo vendepatria y se levantó en armas entre el 21 de mayo y fines de junio de 1808. Siguió entonces habiendo un sector de la grandeza, de la corte, de la intelectualidad más renombrada que se mantuvo adicta al régimen intruso; pero la gran mayoría de las clases altas se vio forzada a pasarse (con entusiasmo o sin él) al bando patriota.

Hoy, sin embargo, la opinión española es preponderantemente favorable a la agresión napoleónica. Erróneamente ve en el Corso un introductor de algunos principios de la revolución francesa, aunque fueran ya un tanto descafeinados. Se ve en su golpe militar en España una ocasión magnífica para la modernización de España, para la introducción del sistema constitucional y de las libertades públicas. Igualmente se ve en la España patriota --que en 1812 promulgaría la constitución de Cádiz (con mucho la más avanzada de su época)-- una España negra, que lucharía por la inquisición, por lo rancio y tradicional, que se resistiría a los progresos que, aunque fuera por las malas, quería imponerle Napoleón.

No es de extrañar que en 2008 muchos de la oligarquía financiera y terrateniente piensen así. Aunque con otros individuos --por el paso de las generaciones y las mutaciones económicas-- fue esa clase social la que secundó en 1808 los planes sojuzgadores de Napoleón. Pero hay una causa más poderosa del proimperialismo de muchos de nuestros oligarcas de hoy. La oligarquía española detesta y aborrece al pueblo español, contra el cual ha llevado a cabo --con el apoyo nuevamente del imperialismo extranjero-- la guerra civil de 1936-39. Esa contienda sigue viva en nuestra memoria histórica colectiva. Y, de resultas de ella, nuestra oligarquía se aferra, como a un clavo ardiendo, a la alianza con las potencias imperiales del Norte, eso que llaman «nuestro entorno», o sea la guarida de nuestros enemigos seculares: Inglaterra, los estados unidos, Francia y Alemania, esas potencias dizque amigas que siempre quisieron humillarnos y despedazarnos --y que hoy, de nuevo, están dispuestas a destrozar a España atizando y manipulando a los separatismos septentrionales (nuestras «ligas Norte» de la Península Ibérica).

Ser hoy pro-francés con relación a 1808 es un modo de justificar ser pro-NATO y apoyar las guerras imperialistas de Irak y Afganistán, tan similares a la que libró la Francia napoleónica contra el pueblo español.

En las filas de lo que se llamó o se sigue llamando «izquierda» la justificación de la agresión napoleónica tiene caracteres y explicaciones en parte diversos, y en parte coincidentes. Hay coincidencia en tanto en cuanto una parte de esa «izquierda» se ha convertido en un nuevo agente y representante político de la oligarquía financiera y terrateniente borbónica. Hay diversidad en tanto en cuanto otro sector de la «izquierda» secunda las tesis secesionistas, con la fatua y vana esperanza de, abriendo una brecha en el muro de la vigente constitución monárquica, quebrantarán el status quo, o con la esperanza de atraerse a un número de personas embaucadas por el secesionismo --un secesionismo tal vez aguado o templado; quienes apuestan por ese tipo de orientación (y no son dos o tres) desean deslindarse de todo lo que sea patriótico y hasta evitan pronunciar el nombre propio «España»; de ahí que se desmarquen cuanto puedan de cualquier visión de la historia que tenga un signo patriótico- español. También hay otros sectores que simplemente ven la historia tras el cristal ahumado de unos esquemas abstractos, en ideologizaciones estereotipadas y aferrándose a clichés que no tienen en cuenta la riqueza y complejidad de lo real. Con tales actitudes es fácil encasillar cada hecho histórico; y encasillarlo mal.

En 1908, al cumplirse el primer centenario del Dos de Mayo, el gobierno conservador de D. Antonio Maura boicoteó las celebraciones, hasta que el rey Alfonso XII --que no era tonto-- se percató, en el último minuto, de la utilidad para el trono borbónico de ponerse a la cabeza de las conmemoraciones. Maura, ausente de Madrid para descansar, regresó precipitadamente a la Villa.

Un siglo después se repiten varios hechos, aunque naturalmente con modalidades muy diferentes. También ahora ha habido algunas personas que, a título de excepción, dentro de la oligarquía borbónica, se han percatado de que había que recordar la lucha popular del pueblo madrileño con el respeto y admiración que merece, como el punto de arranque de la España moderna. Inicialmente han sido pocas. Cuando ya se aproximaba el bicentenario, ¿cuántas actividades se habían programado? ¿Qué participación de las instancias oficiales?

Las conmemoraciones previstas eran pocas. A última hora se han organizado otras; y, puesto en marcha el tren de tales recordaciones colectivas, se han subido al mismo --con un oportunismo que continúa el de las clases altas en el verano y el otoño de 1808-- una serie de individuos que hasta ayer ni parecían en absoluto interesados por la memoria de 1808; y, de estarlo, tal vez del lado del invasor más que del lado nacional.

Es ese contexto el que otorga un valor destacado a una de las celebraciones genuinas de la epopeya del pueblo español: el Simposio sobre el Bicentenario de 1808 organizado por el Grupo de Estudios Lógico- jurídicos (JuriLog) que, con el tema «Las bases axiológico- jurídicas del constitucionalismo español» se va a celebrar en el Centro de ciencias humanas y sociales, en la calle Albasanz 26 de Madrid (zona de Ciudad Lineal) los días 17 y 18 de abril de 2008. ¡Ojalá que haya una afluencia masiva, como lo merece el recuerdo de los héroes populares del Dos de Mayo!


Las informaciones se pueden hallar en la pág:
http://jurid.net/jurilog

Otras referencias:



lunes, febrero 11, 2008

El precio de mi voto

El precio de mi voto
por Lorenzo Peña

2008-02-11
[Se autoriza la reproducción literal e íntegra]


No sólo no soy adepto de la ideología occidentalista sino que, además, no siento la menor adhesión al sistema político-económico bajo el que vivimos: el occidentalismo. Tampoco lo considero un infierno. Digamos que es un purgatorio, con sus cosas buenas y sus cosas malas.

Para Churchill (que le endilga el embellecedor membrete de «la democracia») es el peor sistema posible excepto todos los demás. Yo diría que es el mejor y el peor de los posibles en las actuales circunstancias.

Habida cuenta de todo, fue un sistema mejor el de las democracias populares --el socialismo real--, sin por ello carecer de defectos; fue mejor, desde luego, para los pueblos en los que, más o menos, se realizó (o sea: mejor de lo que ha resultado para esos pueblos la restauración del occidentalismo); y, sobre todo, mucho mejor todavía para los demás pueblos, que, sin padecer sus inconvenientes, nos beneficiamos decisivamente de su existencia, gracias a la cual fue posible la parcial emancipación de las naciones oprimidas por el yugo colonial y la consecución del estado del bienestar, otorgado a regañadientes por los potentados del sistema occidentalista.

El futuro traerá nuevas alternativas. La humanidad no estará sometida para siempre a la tiranía del automóvil, al absurdo de la economía de mercado, a la farsa de la pseudodemocracia partitocrática, a la brutal desigualdad social, al desempleo masivo, a la ausencia de una redistribución global de la riqueza, al adocenamiento de la mediocracia mendaz e ignorante, a la fragmentación del planeta en bloques atrincherados, a la falta de libertad de circulación, a las guerras imperialistas, a la carrera de los armamentos, a la existencia de ejércitos y fronteras.

Que hoy por hoy no haya alternativas viables no implica que sea menester apoyar lo que existe. Si se puede ir mejorando es, en buena medida, gracias a la crítica de quienes no nos sumamos al coro consensual de sus enaltecedores, que monopolizan la opinión pública (salvo unos pocos huecos en el espacio internet).

El régimen occidentalista conserva muchos elementos de capitalismo, aunque felizmente no es (ni fue nunca) tan capitalista como lo pintan sus adeptos y algunos de sus detractores. El capitalismo puro, la economía de mercado estricta, es absolutamente imposible, un sueño (o más bien una pesadilla), una ficción de las mentes de los ensayistas libertarios.

Que el régimen imperante no es estrictamente capitalista lo prueban hechos como el de que aproximadamente la mitad de la renta producida es administrada por los poderes públicos (lo cual no quiere decir que sea distribuida de manera justa ni racional) y el de que --con todas sus limitaciones-- resisten a la embestida eliminadora del empresariado voraz las instituciones del estado del bienestar: jubilaciones, asistencia sanitaria, algunas pinceladas de vivienda social, educación pública, servicios públicos de enseñanza, cultura e investigación, salvamento, organización vial, abastos y suministros, regulación de mercados, transporte público, ayudas a discapacitados, subsidios de desempleo y otras limosnas; todo lo cual es incompatible con un capitalismo puro.

Pero, aunque el occidentalismo no es capitalismo, sí contiene bastante capitalismo, desgraciadamente. En esencia es un régimen oligárquico, en el cual una casta de privilegiados de la finanza, del dinero, de la mediocracia, de la sociedad influyente, de los círculos del poder, acapara los resortes de la decisión pública, a través de la partitocracia, con una tramoya en la cual:

  • las elecciones son manipuladas y preparadas de manera que se eviten las malas sorpresas (salvo raras excepciones);
  • los partidos son férreamente controlados por los aparatos y las camarillas de intrigantes entre bastidores, instrumentalizadas por los grupos oligárquicos de presión (salvo, en cierta medida, algunos partidillos marginales, con vocación de testimonio simbólico --y aun eso sólo provisionalmente, porque el sistema dispone de utensilios para banalizarlos o echarlos a la cuneta); la democracia interna de los partidos es totalmente ficticia;
  • los partidos principales abusan de su posición dominante, con lo cual ejercen colectivamente un rígido oligopolio sobre la vida política;
  • los órganos de opinión disidentes son arrojados de la esfera visible en la vía pública y relegados al internet (sólo accesible en la intimidad de la vida privada de cada uno);
  • las voces discrepantes del sistema son sometidas a una combinación de ninguneo y ostracismo con un eventual acoso (siendo, en caso necesario, eliminadas, aunque ese último recurso se dosifica prudentemente);
  • es estigmatizada cualquier apología de sistemas alternativos (como el del socialismo real);
  • los debates dejan de lado montones de temas tabú, imponiéndose un pacto de silencio tácito que arrincona a quienes intenten abordar esas cuestiones;
  • el chantaje anti-terrorista cercena cada vez más la libertad de ir y venir y la de entrar y salir de los edificios públicos, multiplicando los controles de identidad discriminatorios y ofensivos;
  • vienen severamente recortadas, con diversos pretextos, las libertades de asociación, de expresión y de pensamiento;
  • la disciplina de partido arruina lo poco de democrático que pudieran tener las asambleas legislativas, en las cuales incluso sus miembros se ven privados del derecho de hablar libremente.

En ese contexto las elecciones no son ni libres ni justas. El elector carece de la posibilidad de motivar su voto; se le prohíbe votar salvo por una de las candidaturas que hayan superado los criterios vigentes.

A la abrumadora mayoría de los electores sólo les resulta prácticamente posible votar a uno u otro de los candidatos del sistema. (En algún caso extremo, como el de los estados unidos de América, hay de hecho un partido único, aunque dividido en dos alas casi iguales.)

En el actual ordenamiento español no todo es malo. Una buena cosa es que los electores no estamos obligados a votar. A quienes desaprobamos a todos los partidos con posibilidades de ganar se nos permite no ir a votar, o votar blanco o nulo. Esa autorización legal es importantísima. Es un derecho sagrado que hay que ejercer. Es una de las palancas para ir consiguiendo, poco a poco, que alguno de los partidos en liza introduzca (con la esperanza de encandilarnos) tal o cual elemento positivo en sus programas y, ocasionalmente, que lo cumpla si llega a constituir una mayoría en las instituciones.

Al lado de esa ventaja, nuestro actual sistema político --la monarquía borbónica-- encierra un montón de particularidades que llevan a relativizar al extremo su credencial presuntamente democrática. El eje real del poder reside en el Palacio de la Zarzuela, al paso que la función de la jefatura del gobierno es poco más que decorativa (inversión de papeles).

No voy a comentar aquí tales particularidades. Lo que voy a plantear es si --a pesar de todos mis recelos con relación al sistema político en que vivimos y a los grupos con representación parlamentaria-- es razonable para mí ir a votar el domingo 9 de marzo de 2008 en las elecciones generales de España; y, si voy, qué opción tomar: el voto nulo, el blanco o bien alguna de las listas que encontraré en el colegio electoral.

Para adoptar una decisión racional, necesitaría dos elementos de juicio que me faltan:

  • 1º) un conocimiento detallado de las vidas y trayectorias de todos y cada uno de los miembros de esas listas (no me basta saber que el cabeza de lista es una persona decente);
  • 2º) una ponderación prolongada de los programas electorales (necesito haberlos conocido con al menos tres meses de antelación para estudiarlos y para recabar información que me sirva de criterio a la hora de calibrarlos: considerar su viabilidad y compararlos reflexivamente con mis propias estimaciones).

Que hace falta no sólo lo segundo sino también lo primero lo demuestro así: si se tratara de un plebiscito en el que se someten a consulta popular los programas de los partidos, la emisión de mi voto dependería exclusivamente de los contenidos; pero, tratándose de una elección, tan importante como esos contenidos es la fiabilidad de las personas que formulan esas promesas (hay que valorar el balance de quienes las enuncian en el cumplimiento o no de promesas previas y en general toda su vida, no sólo política sino todo su itinerario personal).

Todo eso es ya imposible. Propongo, pues, un trato alternativo: voy a enunciar mi propio programa mínimo de elector potencial, mis aspiraciones más urgentes, prometiendo mi voto al partido que me haga saber que las asume y que las incorporará a su actuación, si llega a formar gobierno.

A la objeción de que ningún partido va a tomarse la molestia de cambiar su programa para conseguir mi voto respondo que eso ya lo sé. Pero opongo resistencia a la tesis mercantilista de la soberanía del comprador (que los apologistas del occidentalismo extienden al mercado de las elecciones); según ella, en el sistema mercantil el comprador es soberano porque tiene la última palabra, siendo dueño de comprar o no comprar. En cuanto a las elecciones, el votante es dueño de votar o no votar.

Evidentemente que soy dueño de comprar o no comprar, pero, si no compro, me quedo sin lo que necesito; lo que ofertan los comerciantes distará de lo que yo deseo, pero ésas son lentejas: o las tomas o las dejas (y te quedas sin comer). Conque en muchos casos, a regañadientes, compro (aunque raras veces estoy satisfecho con la mercadería que me venden; ¡vamos! prácticamente nunca).

En las elecciones tengo al menos (en España) la posibilidad de no votar. Eso sí, me amenazan con que, si no voto a los unos, saldrán elegidos los otros. (Elster ha demostrado, sin embargo, que va contra la racionalidad de la teoría de juegos basar la motivación del elector en un cálculo individual de las expectativas y del efecto causal probable de su votación o su abstención.)

Rehúso someterme a esa amenaza. Claudicar, tragar con ese dictado, lleva a ratificar muchas inmoralidades e injusticias, porque a menudo la alternativa que se perfila es que se perpetren ésas u otras peores.

No niego el principio del mal menor, según el cual, cuando tenemos que optar, hemos de hacerlo --en la medida de lo posible-- de modo que el resultado causal de nuestra opción sea menos malo que las opciones alternativas.

Mas sostengo que a menudo no pronunciarse, no avalar ninguna propuesta, es la mejor opción; a saber: cuando cualquier otra opción hace de nosotros cómplices de una grave injusticia, lo cual es uno de los efectos causales de pronunciarnos. Al apoyar a unos, malos, muy malos, para que no salgan elegidos otros aún peores, cualquiera que sea la eficacia causal de ese apoyo en el resultado final (una eficacia de menos de un diezmillonésimo), lo que es seguro es que se produce ese otro efecto sobre uno mismo.

Habrá ocasiones en las cuales, no obstante, haya que votar por los malos, muy malos, por el peligro de los peores. Sin embargo, tiene que haber un umbral mínimo de diferencia entre las opciones, por debajo del cual no se aplica esa regla de apoyar a la candidatura menos mala. ¿Se da tal umbral en nuestro caso? Habría que demostrarlo.

Sea como fuere, voy a presentar 47 demandas. Son el precio de mi voto. Y no voy a pedir la Luna, ni la República ideal.


    I - Democratización de España y política internacional

  • 1ª.-- Convocatoria de una asamblea nacional constituyente para preparar una nueva constitución, que será sometida a plebiscito popular, capítulo por capítulo.

  • 2ª.-- Un plebiscito popular para que España siga siendo miembro o no de la Unión Europea (en la cual nos metieron sin consultarnos y en la que nos han impuesto en nuevo tratado de Lisboa --brutalmente lesivo para España-- sin ni siquiera un simulacro de ratificación popular, además de que el apoyo eurocrático a la secesión de Kosovo constituye, no sólo una grave violación del Derecho internacional, sino también una amenaza para la integridad de nuestra Patria).

  • 3ª.-- Nuevo plebiscito sobre la NATO, ya que los gobiernos monárquicos han violado las condiciones en las que una mayoría de españoles --engañados por la propaganda borbónica-- aceptaron (el 12 de marzo de 1986, cuando no habían nacido muchos de los votantes actuales) la pertenencia de España a esa organización militar belicista e imperialista.

  • 4ª.-- Plebiscito popular sobre la bandera y el himno de España.

  • 5ª.-- Plebiscito popular sobre la participación del ejército español en la guerra contra el pueblo afgano, que lucha por su independencia nacional contra la agresión de los estados unidos y sus aliados.

  • 6ª.-- Plebiscito popular para ratificar o no la participación de España en otras aventuras militares, como la ocupación del Líbano.

  • 7ª.-- Plebiscito popular sobre la ratificación o no de las privatizaciones llevadas a cabo por todos los gobiernos del presente reinado durante los últimos tres decenios.

  • 8ª.-- Plebiscito popular sobre las reformas del derecho laboral perpetradas por todos los gobiernos monárquicos desde 1978.

  • 9ª.-- Ampliación de la Ley de Memoria Histórica; creación de una Comisión de verdad y reconciliación, formada por expertos y jurados imparciales, que lleve a cabo una investigación --garantizada y con pleno respeto al principio de contradicción procesal-- para determinar si fue un estado de derecho el régimen del 18 de julio de 1936, y si la lucha por derrocarlo constituyó o no un acto legítimo de resistencia a la opresión; en el caso de que se concluya la ilegitimidad del régimen, que se infieran las repercusiones institucionales que impone la lógica y se condenen las responsabilidades morales por complicidad con la tiranía que tengan que afectar a clases sociales, corrientes políticas, empresas, asociaciones o colectividades sin personalidad jurídica; responsabilidades, eso sí, sin ningún efecto penal individual.

  • 10ª.-- Puesta en marcha de un proceso de unificación política entre España y los países iberoamericanos de lengua española.

  • 11ª.-- Plebiscito sobre la devolución al Estado de las transferencias a las comunidades autónomas cuando se hayan traducido en desigualdades entre los españoles o disminución de la eficiencia del servicio público no justificada por un motivo imperioso de concordia nacional.

  • 12ª.-- Iniciativa de España para una democratización de la ONU sobre la base del principio de igualdad entre los estados: supresión de la figura de miembro permanente del consejo de seguridad; abolición de ese consejo de seguridad, sustituido por una comisión ejecutiva de la asamblea general elegida por mayoría en votación unificada, sin cuotas, repartimientos ni lotizaciones regionales.

  • 13ª.-- Emprender una activa política de estrecha cooperación estratégica --en todos los órdenes: político, comercial, económico, cultural, poblacional y científico-- con las grandes naciones emergentes, como Rusia, China, la India, Brasil y Suráfrica; diversificar así nuestra política exterior, escapándonos de la jaula occidental.


    II - Inmigración

  • 14ª.-- Libertad de inmigración para los latinoamericanos.

  • 15ª.-- Propuesta española para la firma de un tratado internacional que asegure la libre circulación de todos los seres humanos por el Planeta Tierra.

  • 16ª.-- Abrogación de la Ley de extranjería del año 2000. Una nueva ley de inmigración y fronteras se basará en dos principios:
    1. promover el crecimiento de la población española y favorecer la inmigración de trabajadores, especialmente de países histórica y lingüísticamente vinculados a España;
    2. concesión de visados con dos criterios: universal fraternidad de la familia humana y reciprocidad respecto a la acogida de emigrantes españoles en períodos anteriores de nuestra historia nacional.

  • 17ª.-- Despenalización de las conductas subsumibles bajo la de auxilio a la inmigración.

  • III - Vivienda y medio ambiente

  • 18ª.-- Creación de zonas libres de la pestilencia automovilística, que se vayan ampliando paulatinamente hasta cubrir un tercio del territorio nacional, asegurándose así a todos la posibilidad real de vivir y trabajar sin salir de una zona libre de amenaza de atropellos.

  • 19ª.-- Al menos un tercio de todas las viviendas del país serán propiedad de entidades públicas que las oferten en alquiler a precios asequibles, de modo que cualquier hogar pueda tener una morada familiar digna por un 33 por ciento de sus ingresos.

  • 20ª.-- Gratuidad del transporte público urbano y de cercanías.

  • 21ª.-- Retorno a una normativa urbanística de servicio público como la que estuvo vigente hasta la ley del suelo franquista de 1956 (pues, aunque la reciente Ley del suelo de 2007 introduce tímidas mejoras, deja en pie la facultad de las administraciones de otorgar recalificaciones de terrenos, al paso que hasta 1956 cualquier urbanización tenía que pasar por expropiar los terrenos al precio de suelo rústico, sin mediar recalificación).

  • 22ª.-- Prohibición de edificaciones bajas, que encarecen la construcción, provocan una catástrofe medio-ambiental y un grave problema de dispersión y desaprovechan el suelo --ese recurso escaso y patrimonio de los españoles; preferencia por los inmuebles de gran altura siempre que sea posible.

  • 23ª.-- Prohibición de nuevas residencias secundarias y del despilfarro de agua para césped y para piscinas privadas.

  • 24ª.-- Adopción de la energía nuclear, combinada con el incremento del uso de la eólica; prohibición de los biocombustibles y reducción del uso de combustibles fósiles.

  • 25ª.-- Un plan para que todas las capitales de provincia estén unidas por líneas ferroviarias de alta velocidad en un plazo de 15 años.

  • 26ª.-- Fiscalización del transporte aéreo para causar una sensible reducción del mismo, dados sus terribles efectos medio-ambientales.

  • IV - Política socio-económica

  • 27ª.-- Cuota obligatoria de empleo: en función de su volumen de negocios y cifra de ganancias, las empresas estarán obligadas a un número de empleados y a un porcentaje de los ingresos brutos dedicado a remuneraciones salariales.

  • 28ª.-- La discriminación por edad se incluirá entre las absolutamente prohibidas, de modo que será nula cualquier medida de las administraciones o de los empresarios que resulte lesiva para un trabajador --o en general para un individuo-- perjudicado en virtud de su fecha de nacimiento.

  • 29ª.-- Prohibición del fraude de ley que consiste en que se realicen contrataciones laborales disfrazadas como mercantiles.

  • 30ª.-- Ley de quiebras y crisis empresariales que ponga a la sociedad a salvo de las funestas consecuencias de las bancarrotas y, a cambio, someta la actividad de las grandes empresas a una regulación más rigurosa y a una participación de la colectividad en sus beneficios.

  • 31ª.-- Pacto por la industria: los grandes empresarios estarán obligados a firmar con el estado un magno plan de reindustrialización de España, para que nuestra Patria pase a ser un gran exportador de bienes manufacturados de primera línea.

  • 32ª.-- Creación de unos cinco o seis polos de crecimiento de alta gama, en los cuales los poderes públicos impulsen el avance técnico-industrial y la investigación científica de alto nivel, en estrecha cooperación, para hacer de España un país puntero en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

  • 33ª.-- Reforma fiscal. Progresividad efectiva del impuesto sobre la renta, sin ningún techo fiscal. Progresividad asimismo del IVA --de modo que haya una escala de tipos de gravamen según el grado de necesidad de los bienes y servicios y el monto de las operaciones (evitándose el fraude). También el impuesto de sociedades será progresivo, con tipos de gravamen crecientes según la base impositiva.

  • V - Cultura y enseñanza

  • 34ª.-- Fusión de universidades; control planificado de su funcionamiento para impulsar una vida académica de alto prestigio internacional, desterrando el caciquismo, el clientelismo, la endogamia y el espíritu de campanario.

  • 35ª.-- Una Universidad de servicio público no mediatizada por el sector privado; supresión de las evaluaciones traumáticas e injustas; apoyo institucional a los profesores e investigadores que trabajan concienzudamente por producir una obra intelectual y científica valiosa, sin olvidar nunca que su obligación es de medios (no de resultados) y que no debe rendirse culto al éxito.

  • 36ª.-- Despenalización de las conductas lesivas de la propiedad intelectual, las cuales se ventilarán en la jurisdicción civil.

  • 37ª.-- Supresión del canon digital y de cualesquiera tasas similares. El estado protegerá a los creadores culturales por un sistema de galardones, becas y plazas temporales o fijas en establecimientos públicos de promoción cultural, según criterios de valor artístico, literario o intelectual, al margen de consideraciones de mercado.

  • 38ª.-- Las entidades privadas llamadas «de gestión» carecerán de prerrogativas; sus actuaciones no podrán obligar más que a sus respectivos afiliados, y aun eso dentro de los límites del contrato de afiliación y de la vigencia de derechos individuales irrenunciables.

  • 39ª.-- Reforzamiento de la protección jurídico-civil de la propiedad intelectual en lo que atañe a los derechos morales de autor --excluyéndose de la titularidad de tales derechos a las empresas u otras colectividades.

  • 40ª.-- Instrucción pública: restaurar una enseñanza primaria y secundaria exigente y de calidad, atajando las causas de su actual degradación, como el espíritu de facilidad y del menor esfuerzo, la indisciplina, el rebajamiento del nivel, la dejadez y el desánimo, el quebrantamiento de la autoridad de los maestros y la mediatización de los centros escolares por asociaciones privadas.

  • 41ª.-- Plan para una paulatina eliminación de la enseñanza privada, concertada o sin concertar. Colegio único.

  • 42ª.-- Intensificación de las enseñanzas científicas y humaninísticas; abandono de la concepción de la educación como adiestramiento y adquisición de actitudes y hábitos.

  • 43ª.-- Supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía.

  • VI - Reforma legislativa y moral pública

  • 44ª.-- Ley de libertad ideológica, que imponga en la vida pública el principio de que cada individuo y cada comunidad ideológica tienen derecho a practicar sus ideas, regulando la objeción de conciencia para una amplia gama de deberes jurídicos, siempre con la pauta de maximizar el respeto al derecho de cada uno a ajustar su conducta a los imperativos de su visión del mundo (ponderado con los derechos de los demás y la prohibición de abusos); las comunidades ideológicas no serán discriminadas por criterios que perjudiquen a las minorías y a las nuevas corrientes.

  • 45ª.-- Nuevo código penal, que será sometido a plebiscito popular. Estará regido por estos nueve principios:
    1. ningún delito contra los bienes estará más penado que un delito contra las personas (jerarquía de bienes jurídicamente protegidos);
    2. graduación: no habrá saltos punitivos, sino que cualesquiera dos conductas similares recibirán un trato jurídico similar;
    3. supresión de las penas mínimas: los jueces tendrán la potestad de condenar al culpable a una pena de cero o más días en función de eximentes parciales o circunstancias atenuantes;
    4. un techo penal, o número máximo de personas que pueden estar lícitamente privadas de libertad;
    5. nuevo impulso a la reinserción y reeducación de los internos de establecimientos penales (que se reubicarán en las ciudades), retomándose la inspiración correccional y humanitaria de nuestro derecho penitenciario;
    6. supresión de las discriminaciones por nacionalidad;
    7. despenalización de la eutanasia;
    8. recuperación de la figura del delito preterintencional (y, en general, elaboración de un derecho penal de conductas más que de hechos puntuales);
    9. supresión de las leyes penales en blanco: toda prohibición penal ha de quedar clara y definitivamente fijada en el Código, sin relegarse su determinación a reglamentos.

  • 46ª.-- Nuevo Código Civil. Reforma del derecho de familia: establecimiento de varios tipos o escalones de matrimonio, con denominaciones diferentes, estableciéndose así varios grados de compromiso mutuo entre los cónyuges (con pensiones compensatorias obligatorias en caso de ruptura unilateral injustificada); en el matrimonio pleno regirá la comunidad total de bienes a todos los efectos, fiscalmente gravada como una unidad (protegida y amparada por el ordenamiento jurídico, reconocedor del valor de la cohesión familiar), la cual podrá subsistir como persona jurídica unimembre en caso de muerte de uno de los cónyuges.
  • 47ª.-- Prohibición de la tauromaquia.

Juro que cualquier partido político, sea el que fuere, que acepte al menos 7 de mis 47 demandas obtendrá mi voto el 9 de marzo de 2008. (En el caso de que varios lo hicieran, obtendrá mi sufragio el que asuma mayor número de reivindicaciones.)


Nota

Este artículo, «El precio de mi voto», es propiedad intelectual de Lorenzo Peña, quien, por la presente, permite a todos reproducirlo íntegra y textualmente, en cualquier medio, sin ninguna limitación ni condición.