Lorenzo Peña y Gonzalo

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Tres Cantos, Spain
Tras una turbulenta y amarga juventud consagrada a la clandestina lucha revolucionaria, mi carrera académica me ha conducido a obtener las 2 licenciaturas de Filosofía y Derecho y asimismo los 2 Doctorados respectivos (en Filosofía, Universidad de Lieja, 1979; en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 2015). Soy también diplomado en Estudios Americanos; en cambio, si bien inicié (con éxito) la licenciatura en lingüística, no la culminé. Creador de la lógica gradualista, tras haberme dedicado a la metafísica y la filosofía del lenguaje, vengo consagrando los últimos 4 lustros a desarrollar una nueva lógica nomológica y aplicarla al Derecho: la lógica de las situaciones jurídicas, basada en la metafísica ontofántica que elaboré en los años 70 y 80. He sido profesor de las Universidades de Quito y León, Investigador visitante en Canberra e investigador científico del CSIC, habiendo sufrido la jubilación forzosa por edad en 2014 cuando había alcanzado el nivel máximo: Profesor de Investigación. Soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

miércoles, noviembre 09, 2011

LEGALIZACION DE ETA

Legalización de ETA
por Lorenzo Peña

2011-11-09


La declaración de la organización separatista vasca ETA prometiendo un cese definitivo de la acción violenta debería ser respondida por las organizaciones legales de la vida pública española con una campaña a favor de la legalización de ETA.

Dudo que haya habido persona alguna que haya opuesto argumentos más contundentes que los míos a las pretensiones políticas de ETA. En un número de escritos que no hace al caso citar he objetado --a lo largo, no de años, sino de varios lustros-- los presuntos fundamentos de la posición aberchale, la errónea creencia en una nación vasca diferenciada a la que asistiría un derecho colectivo de autodeterminación.

Ya en mi lejana juventud tuve oportunidad de formular tales objeciones, y decírselo en la cara a los líderes etarras, con quienes me entrevisté en París allá por el año 1967 (según lo cuento en mi autobiografía ¡Abajo la oligarquía!, cuyo título original era Amarga juventud: Un ensayo de egohistoria).

Aun rechazando, argumentadamente, las erróneas tesis de la izquierda aberchale y de su brazo armado, también es verdad que, a lo largo de los lustros pasados, propuse soluciones. Una de ellas fue un plebiscito de secesión con la condición de que los pueblos y aldeas donde triunfara el sí (siempre que hubiera quorum de votación) pasarían, ipso facto, a constituir un Estado políticamente separado de España, aunque fuera un rosario de enclaves, una especie de San Marino en múltiple (o en uno, si sólo un municipio o caserío adoptara esa decisión). El autor de estas páginas lo propuso sin albergar la menor ilusión de que se le hiciera caso. Nadie se lo hizo. Los batasunos y similares siguieron abogando por una brumosa soberanía y decisión del pueblo vasco, rechazada por los adeptos del patriotismo constitucional. Ni los unos ni los otros proponían nada para el supuesto de hecho más verosímil, que era el de que el sí a la separación triunfara localmente aquí o allá y fracasara en el conjunto de las tres Provincias Vascongadas.

También apoyé siempre las negociación del gobierno español con ETA, tanto las del que presidía el Lcdo Aznar cuanto las que llevó a cabo el Lcdo Rodríguez Zapatero. Siendo republicano y antimonárquico, adversario del actual sistema pseudodemocrático y nada parlamentario --donde domina la oligarquía financiera y terrateniente--, no por ello regateé mi patriótico respaldo al gobierno nacional en asuntos de Estado, como lo era llegar a un entendimiento pacífico con quienes, en aras del separatismo, acudían a la violencia letal.

Fracasadas las negociaciones, no cuestioné la legitimidad de la represión contra ETA, a pesar de venir efectuada por organizaciones represivas cuya disolución estaba yo, simultáneamente, proponiendo (sin que tampoco nadie pareciera escuchar).

Ahora todo eso es pasado. Ahora se trata de incorporar a ETA a la vida pacífica, a la convivencia. No pido ni propongo la modificación de la ley de partidos. Sé que en España no hay libertad de asociación. Y, siendo los partidos políticos unas estructuras de carácter semi-público --amparadas y subvencionadas a expensas del contribuyente e inscritas en el ordenamiento actual--, entiendo que estén sujetos a restricciones.

Mas, aunque en España no hay libertad de asociación, sí hay --en virtud del artículo 22 de la vigente constitución borbónica-- un limitado derecho de asociación. He criticado en el capítulo 8º mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS las abusivas restricciones al derecho asociativo que impone la ley orgánica 1/2002 sobre el derecho de asociación. Pero, aun en el marco de esa ley (que el PSOE en el gobierno en el septenio 2004-1011 no se ha preocupado por dulcificar) sería posible que se abriera un cauce para la legalización de ETA.

Los partidarios del sistema actual (que yo deploro) pierden, al no proponerlo, una ocasión de oro para afianzar su régimen político, confiriéndole una mayor legitimidad, al menos aparente. Pocas cosas serían tan beneficiosas para el sistema como que una ETA legalizada pudiera formar una asociación de electores que se presentara, con esas siglas, a unas elecciones, con un resultado electoral, si no exiguo, en todo caso decepcionante para las ambiciones de los inspiradores de todo ese desafortunado movimiento.

Es más, ante una perspectiva así aumentarían las probabilidades de división de la izquierda aberchale, entre los pro-ETA y los anti-ETA, teniendo que conformarse unos y otros con una cosecha de escaños seguramente poco honrosa, que iría desgastando ulteriormente la base de simpatizantes.

Nada mina una causa revolucionaria como la adaptación a la legalidad vigente. Y la causa de ETA era revolucionaria, aunque sea la de un revolucionarismo erróneo, descabellado, nefasto en sus metas y dañino en sus métodos.

Lo que a mí me lleva a enunciar esta propuesta no es mi deseo de que se refuerce el actual sistema político, ya que preferiría que, en lugar de eso, se abriera pronto una vía de cambio de régimen que condujera a la restauración de la República (de la República democrática de trabajadores de toda clase, la de 1931). Por principio, por afirmación de la libertad, creo que todos han de disfrutar del derecho de asociación libre; y que el ejercicio de ese derecho ha de estar sujeto sólo a las limitaciones más evidentes que sean imprescindibles para la paz social.

El que en el pasado una organización haya sido criminal no es ninguna razón válida para que esté hoy fuera de la ley. Nunca he pedido la ilegalización de la Falange ni la de los demás círculos que perpetraron la occisión de amplias masas de obreros, campesinos, intelectuales republicanos y personas simplemente leales al gobierno de su país (una occisión de la que dudo que existan cifras válidas y concluyentes, pero que ha sido, desde luego, no sólo la mayor en la historia de España sino también una de las más espeluznantes del siglo XX).

A efectos de existencia legal de asociaciones, lo pasado pasado.

Por favor, señores políticos de la monarquía borbónica, ¡sean Udes inteligentes, tengan un ápice de buen sentido, sean sensibles en algo al ideal y al valor de la libertad que tanto predican y, ante la renuncia a la violencia de quienes hasta ahora tercamente rechazaban entrar en la senda de la paz, otórguenles un sitio en la vida legal! Todos saldremos ganando.






sábado, noviembre 05, 2011

Balance de un septenio

Balance de un septenio turbulento
por Lorenzo Peña

2011-11-05


Llega la hora de hacer un balance del septenio de primatura del Lcdo vallisoletano D. José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno de Su Majestad, 2004-2011.

Quien esto escribe nada supo de la existencia del Lcdo Rodríguez Zapatero hasta que éste ganó, sorpresivamente, las elecciones internas a la secretaría general de su partido el 22 de julio de 2000. Posteriormente he sabido que, sin habernos conocido nunca, forzosamente hemos tenido que vernos frecuentemente, porque yo fui profesor contratado de la Universidad de León entre octubre de 1983 y febrero de 1987, al paso que, en el mismo período, él fue ayudante de Derecho constitucional en esa misma Universidad (1983-1986). Yo en la Facultad de Filosofía y Letras y él en la de Derecho. Ambas Facultades compartían el mismo edificio, en el campus de Vegazana: Filosofía el ala derecha y Derecho el ala izquierda.

Fue una etapa agitada en mi vida, porque estuve involucrado en el movimiento de PNNs (profesores no numerarios), participando en una semana de huelga de docentes y alumnos con un encierro ante el rectorado; rectorado que estaba en el mismo edificio común, sólo que en el ala izquierda y, por lo tanto, en la zona de Derecho.

En la vida del Lcdo Rodríguez Zapatero ese lapso no fue el de preparación de una tesis doctoral (cual era sin duda su primera intención al solicitar y obtener la ayudantía universitaria), sino el del salto a la política. No hay en ese cambio nada de censurable. La vida es así: hacemos unos planes y luego las circunstancias nos colocan ante nuevas ocasiones, nuevas incitaciones que a menudo tuercen las intenciones previas y nos llevan por otro camino.

Tampoco he conocido al padre del Lcdo Rodríguez Zapatero, el ilustre abogado leonés Juan Rodríguez García-Lozano, aunque indirectamente, por relaciones familiares, es para mí una persona, en cierto sentido, próxima.

Desde mi adolescencia he sido muy hostil al PSOE, por su papel negativo en la guerra de España. Cuando volví a España en septiembre de 1983 (tras un exilio de 18 años) me topé con la actuación del gobierno de D. Felipe González Márquez, viendo, y sufriendo, su política de afirmación borbónica, antipopular, prooccidental, atlantista y galoide.

Si el viejo PSOE de D. Indalecio Prieto, D. Francisco Largo Caballero y D. Julián Besteiro estaba alejado de mis preferencias ideológico-políticas, lo del Sr. González Márquez era ya otra cosa, puesto que en nada sustancial (y en casi nada accidental ni siquiera simbólico, salvo el nombre) parecía diferir de cualquier partido monárquico reaccionario.

Fue su primatura el aciago período de la reconversión (desindustrialización), de las privatizaciones, de las desregulaciones, de la ley de extranjería (hasta entonces la llegada de inmigrantes era prácticamente libre); el período de las reformas laborales destructivas de derechos, de la precarización de los trabajadores, tanto los del sector privado cuanto los del sector público (incluidos los funcionarios); el período de la entrada en el mercado común y en la NATO, del alineamiento en el campo occidental; el período del cierre de líneas férreas y de la preferencia al automóvil (salvo, por prestigio, el AVE Madrid-Sevilla). Un período de maridaje con la oligarquía franquista-borbónica, con los escándalos consiguientes. Y un período, además, de altos tipos de interés fijados por el Banco de España (para atraer capitales foráne os), con el desastre económico que eso causó. El período del GAL. Un período en el que, lejos de darse paso alguno para eliminar la odiada práctica de la tauromaquia, se exaltó oficialmente desde el poder. Y --quizá para mí lo peor de todo-- fueron 14 años de tabú y olvido coercitivo del pasado y de consagración, a título de grandes demócratas de toda la vida, de los integrantes de una élite política, en su mayoría provenientes de las Falanges Juveniles de Franco.

Otro vendrá que bueno me hará. Aunque resultara inverosímil o imprevisible, el octoenio 1996-2004 marcó una agravación de los males. A los anteriores se agregaron: el euro (una de las principales causas de nuestras presentes dolencias económicas); la adhesión a las guerras de Yugoslavia, Afganistán e Irak; la dura política anticubana; una mayor desindustrialización de España --con un patrocinio exclusivo de los sectores turístico e inmobiliario; la agravación de la xenofobia legislativa con un endurecimiento de la ley de extranjería. También hubo en esos ocho años de primatura del PP varias mejoras, que sería injusto desconocer; palidecen al lado de los aspectos sombríos y hasta lúgubres.

Tras la dimisión de D. Joaquín Almunia como Secretario general del partido socialista en junio de 2000, imaginaba yo que nadie peor podía venir a encabezar el PSOE. Al conocer el elenco de candidatos, pensé, eso sí, que cualquiera sería menos malo que D. José Bono, expostulante de la Guardia de Franco. Quien el 22 de julio de aquel año resultó elegido para ese cargo por los congresistas fue un desconocido: José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de una también desconocida y enigmática plataforma Nueva Vía. Al conocer la composición del equipo de la Nueva Vía me quedé alarmadísimo, pues su ideólogo era D. Jorge Sevilla, un economista neoliberal adepto del adelgazamiento del Estado, la desregulación, el fomento de los seguros privados en sustitución de los públicos y la supresión de la progresividad fiscal (proponiendo un impue sto a la renta proporcional, o sea con un solo tipo impositivo y con un umbral de exención).

Como lo recuerda Vicenç Navarro en un reciente artículo, otro de los integrantes del equipo Nueva Vía era otro economista de la misma cuerda, Miguel Sebastián, quien, en El País del 21-09-2003, afirmaba: «en absoluto [confío en el intervencionismo público]. Soy defensor de esta idea de los demócratas estadounidenses de Estado dinamizador frente a un estado del bienestar o asegurador. El poder público debe tener un papel de promotor o corrector».

Con ese transfondo doctrinal, pocas esperanzas podían suscitar los primeros pasos de D. José Luis Rodríguez Zapatero al frente de su partido. Sus inicios como líder de la oposición en las Cortes no presagiaban nada bueno. Parecía una caja de ocurrencias políticamente irrelevantes, como aquella de sostener, cual gran propuesta política, que se celebrara a bombo y platillo el medio milenio del Quijote y su insistencia en el aumento de la productividad como el principal o único problema de la economía española.

Todo eso venía a confirmar lo que se había anunciado con su acceso al liderazgo del partido: que la plataforma Nueva Vía trataba de trasplantar a España las posturas de la nueva socialdemocracia de Tony Blair y Gerhard Schröder; una nueva socialdemocracia que difería de la vieja en que ya no reclamaba ni un sector público de la economía ni derechos laborales ni intervención del Estado, ni menos una evolución hacia la socialización de los medios de producción, sino que asumía con alacridad las exigencias del mercado para centrarse en innovaciones que se llamaban «societales», o sea referidas a cuestiones de familia y costumbres en el ámbito privado, temas culturales y promoción de virtudes ciudadanas.

Lo que cambió la vida del señor Rodríguez Zapatero y su significación para la política española fue la guerra de Irak, contra la cual, tras titubeos iniciales, se pronunció resueltamente en 2003. Fue, a mi juicio, la razón principal de su triunfo electoral relativo en marzo de 2011 (triunfo consistente en alcanzar 164 escaños, mientras que su principal adversario, el PP, sólo obtuvo 146; ningún partido consiguió la mayoría).

Como líder de la mayor minoría parlamentaria, Rodríguez Zapatero fue investido presidente del gobierno por S.M. El rey.

Empezó mejor de cuanto cabía augurar. Lo misterioso no es por qué a la postre el balance de la primatura del Lcdo Rodríguez Zapatero es tan negativo y aun catastrófico; lo misterioso, lo que no está explicado, es en virtud de qué fuerzas telúricas u otras, de qué tropismos, de qué influencias, fue posible que --teniendo a sus espaldas todo ese lastre de neoliberalismo societalmente modernizante-- se deslizaran, no obstante, en su política, a lo largo del primer cuatrienio, muchos aspectos loables. Tal vez fue gracias al papel de Jesús Caldera, pero sin duda tuvo que haber otras causas más profundas que desconozco; quizá factores subconscientes, la fuerza del destino. O simplemente la inercia de seguir en una trayectoria inaugurada con la postura sobre la guerra de agresión contra Irak.

Sea como fuere, una apreciación objetiva hará ver varias mejoras en ese cuatrienio 2004-2008 o en los primeros momentos del cuatrienio siguiente:

  1. Mayor dedicación presupuestaria a la investigación científica junto con una proclamación de que la economía española debía invertir más en el terreno de alta tecnología (aunque en la práctica no se pusieron los medios, confiando en que lo haría el sector privado).
  2. Ley de memoria histórica (por insuficiente que fuera).
  3. Subida del salario mínimo y de las pensiones más bajas, como las de viudedad.
  4. Decreto sobre inmigración que --sin alterar la ley de extranjería-- abrió la mano a la legalización de una masa de inmigrantes (lo cual fue, además de humano, enormemente beneficioso para la economía española, que experimentó en ese lapso su mayor crecimiento, gracias principalmente a ese aflujo de mano de obra, que se tradujo en una disminución del paro autóctono).
  5. Busca de una vía negociada para poner fin al conflicto vasco mediante una política conciliatoria que propiciara derrotar al terrorismo por la fuerza de la razón y de la convicción.
  6. Rechazo de las presiones oligárquicas para intensificar la precariedad laboral.
  7. Ley de dependencia, que reconoció el derecho de las personas afectadas por minusvalía a la ayuda pública para hacer frente a su discapacidad.
  8. Un nuevo paso adelante en la despenalización de la interrupción del embarazo (aunque en términos jurídicamente objetables, confusos y equívocos).
  9. Un reconocimiento (aunque insuficiente) del derecho a seguir trabajando hasta los 70 años (limando así una de las discriminaciones legislativas lesivas de derechos fundamentales).
  10. Poderoso empujón al tendido de líneas ferroviarias de alta velocidad.
  11. Impulso a las plantas desaladoras de agua en las zonas litorales.
  12. Una serie de ayudas sociales puntuales: los 400 euros de desgravación fiscal lineal en el impuesto a la renta; el cheque bebé; la ayuda para que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda en alquiler formando un hogar separado del de sus padres.
  13. Política de buenas relaciones con el vecino Marruecos.
  14. Buenas relaciones con Cuba y Venezuela.
  15. Aumento de la ayuda exterior al desarrollo.
  16. Salida de las tropas españolas de Irak.
  17. Propuesta de una Alianza de Civilizaciones, como un posible eje alternativo de política exterior, en el cual España y Turquía, polos del Mediterráneo, unirían sus capacidades y experiencias en una proyección de cooperación transversal que sumara aportaciones originarias de diversas tradiciones civilizatorias --un proyecto susceptible de ulteriores ampliaciones.

Al lado de esos 17 aspectos positivos --varios de los cuales estaban auspiciados (como ya lo he sugerido) por el ministro de trabajo de ese período, Jesús Caldera--, hubo, desde el comienzo, otros negativos.

Los ministros Jordi Sevilla y Pedro Solbes impusieron cambios reaccionarios; particularmente regresiva fue la modificación del impuesto a la renta. Fue lamentable la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Siguieron adelante las privatizaciones, no notándose, en ese punto, el relevo de un partido por otro.

Estuvo mal la reforma del código civil que precarizó la relación matrimonial, consagrando así la superioridad del cónyuge más poderoso y privando de protección jurídica a la parte débil. En el campo de la relación entre hombre y mujer y en la conciliación de la vida familiar con la laboral las medidas --muy llamativas y aparatosas, algunas lesivas del derecho a la igualdad-- es dudoso que se hayan traducido en mejoras sustantivas para la masa de población a cuya tutela iban encaminadas las reformas.

Tampoco fue acertado dar visto bueno a nuevos estatutos de autonomía aún más descentralizadores, puestos en marcha en Andalucía, Valencia y otras comunidades de consuno con el PP. En relación con eso se dieron nuevos pasos en el desmantelamiento de la administración general del Estado y a favor de la descentralización regional, con el consiguiente deterioro del servicio público y la desigualdad entre los habitantes de unas comunidades y otras.

La proclama de una política económica conducente a salir de la hegemonía del ladrillo no arrojó resultado alguno puesto que se descartó la creación o el fomento de empresas públicas, mientras que el sector privado, bajo control extranjero, no tenía interés en una reindustrialización de España.

En política energética también hubo, desde el primer momento, una mala orientación, con el «NO» a las nucleares, el mantenimiento de la hegemonía de los hidrocarburos, el fomento de los agrocarburantes, una apuesta, seguramente equivocada y excesiva, por las renovables (con un gran despilfarro de recursos escasos y un encarecimiento de la energía). En línea parecida el gobierno rehusó apadrinar la adopción, en la agricultura española, de las innovaciones tecnológicas capaces de crear una nueva agricultura competitiva, como la ingeniería genética. Y también en esa misma línea es de lamentar que se enterrara el plan hidrológico nacional, que inicialmente había sido propuesto por Josep Borrell.

Asimismo fue de lamentar la reforma educativa, que arrinconó aún más a la filosofía para dejarle el puesto a un adoctrinamiento ideológico a favor del sistema político reinante, la educación para la ciudadanía. Fue a peor la ley de Universidades, que eliminó una de las pocas buenas reformas de la legislativa anterior. También fueron negativos el endurecimiento de la legislación represiva sobre propiedad intelectual y el amparo otorgado a las pretensiones de la SGAE y sus socios.

Continuó la participación española en la guerra de agresión en Afganistán, a lo cual se añadieron otras aventuras militares (la última la guerra de Libia). Lo peor fue el europeísmo, siendo el gobierno español el más ardiente partidario de la constitución europea que los pueblos francés y holandés rechazarán. (El plebiscito español del 2 de febrero de 2005 sólo consiguió atraer a las urnas al 41,77 por ciento del censo electoral.) Ese paneuropeísmo acabará llevando a todas las derivas posteriores, que sacrificarán casi todos los avances del primer cuatrienio.

En el debe de los siete años y medio de Rodríguez Zapatero habría que anotar todo lo que no ha hecho: nada sobre la eutanasia, nada a favor de la empresa pública, nada efectivo a favor de la industrialización, poco o nada a favor de los trabajadores (salvo los escasos puntos más arriba consignados).

En el segundo cuatrienio se ha deshecho una buena parte de lo que se había hecho bien en la legislatura de 2004-2008. Obedeciendo los dictados de USA y de la Unión Europea, se ha lanzado la política de durísimos recortes sociales y de precarización laboral a tumba abierta; se han autorizado operaciones financieras en paraísos fiscales, desregulándose aún más el flujo de capitales; se ha endurecido la represión contra los inmigrantes ilícitos. Se ha incrementado la participación en las aventuras militares de la NATO. Se ha autorizado a la marina de guerra de USA para estacionar sus armas nucleares en la base norteamericana de Rota --incurriéndose así en una supeditación ante la supremacía estadounidense que no tenía precedente desde la muerte del general Franco. Por último, se ha reformado sorpresivamente la Constitución para asegurar la subordinaci&oacu te;n total de España a los dictados de la Unión Europea, consumándose el abandono de la soberanía nacional.

Ha desembocado todo ese nuevo itinerario en la cooptación gubernamental del remanente del cuatuordecenio de D. Felipe González, el Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba, compendio de lo que fue aquella política del pelotazo apadrinada por la oligarquía financiera, cuando la palabra «socialismo» hacía sonreír.

Los logros del primer cuatrienio de Rodríguez Zapatero se van disipando, dejándonos la impresión de un espejismo.

¿Qué balance cabe proponer de todo eso? Mucho me temo que los aspectos positivos del primer período van a ser olvidados; peor sería que, como reacción al nefasto cuatrienio 2008-2011, se quisiera restar importancia a aquellas mejoras o se olvidaran esos puntos en la agenda de futuros programas de signo progresista.

Nada es tan útil como ser justos. Hemos de serlo con nuestros amigos y con nuestros enemigos. Ser justos es ser verídicos y veraces. Esa veracidad me lleva --a la hora de decirle «adiós» a un político borbónico (y no republicano como él se ha querido creer) cuyo rendimiento de cuentas merece más censura que parabienes-- no desconocer por qué, en algún momento, hubo motivos para depositar en su política algunas esperanzas, aunque a la postre hayan quedado defraudadas.






miércoles, noviembre 02, 2011

LA HORA DE LA AMNISTIA

La hora de la amnistía
por Lorenzo Peña

2011-11-02


El anuncio de la organización ETA de un «cese definitivo de la actividad armada» debería ser respondido por las instituciones políticas españolas con la promulgación de una ley de amnistía para las actividades delictivas violentas realizadas, ya sea por individuos de esa organización, ya sea por personal de las fuerzas de seguridad en la represión o prevención de la subversión.

La paz vale más que la guerra. La conciliación y convivencia valen más que la punición. Mientras persistan los castigos se mantienen focos de resentimiento que siempre pueden venir aducidos por nuevos profetas de la catástrofe, por nuevos fundamentalistas del irredentismo.

Pocos conceptos tan absurdos y socialmente deletéreos como los acuñados en la segunda posguerra mundial de «crímenes contra la humanidad» y de «crímenes imprescriptibles», comodines que se usan según les viene en gana a los gobiernos y a sus secuaces para una vindicta infinita que se cobija bajo tales nociones, que no hubiera admitido ningún penalista de los buenos tiempos. El concepto de crimen contra la humanidad (y no digamos ya el de genocidio) es tan amplio o estrecho como lo quieran hacer los custodios de la implacabilidad punitiva.

Todo crimen es concreto y tiene unas víctimas humanas determinadas --salvo el de exterminar a la propia especie humana (supuesto en el cual tendrían que bajar del cielo ángeles o dioses para impartir justicia).

Cualquier delito con víctimas concretas está sujeto a un castigo social cuyas cinco finalidades son: (1) restablecer la equidad retributiva, reequilibrando la micro-sociedad que, con su acto punible, ha establecido el culpable entre él y los agraviados; (2) hacer valer la superioridad del orden jurídico frente a las violaciones más graves; (3) un efecto de prevención general, al disuadir a otros de la comisión de ese tipo de hechos; (4) un efecto de prevención especial, al servir de escarmiento al delincuente castigado para que no reincida; y (5) un efecto correccional, mediante la reeducación forzosa del culpable.

Pero esas cinco finalidades se subordinan a una que las preside todas: la utilidad pública, el interés de la sociedad de que reine la paz y se obedezca la ley.

Esa finalidad superior es la que determina que frecuentemente las sociedades hayan decidido la extinción de responsabilidades penales por hechos con intención política --o incluso con otras intenciones--, cuando concurren razones que lo aconsejan, en aras del apaciguamiento y de la concordia.

Notemos que entre las finalidades de la pena no está satisfacer a las víctimas; éstas no tienen ningún derecho sustantivo a que el delincuente sea castigado. Tal derecho existía en los tiempos prejurídicos o del derecho arcaico, los de la venganza y la ley del talión, felizmente superados.

Los agraviados tienen, ciertamente, un derecho sustantivo a que reine, en la micro-sociedad que con ellos ha formado el transgresor, una cierta equidad, a la cual puede tenderse con la compensación al agraviado o con el castigo del culpable. Aun ese derecho está totalmente subordinado a otros bienes jurídicos preeminentes, cual es la utilidad pública, a través de la paz social.

Hoy la organización dizque de defensa de los derechos humanos «amnesty international» se dedica a campañas para que no se amnistíe. Presuntamente así se desalienta la imitación de los crímenes castigados. Tal perspectiva es inhumana, errónea y cruel. Las sociedades no mejoran ni avanzan con esos criterios, sino con los opuestos.

El modo más eficaz de desincentivar la comisión de delitos y crímenes es realzar el prestigio del orden jurídico-social. Y, cuando éste ha estado desacreditado (con razón o sin ella), uno de los medios para recuperar su prestigio es mostrar que la sociedad es indulgente, que el ordenamiento jurídico no es despiadado, que la clemencia está bien presente entre los valores legalmente entronizados.

Era mejor cuando el ministerio de justicia se llamaba «de gracia y justicia». Una sociedad de justicia a palo seco, sin gracia, es una sociedad injusta --paradoja que no podrán nunca entender los fanáticos justicieros de «Amnesty» y demás adictos de la revancha institucional.

Otorgar una amnistía no significa imponer sobre los hechos amnistiados un tabú como el que, en la transición, se impuso sobre las atrocidades del franquismo, acerca de las cuales hubo un pacto de público silencio. Ni siquiera implica borrar tales hechos del registro público.

Es más, si se quiere mantener una rememoración cuyas consecuencias jurídicas sean las de una justicia simbólica, podrían escuchar la recomendación que hizo años atrás el autor de este ensayo: crear una comisión de verdad y reconciliación que esclarezca y declare los hechos de violencia política cometidos en España por unos y por otros desde la fecha que se escoja (1961, 1939, 1936, 1931, 1923, 1909, lo que se quiera). Los perpetradores, vivos o muertos, soportarían una consecuencia jurídica: la de que se proclamara la comisión de tales hechos.

El autor de este ensayo jamás se ha sumado a la campaña de castigo a los crímenes del franquismo ni nada por el estilo. Nadie hallará ni una sola línea que haya escrito yo en ese sentido ni en ningún sentido similar. Una cosa es recordar las fechorías del franquismo (la principal de las cuales fue la destrucción bélica del orden legal bajo hegemonía extranjera) y otra muy distinta infligir, a estas alturas, puniciones individuales.

La única responsabilidad que aún queda por administrar es la responsabilidad colectiva que pesa sobre las instituciones, las personas jurídicas, las tendencias ideológicas, las clases sociales que instigaron, fomentaron y favorecieron la sublevación borbónica de 1936 y la instauración del despotado franquista.

Pero, ¡por favor! Que no haya nadie encarcelado por la comisión de violencia pasada con fines políticos. Ni de los unos ni de los otros. Cada uno puede alegar que los otros iniciaron la escalada. ¡Declárese la verdad mas vacíense las prisiones! Hágase ver a los terroristas que el Estado de derecho es mejor que ellos y que sabe perdonar como ellos no perdonarían.

En años recientes varios países han decidido amnistías por acciones terroristas; en unos casos con más éxito, en otros con menos. En el elenco figuran Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argelia, Nigeria, Angola, Mozambique, Ceilán, Birmania, Malí, Níger, Chad, República Centroafricana, Burundi. ¿Es mucho pedir que España sea uno de ellos, que en nuestra Patria haya un orden jurídico que sepa perdonar?

Pienso que sería la mejor manera de vencer al terrorismo, mostrando que su combate iba enfilado contra un orden jurídico que no lo merecía, porque tiene más humanidad.

Me temo que es mucho pedir a nuestros políticos borbónicos. Ya se sabe: las opiniones de los que no somos políticos no cuentan para nada. Sólo cuenta a quién votemos.






martes, noviembre 01, 2011

El Estado palestino

El Estado palestino en la UNESCO
por Lorenzo Peña

2011-11-01


Desgraciadamente, no todos los palestinos respaldan los esfuerzos de la actual autoridad palestina --encabezada por el Presidente Abú Mazén-- para que su estado ingrese en los organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO y demás uniones interestatales a escala planetaria. Incurriendo en un error, a esos proyectos se opone el Hamash, que gobierna en Gaza habiendo ganado las últimas elecciones.

Abú Mazén (Mahmud Abbas) no es santo de mi devoción, sino todo lo contrario. La dirección del Fatah que se congrega en torno a él, no sólo ha dilapidado la herencia ideológica y el capital de simpatía que merecidamente acumuló Yasir Arafat, sino que es sospechosa de haber causado o propiciado la defunción del gran líder palestino.

Sin embargo, el hecho es que ostenta la presidencia palestina, legítima o ilegítimamente; ese hecho político ha de tenerse en cuenta para otorgarle, sin restricción alguna, un apoyo en cuanto tienda al reconocimiento internacional del estado palestino.

Algunos pensamos que la solución de los dos estados fue, tal vez, fugazmente posible con los acuerdos de Oslo, o lo hubiera sido si el sionismo no los hubiera pisoteado; tras el fracaso de Oslo, somos escépticos sobre tal solución y tendemos a volver a la idea inicial de un solo estado palestino en toda Palestina (aunque se llame «Israel»).

Pensar así no implica menospreciar el reconocimiento internacional del estado palestino, aunque sea --como bajo el yugo sionista lo sería-- un estadico endeble, cuya independencia sería más nominal que real. Eso no puede constituir ninguna objeción válida contra su admisión en la arena internacional, porque la no-admisión no hace ganar absolutamente nada al pueblo palestino, mientras que el reconocimiento internacional sí es un paso adelante en la lucha por los derechos de ese pueblo hermano.

Conseguir avanzar en ese reconocimiento es una etapa necesaria para desatascar la situación actual; sería una humillante derrota para el sionismo, cuyo fin siempre ha sido --y sigue siendo-- acorralar y arrojar, poco a poco, a toda la población palestina de toda Palestina, restaurando el mítico reino hebreo de David y Salomón, a través de una secuencia de campañas de limpieza étnica --presiones, violencias e incentivos--.

Si el sionismo dice, a veces, resignarse a una solución de dos estados a través de negociaciones, es sólo para ganar tiempo, durante el cual continúa esa misma política de presiones conducentes a ir incorporando al estado étnicamente hebreo de Israel toda la tierra del Jordán al Mediterráneo, la Tierra bíblica de Canaán o de Promisión.

Aunque dice también, con Obama, abogar por una solución de dos estados, en la práctica el imperialismo yanqui favorece la continuación del dominio absoluto del sionismo con un solo estado, el de Israel, sujetando el eventual reconocimiento de un estado palestino al visto bueno israelí, pero no viceversa. Estipular esa condición es como prometer que se bajará el precio del pan si el sol sale por el oeste.

Este asunto no es baladí. En mis páginas nunca he entrado a debatir sobre el señor Obama, ni cuando era pre-candidato del partido demócrata, ni cuando era candidato, ni cuando le dieron la presidencia, ni después. Por la sencilla razón de que no vale la pena. Siempre estuve totalmente seguro (y no fui el único) de que la política estadounidense no cambiaría ni un ápice con el señor Obama en la casa blanca.

No abordaré ni discutiré si, en tal o cual puntejo de política interior, se han producido, con su presidencia, cambios para bien, o si con la alternativa posible la política doméstica hubiera sido aún peor.

Dejo eso de lado. En política exterior no hay --ni podía haber-- la más mínima diferencia entre Bush y Obama. Iguales. Las vagas promesas sobre Irak, Afganistán, Guantánamo se las llevó el viento (y siempre habían venido enunciadas en términos ambiguos y condicionales, que presagiaban esa violación). Tampoco ha habido mejoras en relación con América Latina, África o el Mediterráneo. La política imperialista no se ha atenuado ni suavizado en nada.

Conque no me sorprende que el voto en la UNESCO a favor de la admisión del estado palestino haya provocado, inmediatamente, la fulminante reacción de la administración norteamericana, al anunciar que cesará el pago de su cuota de participación en la UNESCO. El imperialismo siempre utiliza esa arma del chantaje.

Eso sí, Obama prueba su desprecio de la legalidad internacional y su voluntad de vulnerar los tratados suscritos por USA. Es verdad que un acta legislativa promulgada por el congreso norteamericano (y que el propio Obama nunca ha intentado abrogar) compele al presidente a cesar toda financiación de una organización internacional en cuyo seno sea admitido el estado palestino. Pero eso sólo afecta al ordenamiento jurídico interno de los estados unidos y en nada quita validez ni eficacia al orden jurídico internacional, al derecho público internacional, cuyas normas (consuetudinarias o convencionales) son vinculantes para todos los estados. Una de esas obligaciones es la de pagar las cuotas de las organizaciones en las que voluntariamente ha ingresado un país. Un estado puede retirarse de una organización internacional --ajustándose a unas reglas; lo que no es lícito es dejar de pagar sus cuotas de participación y seguir siendo miembro de la organización.

Lo más llamativo de la votación en la UNESCO es el elenco de países que han votado en un sentido o en otro. Los del NO son: además de Israel, USA, los reinos de Holanda, Canadá, Australia y Suecia más Alemania y dos satélites suyos (Lituania y Chequia), junto con varios estadicos de escasa entidad y nula independencia real: Panamá y algunos paisujos insulares: Samoa, Salomón, Vanuatú (Nuevas Hébridas) y las islas Palaos.

También es pintoresca la lista de abstenciones, que abarca, entre otros estados, al principado de Andorra, Albania, las Lucayas, Barbados, Tonga, Trinidad, Tuvalú, Cabo Verde, Fidyi, Naurú, Papúa, Jamaica, Kiribatí, Saint-Kitts, Cook, Bosnia, Croacia, Estonia, Letonia, Mónaco, Montenegro, Moldavia, San Marino, Singapur, Macedonia y Haití (con el presidente neo-duvalierista Michel Martelly).

Países auténticos que se han abstenido son, en cambio: los reinos de Tailandia, Inglaterra, Dinamarca, Japón y Nueva Zelanda más una serie de repúblicas europeas: Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Ucrania. Sólo tres países ibéricos se han abstenido: Portugal, México y Colombia.

Entre los 107 que han votado a favor figuran, por el contrario, pocas monarquías: Bélgica, Bután, Brunei, Camboya, Noruega, España y los reinos árabes. Ha votado sí la gran masa de países latinoamericanos, católicos, árabes, asiáticos y africanos (con unas pocas excepciones significativas).

Todo eso viene a confirmar lo que, en diversos escritos, ha sostenido el autor de este artículo: que no es irrelevante la opción entre monarquía y república, sino que se acrecientan las probabilidades de una política antipopular y reaccionaria cuando la forma de gobierno es monárquica.

En todo caso, hay que saludar el gran triunfo del pueblo palestino en la UNESCO, que nos anima a seguir defendiendo sus derechos contra los atropellos del sionismo.