Lorenzo Peña y Gonzalo

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Tres Cantos, Spain
Tras una turbulenta y amarga juventud consagrada a la clandestina lucha revolucionaria, mi carrera académica me ha conducido a obtener las 2 licenciaturas de Filosofía y Derecho y asimismo los 2 Doctorados respectivos (en Filosofía, Universidad de Lieja, 1979; en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 2015). Soy también diplomado en Estudios Americanos; en cambio, si bien inicié (con éxito) la licenciatura en lingüística, no la culminé. Creador de la lógica gradualista, tras haberme dedicado a la metafísica y la filosofía del lenguaje, vengo consagrando los últimos 4 lustros a desarrollar una nueva lógica nomológica y aplicarla al Derecho: la lógica de las situaciones jurídicas, basada en la metafísica ontofántica que elaboré en los años 70 y 80. He sido profesor de las Universidades de Quito y León, Investigador visitante en Canberra e investigador científico del CSIC, habiendo sufrido la jubilación forzosa por edad en 2014 cuando había alcanzado el nivel máximo: Profesor de Investigación. Soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

sábado, septiembre 05, 2009

La historia de mis ideas y mis hechos

En minoría de a uno: La historia de mis ideas y mis hechos. Parte I: La ida (1944-1972)
por Lorenzo Peña
http://eroj.org/bio
Madrid: ESPAÑA ROJA, 1 de septiembre de 2009
ISBN-13 978-84-692-55469


Acaba de publicarse la Parte I de mi autobiografía político- intelectual, con el título arriba mencionado y libremente accesible en el sitio de ESPAÑA ROJA (tanto en formato HTML como en PDF).

Este opúsculo de 73 páginas recoge las vicisitudes de mi vida infantil y juvenil hasta que abandoné el PCEml en mayo de 1972.

El primer capítulo se basa no sólo en recuerdos personales sino también en documentos del archivo familiar; en él se ejemplifica la vida bajo el régimen totalitario de la primera posguerra y el ambiente de los años 50.

En el segundo están reflejados varios episodios de la vida político-intelectual española de los años 60 y primeros 70; entre otras cosas, figuran: la Universidad madrileña en los años 60; la formación de la FUDE y los inicios de su lucha contra la tiranía; el masivo ingreso de estudiantes en el PCE; los dramáticos acontecimientos en torno al asesinato de Julián Grimau por el régimen franquista; las desavenencias internas en el partido comunista de España en torno a la política de reconciliación nacional; el seminario de Arrás de 1963; la escisión que llevó a la creación del grupo pro-chino Proletario, y posteriormente a su fusión con otros grupos, surgiendo de ellos, a fines de 1964, el PCEml; la trayectoria de éste entre 1964 y 1972; la nefasta influencia de las tormentas políticas de la China de Mao Tse-tung en una marcha que podría haber sido más racional y venturosa; y finalmente las discrepancias entre el autor de la autobiografía y el resto del comité ejecutivo de dicho partido que, al acumularse, me condujeron a poner término a aquella militancia el 25 de mayo de 1972.

El libro se completa con dos anejos, en uno de los cuales reproduzco la crítica que en 1970 me hacía Jesús Ynfante en su libro La prodigiosa aventura del Opus Dei: Génesis y desarrollo de la Santa Mafia por un artículo que --bajo uno de mis seudónimos habituales, «E. Zújar»-- había publicado en la revista del PCEml Revolución española.

Invito a mis lectores a manifestar aquí sus objeciones y sus críticas a ese ensayo autobiográfico.

Tres Cantos, 5 de septiembre de 2009






sábado, agosto 15, 2009

ESTUDIOS REPUBLICANOS (7-2)

Estudios republicanos (7)
La República Española y sus enemigos (Razones para oponerse a Occidente)

[2ª Parte]


Continúo aquí mi serie de comentarios al libro Estudios republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica, recientemente publicado por la editorial Plaza y Valdés (www.plazayvaldes.es).

Objeciones

1ª Objeción.-- Es paradójico que el ideal de una República fraternal de la humanidad se quiera alcanzar a través de una política de enfrentamiento y odio a una parte de la humanidad, al Occidente o a las potencias septentrionales --ambas denominaciones vienen a designar el mismo agregado de países, aproximadamente--. Si de veras se aboga por un republicanismo planetario, ¿no hay que empezar por dejar atrás esos resentimientos y esas historias de buenos y malos?

Respuesta.-- Sí, es paradójico, es contradictorio, porque la vida es contradictoria y paradójica. El fin es la hermandad humana, una República fraternal de todos en una casa común, el planeta Tierra. El medio es resquebrajar y sacudir la supremacía maléfica de la NATO y sus socios. Claro que entre el medio y el fin se da una contradicción. Y quizá siempre hay contradicción entre medios y fines; al menos muy a menudo. Al acudir al inevitable medio se está, un poco, estorbando la consecución del fin. Por eso hay que tener sumo cuidado, no recurriendo al medio más de lo necesario y contrarrestando sus efectos nocivos.

2ª Objeción.-- La visión aquí presentada es maniquea: la pobre España víctima de los malos del norte. ¡Como si el imperialismo español hubiera sido mejor! ¡Ojalá los españoles hubieran tratado en el siglo XVI a los indios de América como a ellos los trataron los ingleses y franceses en 1808 y en los episodios históricos posteriores que se mencionan en este escrito!

Respuesta.-- Eso en nada desvirtúa mi argumentación. Si un vecino es víctima de una agresión, no vamos a justificar al agresor porque ese mismo vecino, en su lejana juventud, hubiera cometido tropelías peores contra terceros. Entenderíamos que esos terceros le reclamasen a nuestro vecino, mas no que otros --que obraron igual y que han seguido obrando mal-- perpetren esa agresión, que en nada ayuda a quienes sufrieron un daño en el pasado.

Además, no creo que haya en mi planteamiento ningún maniqueísmo, porque no sostengo que haya mal puro de un lado y bien puro del otro. Nada es puro. Todo está mezclado. Los malos no son nunca tan malos como se los pinta ni los buenos tan buenos. Todo eso es cuestión de grado. Pero hay grados. Falsea la realidad no reconocer las diferencias de grado o subestimarlas.

3ª Objeción.-- Si los credos de redención social del siglo XIX incurrieron también en la paradoja, al abogar por una humanidad libre y fraternal a través de la revolución social y de la lucha de clases, al menos preconizaban un hermanamiento universal de los pobres frente a los ricos --olvidando los resentimientos heredados del pasado--, al paso que este escrito quiere mantener algunos de esos resentimientos y funda en esos rencores una agenda política. Y eso constituye un retroceso moral.

Respuesta.-- Dudo que en ese sentido exista una diferencia tan significativa, porque uno de los resentimientos heredados del pasado es el de clase social.

Donde radica la diferencia de enfoque es en que esos credos --y, para no hablar con circunloquios, el marxismo en concreto-- soñaron con hacer en seguida tabla rasa de todo el complejo entradado de los sentimientos colectivos para que emergiera uno solo, el alineamiento de clase, la lucha entre burguesía y proletariado (aunque es verdad que los adeptos de tal concepción no desconocieron las dificultades de tal empresa, que no podía plantearse de golpe).

Esa visión simplista de las cosas ha sido sometida al ácido test de la experiencia de los últimos 32 lustros. Hemos aprendido que las cosas son mucho más complicadas y que no es realista hacer propuestas que no tengan en cuenta esa complejidad.

4ª Objeción.-- ¿No es sumamente peligrosa --esté o no en parte justificada-- una propuesta que da pie al «odio a Occidente» que ha analizado en su libro de ese título Jean Ziegler, pero no para atizarlo ni para sumarse a él, sino para explicarlo y ayudar a superarlo por una política de concodia universal?

Respuesta.-- Al manifestar las razones de mi propio resentimiento contra las potencias septentrionales, no estoy soplando sobre el fuego. Lo que aviva el fuego es que continúen las causas del resentimiento y que no se indemnice a las víctimas.

5ª Objeción.-- Si el autor se hubiera limitado de abogar por un derecho a la reparación de los pueblos que fueron agraviados por el colonialismo, su tesis sería aceptable, igual que si sostuviera que una futura República española debería apoyar esa reivindicación por motivos morales. Lo erróneo es que equipare esos agravios a los que sufrió el pueblo español como consecuencia de intervenciones foráneas: el respaldo que dieron al régimen de Franco fue de naturaleza absolutamente dispar.

Respuesta.-- No fue de naturaleza absolutamente dispar. Hay una analogía; analogía parcial, desde luego. La colonización del tercer mundo fue una suma abigarrada de hechos muy distintos entre sí. Se da entre ellos un denominador común, que no carece de ciertas afinidades con la actuación de esas potencias con relación a España. (Así, p.ej., la invasión napoleónica de 1808 se inspiraba en la fugaz conquista de Egipto por las tropas de Bonaparte nueve años antes.) En uno y otro caso se trata de conductas gravemente lesivas perpetradas por los Estados significativos de lo que hoy es la Alianza Atlántica, en detrimento de las poblaciones. (En nuestro caso el daño, tremendo, persiste aún en parte puesto que no hemos podido recuperar la República; en el caso de los pueblos africanos, los perjuicios son el subdesarrollo, la debilidad de los aparatos estatales y encerramiento de las poblaciones en fronteras impuestas desde lejos.)

6ª Objeción.-- ¿Por qué esa fijación con lo que nos han hecho otros Estados europeos y USA en diversos momentos de la historia reciente? ¿No llevaba razón el ex-presidente del gobierno, J.M. Aznar, al decir (en su discurso en el Hudson Institute de Washington el 22 de septiembre de 2006) que España había sido invadida por los árabes en el año 711 y que él estaba esperando que los musulmanes pidan perdón por haber ocupado España durante ocho siglos?

Respuesta.-- Los hechos históricos que motivan razonablemente una responsabilidad y que determinan las opciones de amistad y enemistad son los de tiempos recientes, de los decenios o pocos siglos que preceden inmediatamente nuestras decisiones colectivas. Similarmente, los hechos que determinan nuestras opciones individuales y que ocasionan que pidamos responsabilidades son conductas no prescritas y, por lo tanto, más o menos recientes.

Además, los árabes y bereberes que irrumpieron en España en 711 estaban atacando a un reino visigodo, que --desde mediados del siglo V-- sojuzgaba a la población hispanorromana. Ese reino godo o visigodo era patrimonio de un casta bárbara, que monopolizaba el poder. Sólo habían transcurrido 18 lustros desde que cayeran en sus manos los últimos reductos del Imperio Romano en España (toda la costa levantina) y poco más desde que su nobleza se convirtió a la religión de la población local. Esa élite germánica (al parecer de origen escandinavo) estaba desgarrada por conflictos dinásticos, siendo los hijos del penúltimo rey, Vitiza, quienes llamaron en su auxilio a los árabes. A la sazón los godos seguían siendo odiados por buena parte de la población (que se había sublevado una vez más cuando Yabal at-Tariq desembarcó en Gibraltar el 29 de abril). En el año que dura el reinado de Roderick (710-11) el espíritu insurreccional se extendía por doquier, así que los recién llegados emcontraron tan amplia colaboración que en poco tiempo aniquilaron los focos de la resistencia visigoda (que sólo suscitó un cierto respaldo popular en un rincón de la cornisa cantábrica).

A partir de ese momento se produce una arabización masiva; no hubo ninguna matanza generalizada y los desembarcados eran unos miles; sin embargo, fue muy pronto árabe la gran mayoría de la población de los Estados de Al Ándalus --emirato, califato y reinos de taifas--; árabe de lengua y cultura, aunque toda ella genéticamente hispana al cabo de unas pocas generaciones. Los hispano-árabes no eran, pues, ocupantes extranjeros. Menos aún puede decirse que lo fueron los habitantes del reino nazarí de Granada en el siglo XV.

Mas, imaginando que hubiera que demandar responsabilidades por aquella incorporación de España al califato de Damasco, ¿a quién? ¿Quién sería hoy el continuador de los omeyas? No cabe decir que son «los árabes» o «los mahometanos» --comunidades dispersas a las que sería absurdo responsabilizar colectivamente por hechos de hace tantos siglos. No ha habido ningún grupo político árabe independiente que haya persistido desde entonces. (Es muy distinto lo que sucede con los males infligidos a España en siglos recientes por esos países septentrionales a los que nuestra oligarquía considera amigos, pues sus instituciones perviven --a veces siguen existiendo incluso las mismas firmas bancarias o mercantiles, las mismas dinastías y, en algunos casos, hasta los mismos partidos políticos.)

Por último, no se trata de exigir declaraciones de compunción o arrepentimiento, que no siven para nada. Se trata de reclamar rectificaciones y reparaciones reales, que sirvan para mejorar la vida.


Conclusión

Sé que mis ideas son muy polémicas y que su enunciación puede suscitar el desagrado de muchos; y de muchos con sensibilidades absolutamente dispares por lo demás.

Como siempre sucede con lo que no sabemos bien cómo clasificar, se tratará de encasillar tales ideas en alguno de los apartados preconcebidos para endosarles un rótulo con el que esté familiarizado el clasificador: nacionalismo, maniqueísmo, antiimperialismo primario, etnicismo, geografismo, pasadismo, historicismo, y así sucesivamente.

Las etiquetas valen lo que valen. Afrontando y desafiando todas esas incomprensiones --a las que me expongo a sabiendas--, mi propuesta la calificaría yo de un modo diferente, como la de un humanismo concreto, radical y auténtico.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2009-08-15
El autor permite a todos reproducir textual e íntegramente este escrito
V. también: http://lp.jurid.net/books/esturepu






viernes, agosto 14, 2009

ESTUDIOS REPUBLICANOS (7-1)

Estudios republicanos (7)
La República Española y sus enemigos (Razones para oponerse a Occidente)

[1ª Parte]


Continúo aquí mi serie de comentarios al libro Estudios republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica, recientemente publicado por la editorial Plaza y Valdés (www.plazayvaldes.es).

Mi libro es una obra académica. Al escribirlo traté de atenerme a los cánones que rigen un trabajo de investigación universitaria: usar un lenguaje sobrio --sin prodigar ni loas ni vituperios--; abstenerse de exhortaciones; basar las afirmaciones en pruebas y en análisis conceptuales; documentar los asertos fácticos con datos o referencias; aducir bibliografía pertinente; seguir el hilo conductor de la exposición con un plan demostrativo, claro y racional.

Sin embargo, el libro aspira a ser algo más que una monografía erudita sobre el republicanismo español (en sus cinco facetas: la filosófico-política, la jurídico-constitucional, la histórica, la axiológico-doctrinal y la de proyección internacional). Quiere también servir de soporte argumental de una propuesta al debate ciudadano a favor de ese mismo republicanismo español.

En este suelto voy a comentar uno de los aspectos de mi alegato, a saber: mi tesis de que, en nuestras concretas condiciones históricas, el republicanismo español tiene que afrontar la hostilidad, no sólo de la oligarquía borbónica española, sino del conglomerado que se denomina «Occidente», habiendo motivos para que quienes lo reivindican se alineen en una postura netamente anti-occidentalista, buscando coincidencias con aquellos que, en el mundo de hoy, cuestionan la supramacía occidental.

Baso mi argumentación en un estudio histórico. Sostengo que la defensa del republicanismo español, encarnado en la II República, constituyó una continuación de una lucha nacional hispana, siendo lógico que tuviera que enfrentarse, como se enfrentó, a los enemigos de España: Alemania, Inglaterra, EE.UU, Italia y, en buena medida, Francia; o sea a lo que nuestras actuales élites borbónicas llaman «los países de nuestro entorno».

Mi libro muestra que la instauración de la dinastía borbónica (en la Guerra de Sucesión, 1701-1714) encarnó la derrota de la España histórica, vencida por su enemiga del norte; esa España histórica que había tenido su máxima plasmación en el Siglo de Oro, bajo la égida de la casa de Austria, que se aureoló con la ideología de una monarquía católica en la que estuvieran vigentes los valores de Paz, Justicia, Caridad, Lealtad y Honor. (Cómo sucedían realmente las cosas es harina de otro costal.) Tal ideología periclita en 1714 vencida por el maquiavelismo de Luis XIV, sucumbiendo así los principios y valores (ya deslucidos y, a esas alturas, caducos) que habían pergeñado los grandes pensadores hispanos de los siglos XVI y XVII, los Vitoria, Mariana, Suárez, Calderón, Quevedo y tantos otros.

La recuperación de esos ideales de la España histórica se realiza en nuestra Guerra de la Independencia (1808-1814), siendo directamente inspiradores de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812. Dudo que sea casual que nuevamente en esa coyuntura tengamos que combatir con el ejército francés --con un ejército francés auxiliado por tropas alemanas, italianas, polacas y holandesas. (En aquella guerra las tropas inglesas y francesas rivalizaron en sus fechorías contra la población española y en su saña destructiva para arrasar nuestra riqueza agrícola y fabril.) Nuevamente tenemos a España, la España histórica, contra Europa.

Y contra Europa tuvo que luchar el liberalismo español en 1823, cuando la Santa Alianza envía a los Cien Mil Hijos de San Luis, mandados por el Duque de Angulema (primo de Fernando VII, según éste último) para destruir a la España constitucional, volviendo a perpetrar destrucciones gratuitas, sólo explicables por el odio al pueblo español o por el afán de sumirnos en el letargo y la pobreza.

Las revoluciones liberales decimonónicas cambiaron radicalmente la faz de España; nos hicieron pasar de la barbarie absolutista a la civilización constitucional y representativa. Fueron posibles porque esta vez las potencias del norte nos dejaron en paz. El Siglo de Oro fue fuente inspiradora del liberalismo español (del duque de Rivas, Martínez de la Rosa, Evaristo San Miguel, Espronceda); la revolución antiborbónica de 1868 retoma tales ideales, siendo ésa la época en que la obra de Mariana y demás pensadores de los siglos XVI y XVII viene reivindicada por nuestros intelectuales republicanos (Salmerón, Castelar, Pi y Margall y más tarde Giner de los Ríos).

Cuando los liberales españoles ganaron las elecciones legislativas en 1898, las potencias monárquicas de la Europa transpirenaica nos impusieron acatar el dictado yanqui, inclinándonos ante la derrota que nos infligió el imperialismo norteamericano, que nos despojó de la mitad del territorio nacional.

Nuestros republicanos de 1931 admiraban a la República Francesa; y llevaban razón. A pesar de sus defectos, era un modelo, imperfecto, en el que se consiguieron no sólo libertades individuales y avances democráticos, sino asimismo logros sociales, gracias al republicanismo solidarista.

Pero allende los Pirineos no querían que los imitáramos en lo bueno. Querían que siguiéramos hundidos en el atraso que encarnaba la dinastía borbónica, ayunos de los progresos que efímeramente nos trajo la Segunda República. Nuestros enemigos de siempre querían una España atrofiada y subyugada. Eso explica la intervención de los unos y la llamada «no intervención» de los otros.

A lo largo de los cuatro decenios de régimen franquista, el Caudillo contó con el respaldo de sus amigos del norte. Si entre 1939 y 1942 se inclinó más por la alianza con Hitler --lo cual le valió ciertas fricciones con los anglosajones--, los aliados occidentales se vieron complacidos por el viraje de septiembre de 1942 (nombramiento del general Francisco Gómez-Jordana como ministro de asuntos exteriores en sustitución de Serrano Súñer). A partir de entonces fue casi una luna de miel; éramos súbditos del «Centinela de Occidente», el paladín del mundo libre. Por eso en 1945 las potencias del norte dieron plantón al pueblo español, mandando balones de oxígeno al acorralado régimen franquista y haciendo oídos sordos a la propuesta rusa de un boicot en regla al único superviviente del Pacto Anti-Komintern. El apadrinamiento occidental del régimen ilegítimo va a ir a más, siendo particularmente estrechos los lazos con EE.UU, que, desde 1953, estacionaron en España importantes tropas --si bien fueron rácanos en cuanto a la ayuda civil que hubiera aliviado el hambre que sufría el pueblo español.

En 1975-80 sí intervinieron, esta vez para tutelar y apuntalar la difícil transición que iba de la tiranía abierta a un sistema político que mantuviera, en lo esencial, sus políticas internas y externas y salvaguardara la hegemonía oligárquica.

¿Por qué todo eso? ¿Maldad? ¿Enemistad histórica? ¿Desprecio a las inferiores razas del sur y al hombre mediterráneo --dizque indolente, obtuso y atávico? ¿Condescendencia frente a una nación que no había participado en la expansión colonialista del siglo XIX --salvo en las postrimerías con un imperiezucho de juguete que, además, tuvieron que regalarle los franceses? ¿Recelo frente a un pueblo español que, cuando abraza los ideales de progreso, es siempre demasiado radical (1820, 1834, 1868, 1931), desafiando así al moderantismo al que presuntamente propenderían los Estados de climas menos cálidos? (A todo lo cual se unirían en 1936 causas específicas, como el odio a una República con legislación social, reforma agraria, influencia obrera y voto femenino --hecho extremadamente infrecuente en el mundo de entonces.)

Cualesquiera que sean las causas, los hechos están ahí. Personalmente me inclino a pensar que confluyeron varias de esas causas. Las dinámicas históricas, las actitudes heredadas, las simpatías y antipatías fruto de un pasado prolongado, poseen --en mi opinión-- una asombrosa tendencia a persistir durante siglos y a generar hábitos del subconsciente colectivo con vocación de perpetuarse (si bien sabemos que en la historia nada es perenne: a la larga todo acabará pasando, antes o después).

Mi libro es una contribución al desenmascaramiento de la trayectoria imperial de esas potencias septentrionales. Para su autor recordar lo que hicieron a la República Española ha sido un motivo más (no, desde luego, el principal) para presentar una acusación de lo que ha significado el imperialismo euro-norteamericano --tema de los últimos capítulos del libro, en los cuales expongo los fundamentos de un desideratum de República Universal.

Así, lo que hago es entroncar la argumentación a favor del republicanismo español con la que se puede ofrecer en defensa de la causa antiimperialista de los pueblos que fueron (y siguen siendo) víctimas del colonialismo y del neocolonialismo euro-atlántico en las regiones del sur del Planeta. En esa argumentación sostengo la defendibilidad axiológica de un reparto global de la riqueza, la defensa de la paz frente a las guerras de agresión imperialistas (cobijadas por la ONU) y la reparación de las injusticias padecidas en siglos recientes por los pueblos de los países económicamente débiles --a través de un mecanismo indemnizatorio.

En concreto argumento en mi libro a favor de reclamar una indemnización en beneficio de los pueblos víctimas de la trata negrera trasatlántica y de la colonización decimonónica, que correría a cargo de las naciones que participaron activamente en tales hechos o que con ellos obtuvieron ventaja.

Paralelamente planteo una reivindicación similar a favor del Estado español y a cargo de nuestra oligarquía financiera y de las potencias extranjeras que favorecieron la victoria franquista en 1939 o que se aprovecharon del poder de Franco para obtener ganancias que nunca les habría otorgado un Estado español genuinamente independiente (p.ej. las bases norteamericanas clavadas en el territorio nacional por los acuerdos de Madrid del 26 de septiembre de 1953).

Ha influido, ¿cómo no?, en mi motivación subjetiva un factor de sentimientos patrióticos; pero, al margen de eso, lo que he presentado al lector contiene una propuesta racional guiada por una máxima metodológica, a saber: que las diferentes quejas y reivindicaciones que quepa, justificadamente, aducir frente a unos grupos privilegiados, aliados entre sí, han de confluir en un espacio común, enlazándose las unas con las otras en una plataforma abarcadora (aunque sean también parcialmente contradictorias, ya que la realidad es contradictoria).

Es el principio metodológico subyacente del «frente unido», que de algún modo --indirectamente-- inspiró la creación en 1936 del Frente Popular, que luchó por la defensa de la República. Más que un frente unido de grupos, clases sociales, organizaciones políticas o tendencias ideológicas, se trata aquí de un frente común (o una confluencia) de problemas, cuestiones, anhelos y motivaciones de acción colectiva.

Lo que anima mi visión es una tesis central de la filosofía de Leibniz --adhiriéndome a la cual me atrevería a calificar mi enfoque filosófico-político como «neo-leibniziano»--, a saber: un principio de armonía universal que afirma un acuerdo profundo entre los aparentemente dispersos órdenes de cosas, regidos por sendas regularidades, a primera vista inconexas, pero que --a tenor de este principio-- se conjugan en un orden general subyacente y abarcador.

De conformidad con ese principio, no es plenamente racional un proyecto humano que, desconociendo ese vínculo entre las diferentes regularidades, omita la tarea de enlazar las diversas finalidades con arreglo a un canon de aunamiento o confluencia de lo dispar. Cada cosa es lo que es, ciertamente; mas, en virtud de ese principio de armonía o confluencia, es también algo más (y diverso), es un ingrediente de un todo.

Desde luego tal unificación ha de realizarse sin desconocer las inevitables colisiones y respetando la peculiaridad de cada ámbito y la especifidad de cada tarea, puesto que cada una obedece a sus propios constreñimientos e interesa a unos grupos determinados de la población humana. No se trata de fundirlo todo en un magma indiferenciado. Confluencia no es confusión.

Al formular --desde esos supuestos filosóficos-- la propuesta de abordar la restauración republicana en España como una parte de la lucha por una República universal de la humanidad --que pasa por una acción mancomunada de los pueblos del sur contra la supremacía de las potencias septentrionales-- abogo también por considerar nuestras aspiraciones nacionales sin incurrir en ombliguismo, concibiéndolas en su contexto mundial.

En esa visión se modifica la percepción de los amigos y los enemigos. Para algunos republicanos --a quienes respeto, pero cuyos puntos de vista no comparto-- habría que instaurar en España una nueva República con los mismos amigos que la actual monarquía borbónica y con una política exterior muy parecida, con sus tres pilares: (1) unión europea; (2) NATO; (3) participación en las campañas militares orquestadas por USA (ahora, p.ej., en Afganistán y en el futuro las que toque agregar a la reciente lista de Yugoslavia, Somalia, Haití e Iraq).

Mi propuesta invierte radicalmente el enfoque de la política exterior, sugiriendo que --en lugar de seguir por la senda de esas uniones septentrionales-- busquemos otras integraciones, y en concreto una unión política de los pueblos de habla hispana, de los que estuvieron representados en las Cortes de Cádiz de 1812, olvidando nuestras guerras fratricidas del siglo XIX (igual que Demóstenes aconsejaba a los griegos unirse contra el rey Filipo de Macedonia sin acordarse de las guerras que los habían enfrentado unos a otros). A la vez, y en ese marco, habría de considerarse la posibilidad de una alianza estratégica con Rusia, China, Brasil y la India para orientarnos a un modelo de desarrollo económico más viable y satisfactorio.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2009-08-14
El autor permite a todos reproducir textual e íntegramente este escrito
V. también: http://lp.jurid.net/books/esturepu




viernes, agosto 07, 2009

ESTUDIOS REPUBLICANOS (6)

Estudios republicanos (6)
Defensa de la República parlamentaria


Continúo aquí mi serie de comentarios al libro Estudios republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica, recientemente publicado por la editorial Plaza y Valdés (www.plazayvaldes.es).
En mi libro defiendo el modelo de la República unitaria de trabajadores, la de 1931, entre otros aspectos, por su sistema parlamentario, que me parece bastante logrado.

El parlamentarismo de la Constitución republicana de 1931, que analizo en el capítulo 2, obedecía a un principio básico de los sistemas parlamentarios, a saber: que el poder ejecutivo no sea superior ni igual al legislativo, sino que éste, encarnado en un órgano colectivo de representación nacional, ejerza un control sobre el ejercicio del poder ejecutivo. Lo conseguía por medio de la responsabilidad ministerial ante la cámara legislativa, la cual, además, veía reforzado su rango al estar excluida cualquier cámara alta (siempre refrenadora de la voluntad democrática).

La responsabilidad ministerial instituida en la Constitución de 1931 estaba, sin embargo, sujeta a condiciones estrictas, lo cual determina que se tratara de un parlamentarismo racionalizado. En efecto (según lo estudio en el §9 del cp. 2), si bien el Presidente de la República nombraba y destituía al primer ministro --o sea al Presidente del consejo de ministros-- según su propio criterio y cuando lo juzgara oportuno --y, de acuerdo con el jefe de gobierno, a los ministros--, no obstante el Parlamento podía someter al Presidente del gobierno y a cualquier ministro al voto de censura que lo obligaba a dimitir. Ahora bien, al establecer ese voto de censura, el art. 91 condicionaba que pudiera prosperar el voto de censura a conseguir una mayoría absoluta y ser propuesto en forma motivada y por escrito por al menos 50 diputados (art. 64; exigíase un plazo de reflexión de cinco días entre la propuesta y la votación).

La Constitución no instituyó una omnipotencia parlamentaria. La configuración del gobierno parlamentario que instituyó anticipaba la que posteriormente se ha establecido en diversas Repúblicas parlamentarias europeas en la segunda posguerra mundial.

Y es que la asamblea no podía nombrar al jefe del gobierno ni directa ni indirectamente. Tampoco podía destituirlo ni destituir a ningún ministro porque sí, sino sólo con el concurso de circunstancias muy restrictivas.

A esas atribuciones del poder legislativo añadíanse sus potestades de control sobre la Presidencia de la República --aunque eran potestades tasadas y rodeadas de cautelas (otra cosa es que en la práctica se rebasó la tasa constitucional con la destitución de D. Niceto Alcalá-Zamora).

Así y todo, tratábase de un genuino parlamentarismo. No lo es, en cambio, el sistema cancilleril de la actual constitución monárquica de 1978, toda vez que en ésta:

  • El nombramiento del Presidente del gobierno lo hace el Trono, si bien se requiere que, proponiendo el Presidente del gobierno su programa al congreso, éste le otorgue su confianza, según el art. 99: en primera instancia por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes y votantes) y, en segunda y última instancia, por mayoría simple (más síes que noes); el Trono, por su parte, ejerce sus prerrogativas (o se abstiene de ejercerlas) sin ningún control y sin que se haya habilitado mecanismo sustitutivo de la voluntad regia. (En eso se diferencia nuestra monarquía borbónica --consolidada en la actual constitución española-- de monarquías parlamentarias como la belga.)

  • Una vez nombrado el Presidente del gobierno, éste propone al rey, en cualquier momento, el nombramiento o la destitución de cualquier ministro, sin sujetarse a ninguna compulsión parlamentaria.

  • Los ministros no están sometidos a responsabilidad parlamentaria; sólo lo está el gobierno colectivamente junto con su Presidente.

  • Esa responsabilidad es limitadísima y, en la práctica, de ejercicio imposible, ya que se requiere que una mayoría absoluta vote la moción de censura que incluya un candidato alternativo a la jefatura del gobierno; exígese, pues, que se apruebe un programa alternativo de gobierno propuesto por alguien que rete al Presidente para desplazarlo de su cargo; es el sistema cancilleril germano del «voto constructivo» que exime al gobierno de turno de tener que buscar un permanente respaldo parlamentario, bastándole que las oposiciones no puedan unificarse en torno a un candidato y un programa alternativo (podía mantenerse un gobierno que gozara de la confianza de sólo unos pocos diputados).

  • La actual estructura partitocrática convierte la potestad de cada diputado en un mandato imperativo, en beneficio, no de sus electores, sino de su partido --hasta el punto que los debates y las votaciones de la asamblea son pura ceremonia y todo se decide, o se podría decidir, en la Junta de Portavoces; la disciplina de voto partidaria asegura unos resultados mecánicamente previsibles. (Nada de todo eso sucedía en el sistema parlamentario de la II República, en la cual los partidos eran asociaciones privadas carentes de reconocimiento oficial y los diputados eran libres, no estando sometidos a la disciplina partidaria como, de hecho, lo están ahora.)

Vemos, pues, que el actual régimen político español no es parlamentario, sino monárquico-cancilleril, ya que ni hace falta para que un ministro entre en funciones que le otorgue su confianza el congreso ni, una vez nombrado, puede afectar lo más mínimo su continuación en el cargo que la cámara baja respalde o no su gestión (podría incluso haber unanimidad contra él sin que pasara nada).

A los enormes poderes del Presidente del gobierno se suma la prerrogativa regia para hacer de nuestro actual sistema un régimen de subordinación del poder legislativo al ejecutivo. Tal subordinación viene reforzada por otras disposiciones: la regulación de la iniciativa legislativa en el art. 87 y la del decreto-ley en el 86; todo ello muy alejado de las garantías democrático-parlamentarias de los arts. 60 y 61 de la Constitución de 1931; el último sólo permitía la legislación gubernamental (a diferencia de los actuales decretos-leyes) previa una autorización expresa y tasada concedida por la asamblea.

Podemos así comprobar que la sabia y prudente Constitución republicana de 1931 consiguió un equilibrio justo de poderes con predominio legislativo, al paso que ahora padecemos un régimen de poder ejecutivo fuerte --aunque, eso sí, enormemente debilitado por la proliferación y el reforzamiento de las autonomías regionales o reinos de taifas.

Cualquier sistema político tiene sus defectos. El parlamentarismo también. Y en general la democracia. A su favor lo mejor que se ha dicho es la frase de Churchill, a saber que es el peor régimen salvo todos los demás. No hay sistema perfecto. Las alternativas al parlamentarismo son más malas (y el sistema cancilleril congrega varias de esas maldades, y mucho más en combinación con la descentralización autonomística o federalización de facto). La legitimidad de la democracia o del parlamentarismo no le viene de una unción sagrada (ni siquiera de la Voz del Pueblo Soberano), sino de que son instrumentos aptos --o menos ineptos que las alternativas diseñadas-- para configurar una pública gobernación que pueda guiarse por pautas de justicia y de bien común y de salvaguardar --con el consentimiento general-- la paz social.

Dejando ya de lado otros aspectos --entre ellos la configuración de la jefatura del Estado--, la comparación de las dos constituciones, la de 1931 y la de 1978, nos revela que el modelo parlamentario de la República era ampliamente preferible al modelo cancilleril y de predominio ejecutivo que tenemos hoy.

De otra opinión es el Prof. Antonio García-Trevijano, quien, en una de sus páginas, escribe un artículo sobre el 14 de abril. Para D. Antonio «[l]a República no fue responsable de la guerra civil. Carecía de un poder ejecutivo independiente del legislativo que, con el absoluto control del poder militar, pudiera evitarla».

El parlamentarismo, el no haber adoptado un sistema Presidencialista, fue, a su juicio, el error constitucional de 1931 que impidió hacer frente a la sublevación militar y a la intervención extranjera en 1936-39.

Con todo respeto discrepo de ese punto de vista. Imaginemos que el sistema político de la II República hubiera sido Presidencialista, como el de los EE.UU ¿En qué hubiera favorecido eso hacer frente a la conspiración que había urdido desde Roma su Exiliada Majestad, D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, con el respaldo del rey de Italia, y cuyo organizador interno fue el general Mola? ¿En qué hubiera ayudado al pueblo español a combatir a los sublevados y a sus apoyos foráneos, Italia, Alemania y, en menor medida, USA e Inglaterra --junto con una actitud equívoca y oscilante de Francia? En nada, absolutamente en nada.

Lo que posibilitó la resistencia a la sublevación y a la agresión foránea fue el sistema parlamentario; si no, la Presidencia de la República se hubiera tal vez opuesto a armar a las milicias, instituyendo un gobierno de conciliación (como dizque quiso serlo el nonnato de Martínez Barrio, que fracasó porque hubiera carecido de la confianza de la mayoría de los diputados).

La República no ganó la guerra; la perdería en 1939. Mas, de no haber sido por el sistema parlamentario, es de temer que la sublevación monárquica habría triunfado fácilmente en toda España sin resistencia popular, al verse ésta carente de armas. Que así habría sido mejor porque se hubiera evitado la guerra es una opinión que respeto aunque no comparto; creo que hay circunstancias --excepcionales, en verdad-- en las que hay que resistir incluso por las armas. El parlamentarismo nos salvó de una precipitada capitulación y posibilitó la realización de nuestra gran gesta nacional de resistencia antifascista.

García-Trevijano añade, en su artículo, que existía una «incapacidad del sistema parlamentario, monárquico o republicano, para impedir el triunfo del fascismo». No ofrece ningún argumento a favor de esa tesis, que, en mi modesta opinión, es palmariamente equivocada, por las razones siguientes:

  • 1ª) El fascismo no triunfó en Italia en 1922 a causa del sistema parlamentario, que no existía. En ese país había una monarquía limitada, un sistema semi-liberal instituido por el Estatuto albertino (carta otorgada por el Rey Carlos Alberto de Cerdeña en 1848 --parecido a nuestro Estatuto Real de 1834--), en el cual la Corona ejercía el poder ejecutivo exclusivamente y compartía el legislativo con las cámaras; si el rey había solido operar según una costumbre parlamentaria, nada lo forzaba legalmente a ajustarse a tal canon. Conque el rey Víctor Manuel III impuso a Mussolini como primer ministro y forzó a los diputados a otorgarle su confianza (que no hubiera alcanzado sin el respaldo regio).

  • 2ª) El nacionalsocialismo triunfó en Alemania porque la constitución de Weimar había instaurado un régimen cuasi-presidencialista, en el cual ejercía un amplísimo poder el Presidente del Reich, Paul von Hindenburg, quien, en enero de 1933, decidió nombrar canciller a Hitler, convocándose una sesión del Reichstag irregular; los poderes del nuevo canciller fueron colocados bajo el amparo de los presidenciales. Sin esa amplia potestad presidencial es dudoso si Hitler habría podido alcanzar el nombramiento de canciller; pero lo probable es que no habría podido consolidar su dictadura, como lo hizo gracias a esa prerrogativa presidencial que von Hindenburg delegó en él de facto.

  • 3ª) En España el fascismo no llegó al poder por vía electoral; achacar al parlamentarismo republicano su llegada sólo puede hacerse atribuyendo la debilidad gubernativa a ese sistema, lo cual hemos visto que no es cierto.

  • 4ª) En Portugal y en los países del Este de Europa donde se instauraron regímenes fascistizantes (los estadicos bálticos, Polonia, más los reinos de Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Hungría) no había parlamentarismo alguno, sino un fuerte poder presidencial (Polonia, Portugal) o regio (en Hungría el del regente, almirante Miklós Horty).

¿Cuáles fueron entonces las causas de la derrota de la República española --y, para empezar, de que prosperase la conjura de alzamiento militar instigada y tramada por Alfonso XIII y sus agentes?

Se me ocurren, al menos, quince causas. Ninguna tiene nada que ver con el sistema parlamentario. (Las causas de la 1 a la 8 se refieren a lo que tendría que haberse hecho antes de producirse la sublevación militar; de la 9 a la 15 a lo que hubiera sido menester una vez desencadenada la guerra.)

  • 1.-- No haber tomado medidas efectivas para atajar el complot; una de ellas habría sido --como las leyes permitían-- el arresto preventivo de los sospechosos de conspirar, los generales a quienes el gobierno (bien intencionado pero ineficaz) de D. Santiago Casares Quiroga puso al frente de regiones militares periféricas, desde las cuales prepararon el levantamiento. (También había que pedir la extradición del destronado monarca.)

  • 2.-- No haber armado preventivamente a las milicias antifascistas; se habría hecho eso volviendo a la tradición de la Milicia Nacional, gracias a la cual el liberalismo español pudo mantenerse en diversas ocasiones a lo largo del siglo XIX.

  • 3.-- No haber seguido una política más conciliante hacia el catolicismo (ese grave error lo señalo y critico pormenorizadamente en el capítulo 2 de mi libro). Fue un dislate redactar los artículos constitucionales que dieron a la jerarquía eclesiástica pretexto para su campaña antirrepublicana. (A mi juicio habría debido mantenerse vigente el concordato de 1851 y conservado, durante algún tiempo, la confesionalidad del Estado --o, al menos, observado el dispositivo híbrido ideado en el anteproyecto constitucional de D. Ángel Ossorio y Gallardo.)

  • 4.-- No haber establecido relaciones diplomáticas con Rusia, la cual, por razones geopolíticas, era nuestra única posible aliada frente a las potencias agresoras y las que, sin llegar a serlo, simpatizaron con los militares sublevados. El 18 de julio de 1936 no había embajada española en Moscú ni rusa en Madrid; eso retrasó el inicio de la ayuda soviética.

  • 5.-- No haber llevado a cabo una reforma agraria profunda más que ya durante la guerra en la zona leal; de haberse realizado antes, el apoyo campesino habría sido mucho mayor y el poder maléfico de la aristocracia latifundista se habría reducido.

  • 6.-- No haber procedido a una nacionalización preventiva de la banca, expropiando todas las instituciones financieras sin indemnización --como lo permitía el art. 44 de la Constitución--, lo cual hubiera dejado a la oligarquía sin fondos nacionales para el alzamiento.

  • 7.-- Haber destituido, anticonstitucionalmente, al Presidente D. Niceto Alcalá-Zamora, el cual sí hubiera podido jugar un papel disuasorio frente a los sublevados monárquicos, dada su autoridad y su prestigio entre un sector conservador de las masas populares.

  • 8.-- No haber disuelto preventivamente los casinos y otros círculos adinerados de la conspitación monárquica.

  • 9.-- Ya puesta en marcha la sublevación militar, no haber podido atajar a tiempo los desmanes de las turbas anárquicas y de los vigilantes rojinegros durante los primeros meses de la guerra --siendo ese terror el mayor baldón para la República y la principal arma de propaganda en manos de sus enemigos.

  • 10.-- No haber realizado (como lo propuso, al parecer, Stalin) elecciones parlamentarias durante la guerra en la zona leal; habrían reforzado el crédito de la causa republicana y democrática frente al fascismo, igual que las elecciones que llevaron a las Cortes de Cádiz en 1812 ayudaron a reforzar la causa nacional contra el invasor napoleónico.

  • 11.-- No diseñar una política agraria que atrajera al campesinado de las zonas donde los sublevados contaban con amplio apoyo rural.

  • 12.-- No haber proclamado la independencia del Marruecos español (otra sugerencia, al parecer, de Stalin o del partido comunista de España); hubiera minado la autoridad de Su Alteza Imperial, el Jalifa, quien auxiliaba a los sublevados.

  • 13.-- No haber dado los pasos ofensivos conducentes a una declaración de guerra a Alemania (como lo propuso el ministro Indalecio Prieto) tras el bombardeo de Almería el 31 de mayo de 1937 (eso habría precipitado la internacionalización el conflicto por una vía más efectiva que aquella que luego formulará --quizá más como esperanza que como tarea-- el Presidente del Consejo, Dr. Juan Negrín; hubiera sido difícil a Francia, Inglaterra y USA proclamarse neutrales e imposible seguir apoyando a los sublevados).

  • 14.-- No haber podido mantener la unidad de las fuerzas republicanas cuando los sublevados avanzaban, habiendo sucumbido muchas de ellas al desánimo y al derrotismo y quedándose pasivas ante el nuevo complot militar (éste a cargo de la oficialidad del ejército que no se había alzado en 1936 --que no fue depurada de los elementos sospechosos, cual lo exigía una situación bélica).

  • 15.-- No haber podido contrarrestar el divisionismo de las fuerzas de vocación secesionista de las regiones septentrionales, cuyas tendencias capitulacionistas minaron la resistencia republicana en momentos decisivos de la guerra (verano de 1937 e invierno de 1939).

Tales son mis opiniones que someto a otras mejor fundadas. Si en algo llevo razón, nuestra gloriosa República no pereció a causa del parlamentarismo, sino por motivos absolutamente dispares.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2009-08-07
El autor permite a todos reproducir textual e íntegramente este escrito
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viernes, junio 12, 2009

ESTUDIOS REPUBLICANOS (5)

Estudios republicanos (5)
Motivos para ser republicano


Prosigo en este artículo los comentarios a mi libro Estudios republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica, recientemente publicado por la editorial Plaza y Valdés (www.plazayvaldes.es).


Espero haber aportado con mi libro argumentos a favor de que la opción republicana es la única conforme con la prudencia y con la justicia.

Y es que, aunque parezca extraño, hoy, en que felizmente empiezan a abundar expresiones de cariz republicano (tras el largo silencio y el tabú impuesto por los coaligados beneficiarios de la Transición), sin embargo, por un lado:

  • Muchos de quienes así se manifiestan se abstienen de ofrecer razones a favor de la República y en contra de la monarquía;

  • Y otros lo que nos vienen a decir es que, cuando se profesan republicanos, en el fondo apenas les importa que haya monarquía o República, ya que (afirman) lo de menos es cambiar la forma de designación de la jefatura del Estado (¡vamos! una bagatela) y lo que en realidad cuenta es el contenido. O sea: usan el membrete «republicano» porque se está poniendo de moda, pero siguen aferrados a la postura que han mantenido en sus largos lustros de adhesión monárquica, con esa monserga de que lo que cuenta el es contenido, como si la forma de gobierno no contara. En definitiva, aunque lo disfracen, su mensaje viene a ser el de que, con monarquía o sin ella, da prácticamente igual y que sólo se trata de proponer cambios de contenido, o sea cambios de política, que no tendrían por qué requerir poner fin a la potestad dinástica.

Frente a esas dos posturas (defender la República porque sí y llamarse «republicano» diciendo que, no obstante, la forma de gobierno apenas importa), mi libro sostiene que la forma de gobierno es importantísima, por dos motivos: (1) el principal es que en sí misma la diferencia entre las dos formas de gobierno tiene un hondo significado para la vida colectiva de los habitantes del país, no sólo porque, donde y cuando hay monarquía (hereditaria), hay soberanos y súbditos (¡y eso ya es un atentado a la igualdad de los seres humanos!), sino además porque un monarca en general --el nuestro en particular-- detenta un gran poder (ejérzalo o no según convenga a los intereses dinásticos); y (2) que la forma tiene una repercusión causal sobre el contenido, no en el sentido mecánico de que la existencia de monarquía implique forzosamente la adopción de la peor política posible, mas sí en el sentido de que los datos estadísticos corroboran que la monarquía propicia una política reaccionaria.

Para fundar esos argumentos mi libro ofrece una serie de consideraciones sobre la diferencia entre República y monarquía (con 12 criterios) y da un análisis de la constitución borbónica de 1978, en el cual demuestro que es mentira eso que nos cuentan de que la Corona es una figura decorativa.

Esos argumentos prueban que hay buenas razones para optar por la República en general, pero más aún que el pueblo español tiene buenas razones para desear el fin de la actual monarquía, a fin de librarse de una potestad dotada de enormes prerrogativas (con su poder moderador y arbitral), practicadas en la discreción en tiempos corrientes, pero que no seguirá así en períodos más convulsivos o de crisis política.

A esos argumentos mi libro añade otros relativos al caso español.

  1. La vigente constitución borbónica justifica el reconocimiento que hace de la titularidad del Trono en la figura del sucesor del Caudillo con el fundamento de su legitimidad histórico-dinástica. Ese fundamento viene demolido en mi libro mediante un recorrido por la historia de España. Conque en el fondo, a pesar de su tenor literal, lo que hacía el constituyente compangón de 1978 (aquel senado de quinto regio y aquel congreso amañado) era inclinarse ante el mandato del difunto Generalísimo, quien lo había dejado todo atado y bien atado; un atadillo que el pacto de la Moncloa decidió mantener.
  2. La promulgación de la actual constitución borbónica suscita un problema de legalidad que me conduce a preguntar si alguna vez ha dejado de tener vigencia la constitución republicana de 1931; el principio de defensa de la legalidad lleva, pues, a recomendar un retorno al ordenamiento republicano.
  3. Mientras exista el poder de la dinastía borbónica en la España de hoy se habrá salido con la suya el principal muñidor de la conjura para derribar y destruir el orden constitucional republicano de 1931, que no fue otro que su exiliada majestad, D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena (ex-Alfonso XIII); no poner fin a tal institución significa entronizar y avalar esa grave conculcación del ordenamiento jurídico y hacer que haya prosperado a la postre el cruel fratricidio de una guerra espeluznante desatada bajo instigación de D. Alfonso para que España volviera a ser un Reino, como así ha sido.
  4. La República Española, la de verdad, la de 1931, es una república unitaria de trabajadores. Naturalmente una futura República podría no ser así. De suyo ser republicano no es necesariamente ser partidario de aquella República. Pero tal distingo es abstracto. También es verdad que ser monárquico no implica ser adepto de esta dinastía --ni, dentro de ella, del actual ocupante del trono. En la práctica las opciones se presentan de manera concreta: monarquía española hoy es la monarquía bajo la que vivimos, la dinastía borbónica, bajo el cetro de quien actualmente ciñe la corona; y República española todavía hoy, República en y para España, es y será --a menos que mucho cambien las cosas-- la República de 1931, la República de trabajadores de toda clase, aquella cuyo ordenamiento constitucional nunca ha sido legalmente abrogado.

Ésas son mis razones para ser republicano. Ése es el contenido medular de mi libro.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2009-06-12
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domingo, mayo 24, 2009

ESTUDIOS REPUBLICANOS (4)

Estudios republicanos (4)
Los Estudios republicanos en la 68 Feria del Libro de Madrid
por Lorenzo Peña


Por un favor de la Fortuna, la reciente publicación de mi libro Estudios republicanos (de la Editorial Plaza y Valdés) coincide con la 68 edición de la Feria del libro de Madrid (2009), conteniendo mi libro una defensa de la Constitución republicana de 1931 y del ideal de una República de Trabajadores --simbolizado por la bandera tricolor--, al paso que la Feria tiene una evocación y una resonancia netamente republicanas.

En efecto: la primera edición de la Feria tuvo lugar el domingo 23 de abril de 1933, siendo inaugurada por el Presidente del Consejo de Ministros, D. Manuel Azaña, en compañía del Ministro de Instrucción Pública, D. Fernando de los Ríos (una de las figuras clave en la preparación doctrinal de la Constitución de la II República del 9 de diciembre de 1931, de cuyas aportaciones se trata con cierto detalle en el capítulo 2º de mi libro).

En la primavera de 1933 el ambiente era, a la vez que de enorme expectativa y euforia republicana en España, también de tensa preocupación por la crisis económica y, sobre todo, por la llegada al poder de Adolfo Hitler exactamente 12 semanas antes. Simultáneamente el Imperio Japonés acababa de iniciar su agresión contra China. La amenaza hitleriana suscitó una fuerte movilización de la intelectualidad española. El 11 de junio (mes y medio después de clausurarse la Feria), Miguel de Unamuno, Luis Recaséns Siches y Luis Jiménez de Asúa firmarán un manifiesto para la formación de un comité de intelectuales conscientes que ayude a las víctimas del terror nazi.

La República no contaba a la sazón entre nosotros más que dos años y nueve días. Se vivía un clima de reformas progresistas, de avances en muy diversos campos: emancipación de la mujer, leyes laborales, reforma agraria, modernización del derecho de familia, escolarización, promoción y difusión de la cultura, disminución del aparato militar, secularización de la vida pública, enorme creatividad intelectual, un nuevo apogeo de las letras españolas, un elevado debate político-jurídico, un renacimiento académico, un inicio de recuperación económica, un recobrado prestigio internacional gracias a la Constitución pacifista e internacionalista promulgada hacía 16 meses --en ese momento la mejor del mundo. (Los principios pacifistas incorporados a la nueva Constitución española tuvieron que ser defendidos en el foro de la Sociedad de Naciones frente a la recién mencionada agresión nipona.)

Lamentablemente no faltaban nubarrones en el horizonte, y no sólo por lo que sucedía en el extremo oriente y en Europa central. El 11 de enero habían tenido lugar los luctuosos acontecimientos de Casas Viejas. Y es que las reformas republicanas no bastaban a solucionar la crisis, estallando el descontento de un amplio sector de masas obreras, que sería explotado por los nostálgicos de la monarquía en el otoño: creación de la Falange el 29 de octubre y avances de la fuerza criptomonárquica CEDA en las elecciones del 19 de noviembre.

Pero en la primavera todo eso parecía aún improbable. El 24 de febrero las Cortes habían ratificado su confianza al Gobierno por 173 votos contra 130. Las reformas y los avances sociales continuaban. Y proseguía, en particular, la política de promoción cultural. Si en 1930 la monarquía borbónica había destinado a la compra de libros una suma de poco más de 40.000 pesetas, la República, en 1933, multiplicará esa partida presupuestaria en 42 veces, alcanzando 1.690.000 pesetas. Entre 1932 y fines de 1933 se crearon tres mil bibliotecas estatales en sendos municipios, según el Plan del Patronato de Misiones Pedagógicas. Se auspició desde el gobierno de la República al Sindicato Exportador del Libro Español. Y, como compendio de esa política, se inauguró la I Feria del Libro a fines de abril.

Era una edición aún modesta, con sólo veinte casetas de otras tantas editoriales madrileñas: Fénix, Sociedad Bíblica, Espasa Calpe, Plus Ultra, Sociedad General de Librería, Manuel Aguilar, Saturnino Calleja, Dédalo, Pueyo, Viuda de Bergua, Revista de Occidente y alguna más. Se clausurará el sábado 29 de abril de 1933. El Ministro Fernando de los Ríos saludó con alegría ese acontecimiento cultural invitando a los madrileños a acudir a la Feria y a empaparse de los valores de las publicaciones.

Para dar realce a la Feria (aunque no tenía carácter gubernamental, al estar convocada por la Cámara Oficial del Libro), se organizó todo un ciclo de actividades en la capital de la República. Hubo conciertos y pronunciaron conferencias Ramón J. Sender y otros escritores.

El lunes 24 tuvo lugar un festival en el Teatro Español al que asisiteron el Presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, el Ministro de Justicia y el Secretario General de la Presidencia de la República, Rafael Sánchez Guerra (más tarde presidente del Madrid C.F. y en 1946 ministro de la República en el exilio bajo la presidencia de José Giral). También asistieron al festival representaciones del Cuerpo Diplomático, Junta Directiva de la Cámara, Comisión Organizadora y numerosos escritores, periodistas, editores y público en general; en él recitáronse poesías, diose lectura a un fragmento de La Gitanilla de Miguel de Cervantes y se representó Un pregón de Sevilla, entremés de los hermanos Álvarez Quintero. Asimismo se proyectó una película sobre la exposición del libro español en Buenos Aires.

Las Ferias de 1934, 35 y 36 experimentaron avances y retrocesos, en medio de las dificultades de la crisis económica internacional y de las vicisitudes políticas. La Compañía de Tranvías de Madrid contribuyó a la publicidad de la Feria, anunciándola en el reverso de los billetes y en los laterales de los vehículos. En 1935 se contó con la presencia de Gabriela Mistral, quien habló sobre la pasión de leer (la III edición estaba dedicada a Lope de Vega, representándose --en un tablado al aire libre, en la Plaza de Colón-- El acero de Madrid de Lope y el Retablo de San Cristóbal de García Lorca).

En la última edición republicana, la del 24 de mayo al 2 de junio de 1936, Margarita Nelken habló sobre el libro en la Unión de Repúblicas Soviéticas.

Todos esos recuerdos vienen bien para situar en su contexto la defensa que se hace en mi libro de la memoria republicana como elemento de la conciencia nacional, en el capítulo 4, del cual cito este párrafo para concluir:

La memoria histórica no es memoria de fusilamientos, torturas, campos de concentración, cárceles, memoria del hambre, de las penalidades, de las víctimas, de los llantos, de las crueldades padecidas.[...] Todos esos hechos forman parte del pasado y hay que ser consciente de ellos, pero de mucho más relieve es el recuerdo de lo bueno: el de una República de trabajadores que se organiza en régimen de libertad y justicia, que renuncia a la guerra y reconoce el derecho de emigración e inmigración; el del voto femenino y la igualdad de derechos de la mujer en todas las esferas de la vida (en el mundo de entonces, tremendamente falocrático); el de la reforma agraria y demás avances progresivos; el de los derechos sociales y laborales; el de los avances educativos; el de una exuberante producción intelectual de nuestros poetas, juristas, científicos, filósofos, oradores y dramaturgos; el de nuestros titanes que --derrochando prodigios de heroísmo, de iniciativa, de inteligencia, de capacidad organizativa-- levantaron de la nada un formidable ejército popular que preservó tres años más, en una parte del territorio nacional, unas instituciones republicanas, aunque ya maltrechas; el de un Estado republicano cuyo presidente --en medio de tan cruenta guerra fratricida-- formula como programa el de las tres «Ps»: paz, piedad y perdón; el de un pueblo que atrajo la solidaridad de millones de trabajadores del mundo y de intelectuales de muy diversas ideologías, de Aragon a Bernanos y Maritain; el que inspiró, con su gesta, tantas obras de arte (poemas, películas, cuadros, canciones); el que resistió ya vencido y transmitió la evocación de sus anhelos, de sus desengaños, de sus amarguras sin desesperanza, de sus ilusiones; el de los guerrilleros que trataron en vano de mantener viva la llamarada de una lucha perdida; el de los militantes indoblegables que quisieron seguir luchando contra los molinos de viento. No la España de las plañideras, del luto, del viernes santo, de las sepulturas, sino la España de la rabia y de la idea, la que saca recursos de donde no parecía haberlos, la que es genial en la desdicha, la que no renuncia a grandes ideales, a grandes valores.

Bibliografía

  • Fernando Cendán Pazos, Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933-1986), Madrid: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1987.
  • José Esteban, El Madrid de la República, Madrid: Silex, 2000 (pp. 84-8).
  • Gonzalo Santonja, La República de los libros: El nuevo libro popular de la Segunda República, Barcelona: Anthropos, 1989.


Lorenzo Peña
Tres Cantos. 2009-05-24
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viernes, mayo 22, 2009

El Proceso de Bolonia

Consideraciones sobre el proceso de Bolonia
por Lorenzo Peña

2009-05-22


Las autoridades académicas están contando los días, seguras de que la lucha estudiantil anti-Bolonia se va a ir desgastando y que el proceso es imparable. Entre el profesorado universitario no es fácil encontrar entusiastas de Bolonia, pero curiosamente la mayoría de los profesores afiliados a IU y otras organizaciones progresistas parecen haber optado por actitudes ambiguas, que, en todo caso, se distancian de las luchas estudiantiles.

Es significativa la decisión oficial de dejar de momento fuera del proceso de Bolonia todas las carreras con mayor importancia práctica (ingeniería, arquitectura, medicina). De tener sentido ese proceso, lo tendría principalmente para esas carreras, por tres razones.

La primera razón es que son estudios donde la expresión en el lenguaje nacional tiene menos importancia, porque se usa un lenguaje matemático o una jerga profesional uniforme, que no varía de un país al otro.

La segunda razón es que en esas carreras el contenido es también muy homogéneo de unos países de la Unión a otros, siendo más fácil y más probable la movilidad docente o profesional.

La tercera razón es que, de haber motivos prácticos y de interés general para propiciar una homologación europea de estudios, debería comenzarse precisamente por esas carreras, ya que hay intereses prácticos y hasta económicos para alcanzar la homologación, que, en cambio, no se dan, o mucho menos, con otro tipo de estudios.

Que, siendo así, esos estudios de medicina, ingeniería y arquitectura se dejen de lado, por el momento, indica que las autoridades se han arrojado al plan Bolonia como una cuestión de principio europeísta y no quieren dar su brazo a torcer, además de que pueden tener otras miras como la de serrar o limar la independencia crítica de las carreras humanísticas y científicas, para hacerlas más conformes con los valores del sector privado y de la tecnocracia imperante.

En esa política no asoma ninguna verdadera motivación de genuino interés práctico, ni siquiera una que venga de las demandas empresariales; las propias empresas son en realidad poco proclives a acoger con agrado los resultados del plan Bolonia, el cual puede así desembocar en un rotundo fracaso desde todos los puntos de vista.

Se han señalado y criticado varios rasgos del proceso de Bolonia, pero no siempre se han deslindado aquellos que le son característicos e intrínsecos de aquellos que le son accesorios y que podrían establecerse independientemente del malhadado proceso, como, p.ej., acudir a préstamos como fórmula preferente frente a la concesión de becas --las cuales, de todos modos, no existían hasta ahora más que en cantidades exiguas, no importando mucho que se vayan a reducir o que se mantengan, según la promesa de Ángel Gabilondo Pujol.

Los rasgos característicos de Bolonia son los cinco siguientes:

  • Acortamiento de las carreras, con la sustitución de la licenciatura por el grado, que va a ser una diplomatura, un título rebajado, de baratillo, para lanzar a la mayoría de los jóvenes universitarios al mercado laboral con un bagaje escaso, intelectualmente depauperado y evidentemente menos fundamentado en el conocimiento de las asignaturas básicas y más orientado a las que tengan inmediata utilidad práctica.

  • Sustitución de la enseñanza con un fuerte contenido teórico, a través de la lección magistral, por una auto-educación orientada en la que se evalúen, más que los conocimientos adquiridos, las redacciones del alumno --pomposamente tildadas de trabajos de investigación cuando se van a producir en estadios de la formación académica en los que el estudiante carece del utillaje conceptual y doctrinal imprescindible para abordar ninguna tarea que empiece siquiera a parecerse a una investigación.

  • Las tareas del profesorado pasan a ser preferentemente las de animar, incitar y estimular la auto-formación de los alumnos; ya no se trata de transmitir conocimientos, o sólo secundariamente.

  • Reestructuración del profesorado: disminuirá la proporción que hoy todavía corresponde en la Universidad española a las disciplinas básicas de mayor significación para el dominio de los fundamentos; aumentará el número de ayudantes --u otras figuras similares-- encargados de labores de animación, orientación y corrección de trabajos; se contraerán los presupuestos para investigación fundamental, correlativos a la carga docente de las materias con ellos relacionadas; se incitará a los departamentos universitarios a buscar financiación privada, vinculando sus programas de investigación a los imperativos de las empresas a las que se asocien; la iniciativa privada también aumentará su presencia en la Universidad en niveles directivos.

  • Se promoverán recorridos profesionales en zigzag, a fin de que el profesor alterne su actividad docente universitaria con períodos al servicio de empresas privadas, alejándose del paradigma del académico profesional de antes para ser, según las fases de su recorrido, un empleado al servicio de entidades públicas o privadas; evidentemente en este modelo se tenderá a la supresión de las plazas de funcionario docente; los itinerarios de los profesores estarán controlados desde instancias tecnocráticas como la ANECA.

De esos cinco rasgos, el más serio y grave es el primero. Esa decisión de acortar y aligerar los estudios conducentes al título universitario general (antes licenciatura, ahora grado) es lo que da un contenido al eslogan de la empleabilidad, que, transmitiendo un mensaje de fábrica de titulillos ajustados a las demandas de mano de obra de los empleadores --variable según las coyunturas--, ha puesto los pelos de punta a los defensores de una Universidad con fuerte vocación intelectual.

A ese mensaje se le ha objetado, con sobrada razón, que la titulación académica prepara para la inserción laboral a largo plazo, al paso que las ofertas de empleo son a corto plazo, mediando entre lo uno y lo otro un lapso más o menos dilatado en el que pueden suceder enormes mutaciones de técnica, organización, mentalidad colectiva y modos de vida social; por lo cual, en definitiva, es más rentable otorgar titulaciones con buena formación de fondo, dejando a los titulados la capacidad de evolucionar y adaptarse, en su vida post-académica, a las variables necesidades del mercado laboral.

Pareciera, pues, que eso de la empleabilidad viniera de una exigencia empresarial de que la Universidad les proporcione una fuerza laboral a su medida. En realidad, ni siquiera eso es verdad. El eslogan de la empleabilidad sólo responde al designio de acortar y abaratar las carreras (dejando de lado los másteres, en los cuales efectivamente la presencia del sector privado va a ser mucho más importante y que van a ser onerosos y mercantilizados). La empleabilidad que se persigue es la que perciben los euro-tecnócratas, para quienes el titulado universitario necesita iniciativa, espíritu emprendedor, unos poquitos conocimientos directamente aplicables en la práctica y mucho ánimo de adaptación al mundo de la empresa. Seguramente piensan en empleados que se amolden a los propósitos del empresario, el cual seleccionará así una mano de obra de poca cualificación académica, decidiendo luego premiar a los buenos con una ulterior capacitación post-universitaria en función de las necesidades de la expansión empresarial.

Pero eso es soñar, porque hoy las relaciones del contrato laboral son efímeras (lo ha provocado la actitud de los empresarios, pero a ella se han adaptado los trabajadores, quienes han decidido no permanecer fieles a las empresas cuando éstas no son fieles a sus empleados). Difícilmente va el empresario a pagar una costosa formación complementaria de unos empleados particularmente brillantes que incrementaría las probabilidades de que, en cuanto tengan ocasión, pasen a trabajar para una empresa competidora.

De manera que la empleabilidad no viene de una reclamación de mano de obra por los empresarios, sino de una visión tecnocrática, para la cual son perjudiciales el mucho saber y el mucho estudiar; hay que saber poco, y eso bien práctico.

¿Dónde queda, en ese plan, la presunta homologación entre los Estados miembros de la unión europea? Sólo en una cosa: ese quíntuple proceso se llevará a cabo en todos los países (salvo aquellos que han escurrido el bulto, marginándose del proceso por el momento; pueden ser varios de los más importantes). Así, un graduado español, que sale de la Universidad portador de ese diploma de saldo, sabe que también un graduado francés egresará con un bagaje similarmente pobre e insustancial.

Pero con eso no se ha dado ni un solo paso para facilitar que el graduado español pueda ir a Francia, Lituania, Eslovaquia o Finlandia a ejercer su profesión; ni siquiera para que, a medio camino en la carrera, se traslade de país y Universidad. No se da ni un solo paso en tal dirección porque no se unifican las carreras. Se unifica el título, el nombre, «grado», o sea un casi-nada (y aun tal unificación denominativa no es segura del todo). Mas el apellido de cada carrera --que sea grado de economía, de derecho público, de geografía, de historia del arte, de filología neogriega, o de lo que sea-- eso no se unifica ni se homologa. (Hasta donde estaba un poco unificado se desunifica; así en España deja de haber unas directrices generales para las titulaciones y planes de estudios.)

Claro que la objeción principal que habría que avanzar contra todo ese barullo es otra: aun suponiendo que el Plan Bolonia implicara unos proyectos de verdadera homologación y unificación de títulos y de contenidos de las carreras (de modo que un graduado de Oviedo tuviera serias y fundadas razones para esperar que su título se convalidará en Heidelberg, Upsala, Milán o Burdeos), persistiría el obstáculo práctico principal para la movilidad, el escollo que constituye más del 95% de la dificultad real, a saber: que la enseñanza y la práctica profesional se hacen en lenguas diversas y mutuamente incomprensibles.

Los euro-tecnócratas sueñan con un mundo académico como el del siglo XVII, en el cual efectivamente un estudiante podía migrar de Alcalá a París, de Groninga a Padua, de Oxford a Copenhague sin tener que adaptarse, porque toda la enseñanza se hacía en todas esas Universidades (y también en las de México, Lima, Quito y otras de Hispanoamérica) en el mismo idioma: el latín. Los contenidos enseñados eran también muy parecidos, sin que --salvo en teología-- se notara mucha diferencia entre católicos y protestantes, incluso cuando ardía la Guerra de los Treinta Años.

Mas desde 1750 las cosas cambiaron. La lengua nacional reemplazó al latín. Los contenidos también se diversificaron. La movilidad cesó o se redujo a minorías insignificantes.

Es verdad que en años recientes, y a fuerza de becas Erasmus, los euro-tecnócratas han conseguido ampliar el número de los estudiantes migratorios o nómadas. Ello, por otro lado, confirma un hecho que podía constatarse antes incluso de implementarse tal política pan-europeísta, a saber: que ya existían mecanismos de traslado para que alguien que pasara de un país al otro con unos estudios o un título académico pudiera ver revalidado lo que había hecho. O sea, no hacía falta el proceso de Bolonia. (En cuanto al nivel de los migrantes académicos Erasmus me abstengo aquí de enjuiciarlo, pero los relatos que he escuchado no son nada halagüeños ni complacientes con un fenómeno caracterizado como de turismo universitario.)

No obstante lo esencial no es eso, sino algo mucho más sencillo y básico: esa migración académica no va a interesar a casi nadie, salvo a un puñado de individuos, por la barrera del idioma. (Y, de interesar, sería sobre todo en las disciplinas técnicas; aun eso de modo limitado.)

En verdad, los euro-tecnócratas hasta tal punto carecen de visión de conjunto y de perspectiva histórica que ni siquiera parecen haberse empezado a plantear el problema fundamental. Si quieren que se camine en la dirección que les apetece, tendrían que comenzar por imponer la enseñanza en europeo. Tal vez al principio su uso sería alternativo al idioma nacional, para pasar luego a ser obligatorio, prohibiéndose la enseñanza o el uso profesional de los 23 idiomas nacionales y de idiomas oficiales en algunas regiones de la Unión.

Evidentemente para imponer el europeo, éste tiene que existir. No importa cuál sea: latín, interlingua, inglés, esperanto, volapük, u otro nuevo o viejo. Primero tiene que haber profesores de europeo que enseñen a enseñar en europeo; luego tiene que crearse una masa suficiente de euro-hablantes para que las aulas puedan ser concurridas y los chicos entiendan y puedan escribir sus redacciones en ese idioma.

Ése tendría que ser el primer paso. Una vez consumado el tránsito al idioma culto común y olvidados los idiomas nacionales en el ámbito académico, se podrían considerar pasos ulteriores.

Pero ese primer paso sólo podrá darse cuando estén reunidas dos condiciones necesarias: (1) que tal idioma exista y esté reconocido como el idioma común de Europa; y (2) que los euro-tecnócratas tengan el conocimiento y la voluntad que se requieren para poner en práctica el proceso de implantación coercitiva de ese idioma común.

Cualesquiera medidas que no pasen por ahí no servirán absolutamente para nada desde el punto de vista de fomentar la migración interna de la unión europea en el personal discente, en el docente o en el profesional --salvo esas minorías o esos sectores de carreras esencialmente técnicas que ya encontraban vías que propiciaran su emigración (generalmente a Inglaterra y muy poco a Letonia, Chequia, Bulgaria o Chipre), sin necesitar para nada el tumultuoso remolino que ahora se han puesto en marcha.

Cuando nadie, absolutamente nadie, ha imaginado, ni menos propuesto, un plan de unificación idiomática, ni siquiera en los ámbitos académicos y profesionales, cuando nadie se ha preocupado de cuál será el europeo y dónde encontrarlo (sabiendo que para que el inglés se convierta en europeo tiene que producirse un cambio de mentalidades hoy poco verosímil), cuando eso es así, los quiméricos planes de unificación académica en la unión europea no conducen a ninguna parte.

No conducen a ninguna parte en lo que respecta a esa unificación, pero sí conducen a que se realicen los designios de la euro-tecnocracia. Esta sirve, quizá, a intereses, pero lo dudo. En verdad no parece ni siquiera que los empresarios sientan gran entusiasmo por esos cambios ni menos que sean ellos quienes los propicien (salvo alguno que piense sacar tajada, y aun eso habría que demostrarlo). A mi juicio lo que empuja a todo ese proceso no son los intereses (ni buenos ni malos) sino los prejuicios; los prejuicios combinados de la tecnocracia y el pedagogismo, del anti-saber, de la anti-academia, del anti-conocimiento, de la anti-traditio, del instrumentalismo ramplón y vulgar de los ejecutivos de despacho ministerial, de los gestionarios que, huérfanos de cultura profunda y sólida, tienen en su bagaje unas recetas manidas de didáctica, economía, politología y otras hierbas.

Al margen de todo lo anterior está el problema --que aquí no he abordado-- de si, suponiendo que de veras se quisiera alcanzar la unificación idiomática y, en pos de ella, la académica, eso sería útil o perjudicial, preferible o no a otras alternativas (como podría ser, para nosotros, una mayor integración hispanoamericana, facilitando la fluidez entre Madrid, Buenos Aires, Valparaíso, Bogotá, Xalapa, Monterrey y La Habana). Y más lejos todavía está otro problema: el de si el plan sería moralmente bueno o malo, decente o indecente, si socavaría o no legítimas aspiraciones de terceros (p.ej. en Abidyán, Kinshasa, Nairobi, Río de Janeiro, Santo Domingo, Caracas).

Hasta ahora todo lo que he leído sobre Bolonia es favorable o desfavorable a los planes en marcha pero siempre monolíticamente coincidente en suponer que sería magnífico que se produjera la unificación académica de la unión europea y en sobreentender que se llevaría a cabo sin que hiciera falta para nada una unificación idiomática. Yo cuestiono ambos supuestos. Sin previa unificación idiomática, es imposible la unificación académica. Y que esa unificación idiomática (de Europa, sólo de Europa, y ni siquiera de toda) sea, de ser posible, deseable, eso también lo cuestiono.

Pero, cuestionable o no, lo primero que hace falta es plantearlo. Planteado, habrá que debatirlo. Unos darán argumentos en un sentido, otros en otro. Mientras ni siquiera se haya planteado, el paneuropeísmo académico es una quimera o una intriga condenada al fracaso.




jueves, mayo 21, 2009

Estudios republicanos 3

Estudios republicanos (3)
El valor de la libertad
por Lorenzo Peña

2009-05-21


Prosigo en este artículo los comentarios a mi libro Estudios republicanos: Contribución a la filosofía política y jurídica, recientemente publicado por la editorial Plaza y Valdés. (Ya está disponible en la Casa del Libro.)

Situándose en la tradición del republicanismo histórico español --el de 1873 y el de 1931--, la filosofía política que propongo en este libro tiene como una de sus características el énfasis en el valor de la libertad.

A primera vista, ese énfasis me emparenta al llamado «neorrepublicanismo», cuyo más notorio adalid es mi colega, el filósofo irlando-australiano, Philip Pettit (el inspirador doctrinal del Licdo. Rodríguez Zapatero). Sin embargo las convergencias terminan ahí, en lo genérico, porque es muy diferente la concepción de libertad que proponemos.

Para los ciudadanistas de Pettit, trátase de una libertad como no-dominación (según lo analizo en las págªs 41-59 de mi libro). Es ése un concepto muy confuso, con el cual se quiere establecer la obligación que tendrían los ciudadanos de ser virtuosos, o sea: de pensar y actuar según unos patrones de civismo, compartiendo los valores colectivamente asumidos por la sociedad, a fin de que ésta, así aglutinada, asegure una libertad individual sólo lícita en tanto en cuanto se encauce dentro de la vigencia de esa virtud ciudadana.

Por el contrario, la libertad que yo preconizo en mis Estudios republicanos es la libertad liberal de siempre, la de la Declaración de los derechos del hombre de 1789: la facultad de hacer todo lo que no esté prohibido por la ley en un ordenamiento jurídico en el cual la ley sólo puede prohibir conductas lesivas para el bien común.

En esa visión que yo abrazo, la libertad republicana implica, pues, una plena e irrestricta libertad de pensar cada uno, para sus adentros, como le dé la gana. Ése es uno de los pocos derechos absolutos e ilimitados. Implica asimismo una amplia libertad, individual y colectiva, de vivir según las propias convicciones y de obrar (o abstenerse de obrar) según la propia voluntad, haciendo lo que a uno le plazca, siempre que no vulnere la ley; una ley, eso sí, obligada a no imponer obligaciones o prohibiciones que no se justifiquen en virtud de imperativos de bien común. Para que cada individuo y cada colectivo disfrute de ese derecho, el legislador está obligado a prohibir las conductas que impliquen coacción o amenazas contra la libertad ajena.

Es bien conocida la tendencia socialmente conservadora de las monarquías, incluidas las que hoy persisten y las que han persistido hasta hace poco (p.ej. la de Nepal derrocada por la revolución popular el 28 de mayo de 2008). Dada esa tendencia, y dadas las polarizaciones político-sociales en el mundo de hoy, las oposiciones republicanas a las 27 monarquías aún existentes en el Planeta vienen preponderantemente de las filas del progresismo social, de anhelos de igualdad, de protesta contra las injusticias, los privilegios de las clases adineradas, con una reivindicación de reparto de la riqueza.

Como, además, algunas de las monarquías persistentes son constitucionales (así la de España desde 1978) y como la monarquía constitucional concede un margen de libertades, parece que la reivindicación de la República no va a venir de quienes reclaman libertad, sino más bien de quienes demandan igualdad social. En España, concretamente, dada la historia del republicanismo y la del monarquismo en el siglo XX, parece claro que el alineamiento de los pro-monarquía o pro-República suele estar más conectado con la postura adoptada acerca de la cuestión social que con la mera adhesión al valor de la libertad, en lo cual podría haber coincidencia entre republicanos y monárquicos liberales.

Sin embargo, mi libro recalca las reclamaciones de libertad, porque las libertades de que gozamos bajo la actual monarquía constitucional sufren muchas e indebidas limitaciones.

Según la concibo yo, la República es el estado emancipado de toda potestad dinástica; mas el estado es lo mismo que la sociedad, la congregación de individuos asentados en un territorio que actúa colectivamente con independencia y que organiza conjuntamente los esfuerzos mancomunados de sus integrantes para el bien común, adjudicando participaciones de ese bien común.

En la medida en que en un estado no se respete un amplio abanico de libertades o no se reconozca el derecho de cada uno a hacer cuanto la ley no le prohíba, en esa medida se estará atentando contra el bien común; porque el bien común exige y envuelve el bien de los individuos (salvo los sacrificios no arbitrarios que quepa imponer y que pueden ser restricciones al bienestar o a la libertad, pero únicamente en tanto en cuanto esté justificada su necesidad para preservar el bien colectivo). Y el bien de un individuo depende, entre otras cosas, de su grado de libertad, como lo prueba lo mal que nos sentimos cuando nuestra voluntad viene contrariada y nos vemos forzados a obrar en contra de nuestras intenciones.

Mi ideal de una República de trabajadores, como la de 1931, conlleva, pues, un ensanchamiento de las libertades actualmente existentes, que en el régimen político de la pos-Transición sufren limitaciones abusivas. En algún caso viene a justificar esas limitaciones la ideología ciudadanista (con sus virtudes cívicas indeclinablemente asumibles por todos). Si las limitaciones son de suyo rechazables, aun en República, lo son, evidentemente, más cuando ni siquiera constituyen un precio a pagar a cambio de no ser súbditos.

En primer lugar la monarquía implica una carencia de libertad en lo tocante a las expresiones de respeto y a los comportamientos simbólicos (según lo analizo en el capítulo 0 de mi libro). Socavaría la existencia misma de la monarquía permitir a los súbditos decir lo que quieran sobre la familia reinante o sus miembros --incluido el que se sienta en el trono-- o usar las mismas apelaciones, los mismos signos de cortesía o descortesía, para hablar al monarca y a un súbdito. No son casuales las draconianas penas del vigente código penal que amenazan con duros castigos a quienes vulneren esa obligación de respeto a la Corona y a la dinastía. Esas limitaciones a la libertad de expresión son expansivas, porque evidentemente también afectan, en alguna medida, a las opiniones históricas, al menos las que se refieren a hechos del pasado reciente, aunque sean previos a la en trada en vigor de la constitución.

Por eso, en el capítulo 0, introductorio, al analizar las notas conceptuales de la república y de la monarquía, señalo que ésta última implica un rango augusto, enaltecido, de una familia a la que son debidas actitudes y muestras de reverencia, incompatibles con la posibilidad de hablar de sus miembros con la misma licencia con que se hablaría de otros individuos.

En segundo lugar --y descendiendo en concreto al actual ordenamiento jurídico español-- sufrimos unas abusivas limitaciones de nuestro derecho natural a la libertad ideológica y a la libertad asociativa; lo examino en el cp. 8. Esas limitaciones no son mera coincidencia, sino que se derivan, en parte, de la inclinación propia del sistema monárquico y, en parte, de la herencia que la transición de 1975-79 recibió del régimen totalitario de Franco; y ese factor también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que se erige en España frente a la aspiración a una República es una monarquía determinada, no todas cuyas características de deducen de la mera esencia monárquica, sino que vienen de la historia, de la tradición de la dinastía reinante y, desde luego, de cómo se produjo su retorno al poder gracias a la tiranía franquista.

Sin entrar en detalles, mencionaré aquí que ese cercenamiento de la libertad ideológica se traduce en la ausencia de una ley orgánica reguladora de tal libertad, en cuyo lugar lo que sufrimos es una ley de libertad religiosa que no ampara el libre ejercicio de modos de vida no-religiosos abrazados por comunidades ideológicas de otro signo; con el agravante de que las autoridades administrativas y judiciales borbónicas aplican esa norma cicateramente, para dejar fuera de su ámbito de protección a las comunidades que no entran en el cotarro de las cuatro confesiones reconocidas: la católica (siempre que se ajuste a la jerarquía vaticana), la luterana (protestantismo), la mosaica o rabínica (el talmudismo) y la mahometana (Islam).

A las demás iglesias, agrupaciones o como se llamen, se les pone difícil acceder al registro de entidades religiosas, denegándoselo en aquellos casos en que se da un consenso entre las cuatro confesiones establecidas para excluir a los disidentes, tildándolos de sectas.

Por otro lado --y según lo examino en ese capítulo--, las limitaciones a la libertad ideológica se vinculan estrechamente a las que, en el actual ordenamiento monárquico, sufre la libertad asociativa. La constitución vigente de 1978 previó el derecho de asociación en términos sumamente restrictivos (art. 22), imponiendo cortapisas para encauzar y vigilar la creación de sociedades o asociaciones que escaparan al control de aquellas entidades a las que sí se quería dar cabida en el círculo de confianza (partidos políticos adheridos al nuevo régimen, sindicatos, las confesiones religiosas establecidas, colegios profesionales y algunas otras pluralidades que no iban a plantear problemas). Lo que quería evitar el constituyente de 1978 es que se abriera una vía de asociación libre de la gente común, quizá al margen de esos cauces asociativos que hab&i acute;an recibido la bendición oficial por su contribución al consenso monárquico y al pacto constitucional.

El resultado es que siguió en vigor hasta el año 2002 la ley de asociaciones franquista de 1964, aunque era incompatible incluso con el reducido margen de derecho asociativo (no libertad) que concedía la constitución de 1978 en su art. 22.

En 2002 el Trono promulgó la ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Mas la mejoría que aporta es muy relativa. Es una ley enormemente restrictiva que deja fuera de su ámbito (y sitúa así en la ilegalidad) a muchas agrupaciones ideológicas cuyos modos de organización no se adecúen a esa ley. Así, tenemos que las colectividades disidentes se ven doblemente rechazadas del ámbito legal: rechazadas del estatuto de comunidades ideológicas del art. 13 constitucional (al no haber una ley reguladora de la libertad ideológica y al quedar cerrado para ellas el registro como entidades religiosas, monopolizado por quienes tienen la venia de las iglesias oficiales) y arrojadas también del estatuto de asociaciones del art. 22 constitucional, en virtud de las abusivas prohibiciones de la Ley Orgánica 1/2002.

Tales restricciones a la libertad ideológica y a la asociativa vienen de la mano las unas con las otras; repercutiendo las unas en las otras, surten un efecto conjunto de desproteger a cualquier agrupación de individuos a quienes unan ciertas convicciones ideológicas al margen de las pautas organizativas oficialmente admitidas, ya que, entre Anás y Caifás, la agrupación se quedará al margen de la ley.

Naturalmente todo eso no es casual, sino que es el resultado: (1) de la monopolización de lo ideológico por las cuatro religiones del conglomerado vigente (aunque con algunos resquicios para otras seleccionadas), la cual evidentemente tiene mucho que ver con la santificación o unción religiosa de la dinastía (no hay monarquía sin una confesión religiosa que le otorgue un valor en cierto modo sagrado; eso sí, de la confesión oficial única hemos pasado a la cuadri-confesionalidad semi-oficial, bajo hegemonía, desde luego, de la confesión tradicional del país) y (2) del pacto constitucional monárquico de 1978 con su recelo frente a las pretensiones asociativas no controladas o no encauzadas.

Por último, la defensa de la libertad que emprendo en este libro me lleva (capítulo 9) a defender el derecho a pensar mal, rechazando la educación para la ciudadanía, una inculcación autoritaria de los valores oficiales, que se imponen a los chavales de modo que quienes rehúsen expresar su adhesión serán sometidos a represalias y podrán ver denegado su paso a la vida adulta. Esa imposición no ha sido una ocurrencia del actual gobierno (aunque sí ha influido en éste el ya mencionado virtuosismo ciudadanista). Al revés, tal inculcación axiológica está siendo promovida por los organismos paneuropeos y se está implantando en todos los estados de la unión europea; la imposición educativa de los valores socialmente adoptados es una política común de los gobiernos de ambas mitades del arco parlamentario.

En realidad toda esa campaña de inculcación ideológica se funda en el erróneo principio de Locke, a saber que sólo se puede ser tolerante para con los tolerantes --siendo intolerantes aquellos que, si vieran prevalecer políticamente sus ideas, serían presuntamente intolerantes. Tal es el eslogan de los liberticidas, que excluyen a otros, de ideas opuestas, los cuales, así, se ven justificados a ambicionar una supremacía que les daría pie para excluir a quienes hoy los excluyen. Libertad sólo la hay mientras gozan de ella, por igual, sus adeptos y quienes no lo son.

La inculcación ciudadanista obedece a un propósito liberticida de las élites político-económicas en el poder en toda la Unión Europea. En el caso concreto de España, son élites comprometidas en el sostén a la monarquía, cumpliendo así esa inculcación una función adicional: la de hostigar ideológicamente a quienes estén fuera del consenso constitucional.

Tales son los lineamientos de mi defensa de la libertad republicana en este libro. Tales son las razones por las cuales, al proponer la República como marco jurídico adecuado para la efectividad de los derechos humanos, no pienso sólo en los de bienestar, ligados a la reivindicación igualitaria, sino también en los de libertad (en los cuales pongo mayor énfasis en este libro).